El supuesto premio de la impunidad a cambio de un voto finalmente inclinó la balanza para que 86 senadores fuesen declarados mayoría calificada y aprobaran, en lo general y en lo particular, la reforma al Poder Judicial, en una históricamente accidentada sesión que duró más de 13 horas entre el martes 10 y miércoles 11 de septiembre.
Entre los 86 votos con nombre y apellidos, uno no se anticipaba: Miguel Ángel Yunes Márquez, nacido en el priismo, protegido por el panismo y ahora dispuesto a hacerle el trabajo sucio a Morena a cambio de impunidad.
Aunque el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se negoció la reforma judicial con los Yunes, la oposición ya sospechaba que el senador los traicionaría, pues en la sesión previa a la votación el panista solicitó licencia argumentando “problemas de salud”. Su padre, el ex gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, Linares lo relevó como senador suplente, mientras Marko Cortés, líder del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara Alta, le pedía a Yunes hijo no se convirtiera en traidor.
Tras el portazo en el Senado y el cambio de sede a la Casa Xicoténcatl, Yunes Márquez se hizo presente y votó en contra del sentido de su bancada consumando la aprobación de la modificación constitucional. Por ello, tanto el padre como el hijo, fueron expulsados de Acción Nacional.
La realidad es que los Yunes, tanto Miguel Ángel padre como Miguel hijo y su hermano Fernando tienen serios líos con la justicia, situación que diversos políticos no descartan sea el motivo por el que cambiaron el voto por impunidad. Yunes Márquez fue acusado de usar documentos falsos para justificar el requisito de residencia mínima y registrarse para las elecciones a la alcaldía de Veracruz en 2021. El asunto estuvo detenido un par de años y se judicializó previo a los comicios de 2024, siendo citado a comparecer físicamente a la audiencia inicial en la causa penal 151/2021, la cual se difirió en diversas ocasiones por razones de salud del imputado.
Finalmente, Yunes junior compareció a la audiencia inicial por medio de videoconferencia el 11 de julio de 2024 y, una vez concluido el debate de las incidencias, el justiciable indicó que se sentía mal y fue trasladado a la Clínica Mayo en Jacksonville, Florida. Al día siguiente, agentes de la policía se presentaron en el domicilio de los abogados particulares del señalado con el fin de ejecutar una orden de aprehensión girada en contra de su cliente, según dicho de los litigantes. Con ese argumento, se presentó una demanda de garantías en favor de Yunes Márquez ante el Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México en contra de la orden de aprehensión dictada por un juez federal veracruzano por los delitos de uso de documento falso, falsedad de autoridad y fraude procesal.
El 17 de julio, el defensor particular del quejoso amplió la demanda de amparo respecto de la solicitud y/o emisión de la notificación de ficha roja, así como solicitud de detención provisional con fines de extradición y su ejecución. La jueza de amparo concedió la suspensión provisional respecto de los actos señalados a Miguel junior para el efecto de que una vez que fuera detenido “quedara a disposición de ese órgano jurisdiccional de amparo en el lugar donde sea recluido, sólo en lo que se refiere a su libertad personal y a disposición del juez responsable para la continuación del procedimiento de extradición”.
El 30 de julio, Yunes Márquez amplió por segunda ocasión la demanda de amparo respecto de la solicitud de colaboración para la emisión y publicación de la notificación de la ficha roja, así como la solicitud de detención con fines de extradición a Estados Unidos y su ejecución. Nuevamente se le concedió la suspensión provisional en el mismo sentido que la anterior. Tal situación causó inconformidad en el preocupado panista y sus abogados interpusieron el recurso de queja, el cual fue radicado en el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyos magistrados declararon infundado el recurso. A la fecha, el juicio de amparo sigue pendiente de resolución.
Por su parte, Fernando Yunes Márquez, hermano de Miguel, diputado local electo por el PAN en 2024 y ex alcalde de Veracruz (2018-2021), fue declarado prófugo de la justicia tras no asistir a una audiencia para que respondiera por la imputación de la presunta comisión de un delito electoral, al haber obligado a empleados del ayuntamiento jarocho a apoyar a su fraterno para sucederlo en la presidencia municipal. Fernando no justificó su ausencia y le fue dictada una orden de captura en la causa penal 638/2024. En agosto de este año promovió un amparo ante un juez federal de Ciudad de México y, al igual que Miguel, amplió la demanda señalando nuevos actos reclamados, como detención con fines de extradición; la solicitud, emisión y publicación de la ficha roja; y la ejecución de dichos actos por diversas dependencias mexicanas y la Interpol.
