En la sesión de este jueves, 5 de septiembre de 2024, en el pleno del Congreso de Baja California la diputada de Movimiento Ciudadano Daylín García Ruvalcaba hizo público su pronunciamiento contra la reforma al Poder Judicial, que está por discutirse en el Senado de la república.
En defensa de la reforma constitucional impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador habló el diputado de Morena Juan Manuel Molina García; sin embargo, ninguno planteó las implicaciones que tendría la reforma constitucional en Baja California.
Tras la lectura de ambos pronunciamientos, ningún otro diputado hizo comentarios referentes a los mismos, ni a la reforma judicial.
En el salón Benito Juárez, del recinto Legislativo en Mexicali, García Ruvalcaba acusó que Morena y partidos afines tienen una mayoría “artificial” en la Cámara de Diputados que no está sustentada en el 54.1% de los sufragios obtenidos por Morena, PT y PVEM, por lo que tal mayoría es “un fraude a la democracia y es un fraude a nuestra Constitución”.
“Esa mayoría artificial y aplastante quiere imponer su régimen retrógrada con la reforma constitucional al Poder Judicial, que atenta al principio constitucional de la división de poderes y a la garantía convencional de independendencia de nuestros juzgadores”.
La emecista afirmó que la reforma judicial afectará el acceso a la justicia y seguridad jurídica de las personas involucradas en los procesos judiciales, pues no garantiza mayor legitimidad y justicia. No garantiza mayor calidad en las decisiones judiciales. No garantiza que las personas electas cuenten con los conocimientos y competencia para desempeñar Altos y elevados costos.
En su oportunidad, Molina García defendió la mayoría del oficialismo en la Cámara de Diputados y aseguró: “Es más, yo diría que nos quedamos cortos en representación, porque la verdad es que fue una elección histórica”.
A decir del otrora panista, la reforma judicial es una oportunidad “histórica” para fortalecer nuestra democracia y garantizar un sistema de justicia verdaderamente al servicio de los mexicanos.
La iniciativa se sustenta en la elección de jueces y magistrados, lo que significa democratizar al Poder Judicial. Reducir el número de ministras y ministros y acotar sus mandatos. Crear órganos de supervisión que verdaderamente funcionen, no como el Consejo de la Judicatura Federal.
Además, de aplicar la austeridad con la que se eliminarán las pensiones vitalicias y se homologarán los salarios de los ministros, para que tengan como tope máximo el sueldo del presidente.
En su posicionamiento, acusó que hay un embate para tratar de detener de forma inédita la discusión de la reforma judicial “por una supuesta vía judicial”, pese a que la ley reglamentaria del 105 y 107 Constitucional determina que las leyes pueden ser impugnadas una vez que hayan sido publicadas.
