Por el delito de privación ilegal de la libertad, el jueves 24 de octubre, la Fiscalía General del Estado cumplimentó seis órdenes de aprehensión contra seis policías municipales del área de inteligencia, por hechos ocurridos en julio de 2024; sin embargo, fueron presentados y liberados luego de que los agentes contaban con un amparo.
Los seis policías involucrados, según trascendió en la investigación de la FGE, son los de nombre Eduardo Herrera Alatorre, Isidro Ocampo García, Eduardo González Polanco, Raúl Delgado Alfaro, Daniel Lata Aro, José Merino Acosta y Enrique Manuel Álvarez García.
De acuerdo a información extraoficial, los seis fueron detenidos mientras realizaban sus labores normales en el área de inteligencia de la municipal de Tijuana. Por la mañana, la FGE notificó de la orden de aprehensión y solicitó apoyo a la Secretaría de Seguridad para la presentación de los agentes, los cuales colaboraron y, sin incidentes ni oposición, fueron aprehendidos y presentados ante la autoridad.
Sin embargo, los seis elementos contaban con un amparo a su favor, lo cual les benefició para su pronta liberación tras la presentación oficial.
“Lo que nos compete en este momento es solamente notificar a la Sindicatura de que se ha ejecutado una acción penal por parte de la Fiscalía. En este momento lo que vamos a hacer es suspender su vigencia de actividad como elementos policiales. No los podemos dar de baja por una razón: porque están en un proceso ministerial”, explicó el secretario de Seguridad Juan Manuel Sánchez Rosales.
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Y confirmó: “Los seis elementos fueron liberados por parte de la Fiscalía, ya que contaban a con un amparo para la ejecución de la orden de aprehensión. Nosotros nos mantenemos nada más con lo que sería el seguimiento con la Sindicatura”.
El caso en el que se les involucra habría sucedido el 4 de julio, cuando un empresario maderero y su hijo habrían sido privados de la libertad por la unidad de municipales, al salir de su casa en la colonia Mariano Matamoros, hechos que quedaron grabados en cámaras de seguridad en la zona.
Las víctimas declararon que fueron sometidos y torturados por los municipales, quienes les exigían el pago de 400 mil pesos para dejarlo en libertad. Al encontrar resistencia, tomaron las llaves del empresario y entraron a su hogar para hurtar efectivo que tenían guardado en la vivienda. Presuntamente familiares del empresario y su hijo habrían recaudado dinero para completar la solicitud de los oficiales; después de ello, fueron puestos en libertad, bajo amenaza de denunciar lo que acababan de vivir.
Tras los hechos ocurridos este jueves, el titular de la SSPCM confirmó que los agentes fueron “separados de las funciones de vinculación ciudadana. Todo aquel que tenga un procedimiento la instrucción es separarlo de las actividades de vinculación ciudadana y dejarlo concentrado en actividades internas”, dijo.