En cambio, al padre de ambos, Miguel Ángel Yunes Linares, se le investigaba en la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de defraudación fiscal equiparada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), el primero de los delitos a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Sin embargo, el 29 de marzo de 2023, la agente del Ministerio Público Federal, Elvia Ángeles Pérez, decretó no ejercicio de la acción penal en contra del imputado, acto que fue notificado a la autoridad hacendaria hasta el 3 de abril de ese año. Yunes padre habría declarado ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos durante el ejercicio fiscal 2015 por varios millones de pesos.
El asunto es que la SHCP promovió y ganó un amparo el 7 de mayo de 2024 para que un juez de control le reconozca el carácter de ofendida a la dependencia federal y el Ministerio Público le tome en cuenta sus argumentos para analizar válidamente sobre el ejercicio o no ejercicio de la acción penal contra Yunes Linares. La FGR interpuso el recurso de revisión ante el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y el caso está pendiente de resolución. La impugnación fue turnada desde julio reciente a la magistrada María Dolores Núñez Solorio, para que formule el proyecto de resolución.
Los afectados por la reforma, jueces y magistrados, podrían acudir a instancias internacionales en busca de revertir el dictamen.
La reforma al Poder Judicial que establece la elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto popular, la reducción de once a nueve ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la desaparición del Consejo de la Judicatura para sustituirlo con un órgano administrativo y un Tribunal de Disciplina Judicial, así como la creación de la figura de jueces “sin rostro”, aún debe contar con la aprobación de la mayoría absoluta -la mitad más uno- (17) de los congresos de las entidades federativas. El Congreso de Oaxaca se adelantó y fue el primer Estado en avalar lo dictaminado por los legisladores federales del sistema bicameral, más tarde le siguieron otros.
Desde luego que el más feliz por el funcionamiento de la aplanadora de Morena y sus partidos aliados fue Andrés Manuel López Obrador, quien celebró la aprobación a la Reforma Judicial que él mismo propuso y que se consiguió gracias al voto decisivo, a favor, del senador del PAN, Miguel Ángel Yunes Márquez, considerado como traidor por la oposición. Antes, a finales de agosto, los senadores perredistas José Sabino Herrera y Araceli Saucedo, se incorporaron a las filas de la Cuarta Transformación (4T), por lo que sólo faltaba un senador para conseguir la modificación constitucional. También influyó la ausencia del emecista Francisco Daniel Barreda Pavón, quien presuntamente estaba incomunicado tras la detención de su padre en campeche.
Durante todo el día 10 no se tuvo noticia del paradero de Barreda y fue casi a la medianoche de esa fecha que el legislador se hizo presente a través de un video para informar que se trasladó a Campeche en apoyo de su padre, de cuya detención no dio detalles, y que por eso no se encontraba presente en CDMX. Sus compañeros de bancada en Movimiento Ciudadano expresaron que el papá de Daniel Barreda fue detenido ilegalmente por la administración de la gobernadora morenista Layda Sansores para impedir que votara en contra de la Reforma Judicial y calificaron el hecho como una “bajeza” más de la 4T. Después, el senador reapareció para aclarar que no fue privado de la libertad o incomunicado y sólo acudió en auxilio de su progenitor que fue sustraído de su casa en Campeche por la Guardia Nacional, sin explicar detalles.
López Obrador afirmaría: “Es una decisión que tomaron los legisladores, de manera libre. Esto no deja satisfechos a muchos, a otros sí les agrada que se haya aprobado esta reforma, la Reforma Judicial; yo estoy en los últimos a mí me agrada. ¿Aprobarla con este voto? Sí, con cualquier voto, porque creo que es importantísimo el terminar con la corrupción y con la impunidad. Se va a avanzar mucho cuando sea el pueblo, de manera libre, el pueblo de México, el que elija a los jueces, a los magistrados a los ministros”. El mandatario aseguró que no se negoció nada con los Yunes (Miguel Ángel Yunes Linares y su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez), para votar a favor de la reforma al Poder Judicial.
