Estoy escribiendo un libro sobre negocios y he decidido establecer un capítulo final sobre la ética, el soborno y la corrupción. Me encuentro en una dura disyuntiva, debido en cierta manera al país en el que vivimos.
Hay un dicho que dice “El que no tranza no avanza”. Por ejemplo, hay dos personajes que simultáneamente deciden abrir un restaurante cada uno. Ambos piden permisos y el inspector les pide una mordida. Uno de los dos paga de inmediato y el otro decide no pagar y seguir los procedimientos normales para conseguir el permiso. Ha pasado un año y quien dio la propina es exitoso y le va bien, pues vende a gusto el licor para el que consiguió el permiso. El segundo aún tiene cerrado su negocio y ha pagado de rentas y gastos diez veces más de lo que le hubiera costado colaborar en la corrupción del inspector.
Por otro lado, las empresas americanas que están en la bolsa tienen prohibido participar en actos ilegales de corrupción, y la burocracia mexicana así lo entiende, evitando presionarlos por el lado del tortuguismo, pues saben que nunca van a recibir ese ingrato premio.
Se nos facilita acudir a la burocracia con cualquier trámite, dando premios con tal de agilizar los procedimientos, pero no es ético y fomenta la corrupción.
Uno de los generadores de corrupción es la burocracia cuando crea diferentes procedimientos y obstáculos para fomentar permisos y trámites, lo que obliga, inevitablemente, al consumidor a pagarles. Por ejemplo, en Ensenada pocos tienen permisos definitivos para tener vinaterías, y a muchos (la mayoría) les son renovados los permisos temporales una y otra vez, obligándolos a pagar tributos injustos. Se ha llegado a un compromiso negativo y perverso, pero que permite a las vinaterías que pagan sobrevivir sin pena de que su negocio sea violentado por clausuras injustas.
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Esto se reproduce en muchas áreas de negocios donde los inspectores buscan “chichis a las pulgas”, con exagerados e inútiles ángulos de cumplimiento que hacen prácticamente imposible estar en regla. En Tijuana se solicita a los constructores de edificios departamentales altos premios, tales como departamentos regalados, para permitirles ilegalidades o revisiones injustas.
Un poeta uruguayo regresó a su país 20 años después y le preguntaron qué encontraba de diferente en el Uruguay actual con respecto al Uruguay de antes. Dijo: “Antes se compraba la ilegalidad; hoy para hacer algo, está uno obligado a comprar la legalidad”. Curiosamente, esta historia me la regaló Don Raúl Salinas Lozano, padre del expresidente Carlos Salinas de Gortari.
¿Qué hacer en el último capítulo de mi libro de negocios, cuando la obligación de un empresario es que su negocio progrese (obviamente de manera legal) en primer lugar y, en segundo lugar, el progreso y felicidad de sus empleados, y de pronto se encuentra ante el dilema de dar o no dar? Tengo cientos de ejemplos de la violación de la ética y tengo cientos de ejemplos donde la ética ha ayudado a crecer un negocio.
Lector amigo, tengo muchos ejemplos de burócratas honestos que cumplen fervorosamente con su deber y son responsables, atentos, eficientes y amables con sus solicitantes, y tengo cientos de ejemplos de canallas burócratas que viven y han vivido de sus triquiñuelas y abusos.
Acudo a ti, lector amigo, por consejo y opinión ante esta disyuntiva.
José Galicot es empresario radicado en Tijuana.
