Tras la privación de la libertad de un comerciante maderero y de su hijo menor de edad el 4 de julio de 2024, en Tijuana, a manos de seis policías municipales, la síndica procuradora, Teresita de Jesús Balderas Beltrán, informó que será hasta el próximo martes 5 de noviembre que se tomará la determinación definitiva sobre el estatus de dos de los elementos presuntamente involucrados.
Lo anterior debido a que de los seis agentes acusados la víctima sólo pudo identificar a dos.
“Tenemos la denuncia en la que están integrados los demás -cuatro-, pero no han sido reconocidos, nada más sabemos el número y señas generales. Si en el transcurso -de la investigación- de alguno de los otros que participaron, hay algún dato que permita reconocerlos, vamos a darle seguimiento”, comentó la síndica.
Según información obtenida por ZETA son Isidro Karin Ocampo García y Raúl Delgado Alfaro los dos agentes a quienes sí reconoció la víctima como sus secuestradores, pues el resto, presuntamente, Eduardo Herrera Alatorre, Eduardo González Polanco, Daniel Lata Aro, José Merino Acosta y Enrique Manuel Álvarez García, portaban pasamontañas.
Esto aunado a que las unidades en que viajaban los agentes no contaban con rotulación y a que la víctima ya no dio seguimiento a la denuncia, han complicado el poder actuar administrativamente en su contra, por lo que de tomar una determinación definitiva sobre ambos elementos, el resto quedaría bajo la medida actualmente aplicada: designados únicamente a labores administrativas.
El secuestro y la fallida detención de Fiscalía
El caso por el que se señala a los seis policías municipales se registró el 4 de julio de 2024, cuando un empresario maderero y su hijo menor de edad fueron privados de su libertad por los agentes, al salir de su casa en la colonia Mariano Matamoros, hecho que quedó grabado en cámaras de seguridad de la zona.
El padre declaró que fueron sometidos y torturados por los municipales, quienes exigían 400 mil pesos para liberarlos. Al encontrar resistencia, tomaron las llaves del empresario y entraron a su hogar para hurtar 100 mil pesos en efectivo, y presuntamente, familiares del empresario recaudaron el resto para completar la cantidad solicitada, que una vez entregada fueron puestos en libertad, bajo amenaza de denunciar lo ocurrido.
Aún con la amenaza el comerciante presentó su denuncia y hasta el 24 de octubre se ejercieron las órdenes de aprehensión, pero debieron liberar a los agentes debido a un amparo emitido por un Juez de Distrito.
El Fiscal Central, Rafael Orozco Vargas, comentó que el mismo amparo de suspensión obligaba a que los elementos se presentaran a comparecer en audiencia llevada a cabo el jueves 31 de octubre, cierre de esta edición, a la cual de no presentarse la suspensión perdería efecto y las órdenes de aprehensión en su contra, vigentes aún, podrían cumplimentarse.
