Hay un luto y no podemos permitir que nos ganen, no podemos permitir que nos acostumbren a esto”, expresó Carlos Jaramillo, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Baja California, ante una violenta realidad que no se había percibido en esta entidad desde 2009.
La ciudadanía respondió el miércoles 17 de julio como no lo había hecho desde aquel año, al salir a las calles a expresar su rechazo a la impunidad, la nula coordinación de la seguridad pública, el rezago en la investigación de delitos, la colusión de las autoridades con cárteles, la indiferencia de la gobernadora Marina del Pilar ante la vulnerabilidad de la población al crimen y la ineficacia de una Guardia Nacional de ornamento que trasciende sólo cuando delinque.
“Precisamente estos ejercicios de manifestación y expresión son para cambiar la retórica y sentirnos que somos más los buenos y que podemos recuperar es seguridad. Si ya lo hicimos hace unos años, ¿por qué no volverlo a hacer?”, señaló Jaramillo.
José Luis Contreras, presidente de la Asociación de la Industria de Mesa de Otay (AIMO), quien, junto a otros empresarios y ciudadanos respondieron a la convocatoria de la Vigilia por la Seguridad que hizo el CCE para manifestarse tras el asesinato de Minerva Pérez Castro, presidenta de Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola (Canainpesca) en Ensenada el 8 de julio, reflexionó: “Pasamos a una etapa de indiferencia en muchos sentidos, pero creo que ahora que hemos salido a la calle, debemos mantener el ejercicio de mantenernos ahí. Hace 15 años había un representante, había combatividad”.
En tanto, Roberto Quijano, el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en Baja California, criticó la reacción del Estado ante el aumento de la violencia: “Las instituciones de gobierno encargadas de la seguridad están totalmente rebasadas. En Tijuana se registran más de mil 500 delitos al año y es imposible darle seguimiento a ello. No hay agentes del Ministerio Público, no hay investigadores y eso trae como consiguiente una doble victimización porque te fraudaron y porque la autoridad no hizo nada. Sobre todo, en el cobro de piso, lo más seguro es que el delincuente regrese al lugar donde te victimizó para decir ‘ya supe que me fuiste a denunciar’, eso es lo que más me preocupa”.
APATÍA DE BAJACALIFORNIANOS POR FALTA DE RESULTADOS
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En esta entidad fronteriza habrá más vigilias y manifestaciones públicas para exigir justicia. Los organizadores reconocen que la asistencia a la jornada en Tijuana fue simbólica, pero se le atribuye a una apatía alimentada por la falta de resultados en la judicialización de los casos y las sentencias a favor de las víctimas.
Los participantes mostraron el luto desde las 19:00 horas del miércoles. Vestidos de negro se concentraron en una de las esquinas de Glorieta Cuauhtémoc de Zona Río. Mientras Carlos Jaramillo, presidente del CCE hablaba, los asistentes encendían veladoras. Unas 400 personas tomaron un costado de la glorieta y propiciaron que se redujera la circulación en un carril vehicular.
Pese a que 2024 se ha mantenido en el promedio de violencia desde 2018, con más de mil homicidios en al semestre en Tijuana y mil 500 en Baja California, el crimen de Minerva Pérez Castro fue el detonante del hartazgo en una sociedad que sigue clamando por sus desaparecidos que se acumulan cotidianamente, que denuncia extorsiones y cobro de piso por el crimen organizado y el control de la cadena productiva de venta de mariscos.
La protesta fue consecuencia de la falta de resultados, la impunidad y la indiferencia de las autoridades electas de los tres niveles de gobierno que han minimizado los señalamientos contra la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero; la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ha evadido las exigencias en cada una de sus visitas a BC.
La emboscada contra Pérez Castro también fue un ataque a la libertad de expresión y un agravio a ciudadanos, activistas, comerciantes y empresarios que, a pesar de las denuncias a través de los medios y a las autoridades correspondientes, no se sienten atendidos o escuchados.
En cada participación de la vigilia reinaron los silencios, el murmullo de individuos activos en organizaciones civiles de seguridad, que piden ser considerados por el gobierno para corregir la estrategia de seguridad y ver que se haga justicia.