Mientras unos festejan y muchos otros lamentan lo sucedido en el Poder Legislativo, jueces, magistrados y trabajadores en general del Poder Judicial de la Federación continúan con la suspensión de labores y anunciaron que el paro no se levantará, que resistirán y utilizarán las herramientas legales a su alcance para defender la independencia judicial. Juana Fuentes, presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, advirtió el miércoles 11 de septiembre frente al Senado, que no permitirán que el sistema de justicia quede en manos de personas que no están capacitadas para juzgar.
LO QUE SIGUE
Luego de que el Senado de la República aprobó la reforma al Poder Judicial, el dictamen deberá ser ratificado por los congresos de 17 estados. Durante una sesión extraordinaria efectuada la madrugada del día 11 de septiembre, en menos de cinco minutos, sin discusión y con 41 votos a favor, de 42 posibles, entre los que se incluyeron diputados del PRI, PAN y PRD, el Congreso de Oaxaca fue el primero en aprobar la minuta enviada por el Congreso de la Unión. Sergio López Sánchez, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso de Oaxaca y coordinador del grupo legislativo de Morena, celebró la decisión al subrayar que este cambio busca combatir la corrupción y la impunidad en el Poder Judicial.
Así como Oaxaca, por lo menos otros 16 congresos estatales avalaron la minuta y en Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guerrero, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, también hubo aprobaciones exprés. Tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores tendrán que emitir la declaración de que las legislaturas estatales ratificaron la reforma judicial y enseguida se ordenará la publicación de la misma en el Diario Oficial de la Federación. Los partidos de oposición podrían interponer una acción de inconstitucionalidad para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva si existieron vicios en el procedimiento legislativo; sin embargo, expertos apuestan más por una impugnación de carácter internacional.
El magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (STJEJ), Daniel Espinosa Licón, se inclina por que el asunto se resuelva en una instancia internacional: “Lo que procedería, en todo caso, es una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se prevé sea masiva de alrededor de cinco mil jueces, juezas, magistrados y magistradas para resolver sobre el tema, incluso con la posibilidad de que haya medidas cautelares en contra del trámite de la reforma judicial”. De esa forma el asunto llegaría a la Corte Interamericana para que emita una sentencia que siente jurisprudencia internacional.
La organización no gubernamental que se hace llamar Juzgadoras y Juzgadores Federales (JUFED), y ostenta el eslogan “Por la unión y superación como medio para mejorar la impartición de justicia”, expresó a través de redes sociales: “Vamos a recurrir a todas las instancias nacionales e internacionales que protegen la #IndependenciaJudicial. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y las redes globales de jueces y magistrados justo están conociendo en este momento lo que está sucediendo”.
Por lo pronto, la aprobada reforma constitucional prevé que en 2025 se realicen comicios para elegir a la mitad de los mil 600 jueces de Distrito y otra cantidad importante de magistrados de Circuito, además de los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, del nuevo Órgano de Administración y a los ministros de la SCJN; en tanto que en 2027 se completaría la mitad restante en otras elecciones que serán organizadas por el Instituto Nacional Electoral -de no desaparecer ese organismo autónomo-, que junto con otros se encuentra en la mira de los legisladores de Morena. Al respecto, la consejera presidenta del Instituto, Guadalupe Taddei, informó que la primera elección de juzgadores se realizaría el primer domingo de junio de 2025.
El miércoles 11 de septiembre, la SCJN tomó protesta a 23 nuevos jueces de Distrito, quienes formarán parte de los últimos grupos de juzgadores de carrera judicial y que ganaron concursos de oposición, pues el próximo año comenzarán a ser elegidos a través del voto popular. Esta ceremonia, que habitualmente se llevaba a cabo por parte del Consejo de la Judicatura Federal, fue realizada de manera privada y los únicos oradores fueron el ministro Luis María Aguilar y la consejera Lilia Mónica López Benítez, quienes destacaron la importancia de la carrera judicial y la autonomía de este poder.
Por último, AMLO anunció que la publicación de la reforma al Poder Judicial de la Federación en el Diario Oficial de la Federación podría darse el 15 de septiembre, “porque es una reforma importantísima, es reafirmar que en México hay una auténtica democracia, que el pueblo elige a sus representantes, que el pueblo elige a los servidores públicos de los tres poderes, que ésa es la democracia, no las élites, todos; cada ciudadano, de acuerdo a la Constitución, tiene derecho a votar y a ser votado, y ésa es la democracia representativa”.
