Los seis elementos de la Guardia Nacional que fueron detenidos, juntos con presuntos operadores del CAF, el pasado 26 de septiembre, fueron vinculados a proceso y puestos en prisión preventiva en una prisión de Hermosillo, Sonora.
Los hechos en los que se le relaciona ocurrieron la noche del pasado jueves, cuando una patrulla militar observó a una de la Guardia Nacional que estaba fuera de su perímetro, por lo que los abordó.
Los militares les preguntaron a los agentes qué estaban haciendo en el punto y estos respondieron que estaban apoyando un cateo realizado por la fiscalía, sin aclarar si era la del estado o la federal. Discutían el tema cuando salieron de la bodega dos hombres, los hermanos Abraham y Gustavo, vestidos con pantalón color caqui y camisa negra, asegurando ser elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y presentando dos placas -tipo huevo- para acreditarse.
Al consultar la identidad, la FGR les confirmó que ellos no trabajaban ahí, e incluso, que no había ningún cateo en el área, por lo que procedieron a su detención, por usurpación de funciones y uso de armas exclusivas del Ejército.
En el operativo, también se decomisaron las dos placas falsas y las dos pistolas que portaban; asimismo, durante la inspección a la bodega donde realizarían el presunto cateo, resultaron detenidos otros cuatro hombres, entre ellos destacaron dos: Luis Dagoberto Mendía Ruíz alias “El Wicho”, presuntamente identificado como operador delictivo del Cártel Arellano Félix (CAF), quien, sin embargo, no tiene carpetas de investigación abierta en ninguna fiscalía, ni estaba incluido en el organigrama en poder de la Mesa de seguridad; y otro joven, de apellidos Munguía Gil, “primo o sobrino de Héctor Manuel García, alias el Kado y/o el Ka2ador”, éste, clasificado como líder operador del CAF por el Grupo Coordinación de Baja California.
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Durante la audiencia de vinculación a proceso, celebrada este viernes 4 de octubre, los hermanos Abraham y Gustavo fueron representados por un equipo de tres abogados; Jesús Munguía Gil por otros dos; y Luis Dagoberto, por dos abogados más; mientras que los elementos de la Guardia Nacional y tres imputados más fueron representados por una defensora de oficio.
La audiencia estuvo plagada de regaños por parte del Juez de control hacia los abogados particulares, al grado que pidió desalojar la sala para hablar directamente con ellos, incluso, multó a uno de ellos con 20 días de UMAS, por desacato, y amenazó a otros con hacer lo mismo.
En ella se precisó que en la inspección realizada a la bodega donde se detuvo a “El Wicho” y a “El Kado” se encontró un frasco con mil 145 pastillas de fentanilo, que alguien tiró dentro del área radial; así como un kilo 462 gramos de opio, así como otras tres armas, una calibre .9 milímetros, abastecida con 12 cartuchos útiles; otra arma calibre .380 y un fúsil 7.62 con un cargador y 8 cartuchos.
Tras los debates, que duraron poco más de cinco horas, el Juez determinó la vinculación a proceso de los 13 imputados: los seis de la Guardia Nacional, los dos ministerios públicos falsos, los cuatro que estaban al interior de la bodega, y al día siguiente, se detuvo al arrendatario del lugar.
El Juez señaló que el delito de usurpación de funciones, sólo va en contra de los hermanos Abraham y Gustavo, ya que ellos vestían pantalón caqui y camisa negra, como parte del uniforme de la Policía Federal, incluyendo las placas apócrifas y emblemas; mientras que los 4 que estaban en la bodega, vestían igual, pero sin insignias que los relacionaran con alguna institución de seguridad.
Los delitos que se les imputan es contra la salud, la Ley de Armas y Explosivos Exclusivos del Ejército, usurpación de funciones y asociación delictuosa.
Aunque la fiscalía pidió 3 meses de tiempo de investigación, con el fin de indagar más en la carrera de los agentes de la GN, además de revisar sus uniformes, verificar las camionetas incautadas y las placas de autos que encontraron en su interior, entre otros puntos; las defensas se opusieron y recomendaron un plazo de 15 días, ya que los ministerios públicos ya tenían la investigación avanzada.
Sin embargo, el juez sólo dio dos meses de plazo de investigación y les dio prisión preventiva oficiosa, en un penal de Hermosillo, Sonora, a fin de resguardar su seguridad y la de sus familias, pues la noticia ha trascendido en redes sociales y se han visto amenazados.
