Líderes de los cárteles en BC son detenidos por diversos delitos, pero no se les acusa de delincuencia organizada
El 22 de octubre de 2024, la Secretaria de la Defensa Nacional boletinó que el día anterior había detenido en Sinaloa a Edwin Antonio Rubio López alias El Oso y/o El Max, en un enfrentamiento armado de militares contra civiles en el que 19 presuntos criminales resultaron abatidos.
“(…) presunto jefe de una célula delictiva, afín a la facción ‘Mayo Zambada’ del Cártel del Pacífico, que ha participado activamente en la reciente violencia suscitada en el municipio de Culiacán, Sin”, así lo identificaron.
En 2013, en Baja California, Antonio Rubio fue detenido armado, transportando droga y posteriormente liberado. Corporaciones adscritas a la Mesa de Coordinación por la Paz y Seguridad lo identificaron como cabecilla de células criminales de 2018 a 2024, lo ubican como autor intelectual y material de muchas muertes, pero sólo tiene orden de aprehensión por homicidio cometido en 2011; ésta se obtuvo hasta el 18 de julio de 2019, y después de su actividad criminal durante más de 13 años como parte de una organización, es es el único cargo en su contra.
Al igual que sus jefes delictivos, Alfonso y René Arzate o el propio Ismael “El Mayo” Zambada y los integrantes de los otros cárteles, Rubio ha establecido células y mafias, y colaborado con varias pandillas en diferentes zonas, estados y países para distribuir, trasegar y vender la droga que producen.
Como parte de esas organizaciones, están los grupos que, en lo macro y en lo local, se dedican a repartir, vender, cobrar, reclutar operadores, pagar, entrenarlos a veces, además de amenazar y matar para conservar o ampliar los territorios. Cometen el delito de delincuencia organizada, tiene la penalidad mínima de 10 a 20 años de prisión y de 250 a 2 mil 500 días multa, pero usualmente no los acusan por esa parte de sus crímenes.
Para cuadrar la delincuencia organizada, investigadores y Ministerio Público deben acreditar que el presunto criminal ha delinquido durante un periodo más allá de dos o tres delitos; que en el grupo exista una estructura; determinar cuál es la actividad de cada sujeto, la jerarquía piramidal, la línea de mando o la forma en que operan los pactos de cooperación; también, que se coordinan para cometer delitos que corrompen y usan la violencia “para disciplinar” a sus competidores o su gente.
Presentar pruebas de los crímenes cometidos como grupo delictivo, no debería representar un gran problema, dado el extenso historial de las células criminales en el país y en el Estado, la permanente y constante actividad de las mafias que se refleja en la alta incidencia delictiva de los cinco municipios bajacalifornianos, y el seguimiento que han dado las fiscalía del Estado y las policías municipales y estatales, a través de las áreas de Inteligencia, los investigadores y ministerios públicos.
La irresponsabilidad de no cumplir con esa parte del trabajo, es compartida por todo el gobierno en su conjunto, ya que desde hace aproximadamente 20 años, la información y detalles de esa criminalidad organizada la conocen todas las corporaciones, todos los gobiernos del Estado y todos los alcaldes, a través de las reuniones de las Bases de Operaciones Mixtas, los grupos de Coordinación y las Mesas de Seguridad que se reúnen por día, a la semana y al mes, desde tiempos de Vicente Fox en la Presidencia de la República y de manera permanente en la administración de Felipe Calderón (2006-2012), pero lo cierto es que no se toman el tiempo de reunir las pruebas y acusarlos por delincuencia organizada.
Otro ejemplo es el mega operativo que se hizo en Monterrey en agosto de 2022 con David Jiménez López alias Cabo 20, presunto cabecilla de célula que pasó del Cártel Jalisco Nueva Generación al Arellano Félix, presumiblemente implicado en varios homicidios, incluidos los de los periodistas de Tijuana, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado. Lo tienen retenido bajo proceso, únicamente por la muerte de un subalterno.
Peor aún, cuando los acusan -usualmente denuncian Delincuencia Organizada en delitos de secuestro- y resulta que no lo pueden probar, como los tres cargos por DO que le imputaron a Fernando Sánchez Arellano alias El Ingeniero, sobrino y jefe del clan Arellano Félix, detenido en junio de 2014. En los tres se le dictó libertad “por falta de elementos para procesar”. Por el mismo camino va el otrora temido líder escindido del CAF que se alió con Sinaloa, Eduardo García Simental alias El Teo, El Tres Letras o Teodoro, quién desde su detención hace 14 años, en 2010, ha librado varias de esos cargos, aunque sigue preso por otros.
Las fiscalías federal y estatal pueden y deben investigar y reunir elementos para acusar a los mafiosos por delincuencia organizada.
Las policías que hacen las detenciones en flagrancia y entregan a delincuentes conocidos, “con anotaciones extraoficiales de sus otras actividades criminales,” también están moralmente obligadas a apoyar entregando toda la información que han acumulados y no pasar datos o supuestos como mero chisme. Todos los delitos que les conocen, deben ser incluidos en las carpetas para ser investigados. Como representantes sociales, los Consejos Ciudadanos de Seguridad están obligados a presionar para que esto suceda.
La sociedad organizada también debe obligar a trabajar a las autoridades y corporaciones que participan en las Mesas de Seguridad, quienes en lo corto han manifestado que están convertidas en sesiones tediosas e improductivas, dedicadas a leer estadísticas sin un análisis serio de la situación, ni propuestas de solución.
En teoría, de acuerdo a los planes presentados de manera superficial por el Gobierno de México, uno de los objetivos es formalizar la información de las áreas de Inteligencia y transformarlas en acusaciones en carpetas, ya que las administraciones locales están convertidas en repetidoras y bien valdría la pena que hagan lo propio, investigando a las mafias locales por delincuencia organizada, lo que les permitirá incluir la mayoría de los delitos.