Cuando el ocaso se acentuaba y las veladoras contrastaban con el alumbrado público y las luces de los autos en tránsito, los asistentes llevaron sus veladoras a la Glorieta Cuauhtémoc. Los más hábiles subieron a los pies del último tlatoani de Tenochtitlán y colocaron sus veladoras en señal de esperanza, en busca de una acción responsable y positiva de gobiernos que a la fecha siguen sordos.
Cerca de las 20:30 horas se despejó la glorieta. Según los coordinadores, la vigilia no habrá de medirse por su nivel de asistencia, sino por el compromiso por organizar y acudir a más manifestaciones en contra del crimen, la impunidad y la falta de coordinación de las autoridades mexicanas en la región.
“Hemos sido cuestionados por qué no lo hicimos antes, pues a final de cuentas nunca hay un buen momento y ahorita estamos aquí”, explicó Jaramillo.
“Entonces, ¿cuál es el aliciente de una persona que le roban el carro, que lo lesionan, que lo frauden, en el peor de los casos que le cobran piso, que le lesionan a un pariente, si hay un 95 por ciento de probabilidad de que no pase nada? Ese es el coraje que tenemos como sociedad civil y que vemos mes tras mes las estadísticas, el número de impunidad sigue creciendo”, dijo el presidente del Comité Ciudadano de Seguridad.
AUTORIDADES REBASADAS NO RECTIFICAN
2024 tiene un comportamiento violento similar a los últimos seis años: 2018 ha sido el año más crítico para Baja California, al registrar 3 mil 160 víctimas, lo mismo para Tijuana, cuando se reportaron 2 mil 519 asesinados; 2023 cerró con 2 mil 417 víctimas a nivel estatal y mil 868 en Tijuana. Hasta el miércoles 17 de julio, se habían perpetrado mil 359 homicidios en BC y mil 043 en Tijuana. El indicador de violencia sugiere que la estrategia sólo contiene los niveles de inseguridad, lo que reclamaron los participantes.
“¿Por qué cometen los delitos que se cometen? Porque se puede, porque hay un plano de impunidad y algo no está funcionando bien. Lo que no vemos es una postura de humildad, de decir: ‘A ver, rectifico, redefino el rumbo. A ver, muevo la estrategia para acá, ¿tú qué opinas?’. Hemos acordado con el Consejo Coordinador Empresarial, mesas de trabajo, cinco en la que participamos en dos y no hemos tenido una sola respuesta”, cuestionó Flores Campbell.
“Como se dice coloquialmente: de boca para afuera. Involucrarse, querer ser transparentes, coordinarse, hacer públicos los programas sectoriales, eso no se hace. Hay una gran opacidad y un gran, podría decirse, contubernio lamentable”, denunciaría por su parte Roberto Quijano.
HOMICIDIOS SIN DETENIDOS: CASO TACOS VARIOS MEMO’S
Vecinos y familiares del negocio Tacos Varios Memo’ s reclamaron justicia al colocar un altar en la esquina donde solía ubicarse el carrito desde 1976 hasta el doble homicidio de Guillermo Hernández padre e hijo, cometido el 16 de julio de 2024 en la colonia Independencia.
Vecinos reclaman la falta de atención en el arresto de los homicidas, considerando que supuestamente fueron grabados por cámaras privadas en la zona. Aunque el testigo entrevistado por ZETA sabe la identidad del atacante, se niega a denunciarlo por miedo.
La familia de Giselle Hernández abrió la cuenta 021028066055772003 para recibir ayuda para el sustento de sus hijos, así como para gastos funerarios.
EXIGEN JUSTICIA POR ASESINATO DE ENFERMERA GABRIELA GUTIÉRREZ
Familiares y amigos de Gabriela Gutiérrez, asesinada a balazos el viernes 12 de julio frente a su domicilio en la colonia Mariano Matamoros Sur, exigieron justicia y seguimiento al caso.
A las 08:35 horas, Gutiérrez fue víctima de un atentado en Calle Batalla de Oaxaca. El agresor, encapuchado, se acercó a la enfermera y le disparó a quemarropa.
“Solicitamos que se haga justicia, que investiguen, que no dejen el caso en el olvido, como sucede con todos los casos que archivan”, compartió Elizabeth Jiménez, tía de la mujer de 33 años que dejó huérfanos a dos menores de 17 y 5 años.
