El secretario general de gobierno del XXV Ayuntamiento de Tijuana, Arnulfo Guerrero León informó que los funcionarios encargados de realizar las inspecciones a empresas de la administración de Montserrat Caballero serán investigados por la Sindicatura Municipal a fin de determinar si incurrieron en alguna omisión para clausurar las plantas de Prime Wheel a raíz de la desaparición del trabajador Servando Salazar registrada el 23 de agosto.
“Vamos a turnar este proceso a la Sindicatura Municipal para que se pueda determinar si por parte de la autoridad administrativa municipal hubo omisiones en su proceso de inspección, que pudiesen haber logrado la clausura -de Prime Wheel- en su momento. Nosotros vamos a hacer transparentes y vamos a denunciar cualquier irregularidad que encontremos en el camino”, refirió en la conferencia matutina de este jueves 24 de octubre.
Lo anterior luego de que se le cuestionara sobre si el fallecimiento de Eduardo Ortiz Franco, otro trabajador de dicha empresa, se pudo haber evitado si en su momento la administración encabezada por Caballero hubiera clausurado la planta como exigían los familiares, la cual además carecía de permisos para operar, algo que el Ayuntamiento anterior omitió.
La clausura
En una conferencia conjunta encabezada por el alcalde Ismael Burgueño Ruiz, el secretario general de gobierno municipal, Arnulfo Guerrero y el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alejandro Arregui los funcionarios brindaron detalles de la falta de permisos de la empresa Prime Wheel, la cual fue clausurada el pasado martes 22 de octubre por dependencias de los tres órdenes de gobierno.
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En concreto, son dos las que se encuentran completamente cerradas, mientras que la tercera todavía está en funciones.
La planta 1, donde se ubican los hornos de fundición y donde laboraban 2,289 personas, fue clausurada por “no presentar permisos en materia municipal, así como de permisos que requiere de competencia estatal como el programa interno de protección civil y MÍA, en materia ambiental, además de las observaciones físicas de falta de medidas de seguridad”.
La planta 2, donde trabajaban 1,310 empleados, en la que se hallan el área de prensas y procesos de producción, carecía de “permisos en materia ambiental, programa de protección civil, dictamen en materia de gas y revalidación de la licencia de operación”, además “se observa que las áreas de inspección no cuentan con extintor, se localizó en el área de máquinas aluminio y líquido, lo que parece anticongelante; y en el patio se localizaron residuos de aluminio en el estacionamiento de 10 a 100 cm de diámetro”.
Mientras que la planta 3 “no presentaba permisos para operar en materia municipal, estatal, así como la falta de medidas de seguridad”. Sin embargo, esta no fue clausurada, sino que se le impuso una multa, que aún no ha sido pagada, pues el procedimiento indica que los dueños cuentan con cinco días para presentar la debida documentación, en caso contrario la sanción podría abarcar desde los 127 mil pesos hasta 15 millones.
“En el caso del procedimiento que está abierto en las tres, ellos tienen hasta cinco días para presentar su información, y luego tienen otro proceso que la ley les da para que puedan hacer una ampliación. No podemos llegar e imponer la multa hasta que nosotros no agotemos las instancias administrativas internas y no incurramos en una, primero: irresponsabilidad administrativa o nos derive en una denuncia hacia los funcionarios, y dos: estar con la certeza de que lo que vamos a aplicar es lo que tenemos documentado en cada uno de los procesos”, explicó Guerrero León.
Sobre el porqué solo se aplicó una multa como sanción a la planta 3 en lugar de clausurarla como las otras dos, el secretario del Trabajo justificó diciendo que en ella solamente se realizan labores de almacenamiento y maniobras “que no implican un riesgo para los trabajadores”.
En cuanto al porqué aún hay presencia de empleados en algunas zonas de la empresa dijo que se debe a que personal administrativo está trabajando en el pago de los más de siete mil trabajadores que laboran en ella y a que en otras áreas -donde están los hornos- se requiere de un manejo constante para la seguridad de las instalaciones.
Finalmente en ese tema garantizó que cada dependencia involucrada de los tres órdenes de gobierno como el Ayuntamiento de Tijuana, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Estatal y Federal, así como la Fiscalía General del Estado (FGE) continuarán con sus investigaciones y diligencias hasta esclarecer todo.
La desaparición de Servando y la muerte de Eduardo
Fue el pasado 23 de agosto que se reportó la desaparición de Servando Salazar en la empresa Prime Wheel donde fue visto por última vez aproximadamente a las 13:15 horas por un compañero de trabajo.
El 30 de agosto el ingeniero y supervisor general de la empresa Moisés N y José Alfredo N, fueron detenidos por ser presuntos responsables de la desaparición del trabajador, pues de acuerdo con las cámaras de videovigilancia, y tras la localización de su celular en Plaza Santa Anita, se identificó un vehículo Jeep Chrysler que según se compartió era propiedad de uno de los detenidos, quien presuntamente salió con la intención de arrojar el celular. Posteriormente, el 25 de septiembre se realizó la detención de un tercer implicado, pero no se brindaron detalles.
En el caso de Eduardo Ortiz Franco, éste murió la noche del lunes 21 de octubre al ser prensado por una máquina industrial, labor que, según compañeros, no le tocaba realizar.
Tras la muerte de este último salieron a relucir la falta de permisos de la empresa, la cual no fue debidamente inspeccionada por la administración de Montserrat Caballero, pues de haberlo hecho se podría haber clausurado tal y como familiares de Servando pidieron desde un inicio, evitando así este deceso reciente.
