Ejidatarios y empresas involucradas, con incertidumbre ante predios donde se desarrollará el mega proyecto industrial
Previo a la construcción de terminales portuarias para el movimiento de contenedores a países asiáticos, de acuerdo con el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) publicado por Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el desarrollo Punta Colonet considera la construcción de ductos para el traslado de hidrógeno verde.
Para esta millonaria inversión fue necesario que el viernes 7 de junio, el Congreso del Estado, por solicitud de la Secretaría General de Gobierno, emitiera un decreto para la declaratoria de utilidad pública, a fin de expropiar terrenos propiedad de la compañía Hutchison Ports.
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La expropiación contempla un millón 122 mil 063.88 metros cuadrados en dos predios: uno de 567 mil 600 metros cuadrados y otro con superficie de 554 mil 403.88 metros cuadrados, ubicados en el corazón del proyecto portuario. Los predios están a nombre de Internacional de Contenedores de Veracruz SA de CV, concesionaria de Hutchison, empresa que mostró interés en desarrollar el puerto de Punta Colonet en 2006.
Sin embargo, Hutchison no ha demostrado interés en vender ni en recibir dinero a cambio de la expropiación, por lo cual buscaría recursos legales para que un juez declare la suspensión al proceso iniciado por el Congreso del Estado.
El Gobierno del Estado que encabeza Marina del Pilar Ávila Olmedo, contempla que los recursos para llevar a cabo el megaproyecto o la implementación de infraestructura básica sea financiado en su totalidad con recursos privados o fuentes de financiamiento recuperables, sin dar mayores detalles.
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El monto de inversión público privada se divide en varias etapas, iniciando con 5 mil 199 millones de dólares en 2025 para concluir en 2033 con un total estimado en 24 mil 086 millones de dólares.
ZETA cuestionó al secretario de Economía e Innovación, Kurt Ignacio Honold Morales, para conocer la situación legal ante la negativa de Hutchison a que expropien sus terrenos, así como la participación de la trasnacional Tallgrass en el proyecto y la construcción de un gasoducto, pero se negó a dar una declaración.
Por su parte, los propietarios de terrenos ejidales tienen conocimiento de que la empresa interesada en el traslado y almacenamiento es precisamente la estadounidense Tallgrass, dedicada, entre otras actividades, a la conversión de hidrógeno en energía limpia mediante una central eléctrica de carbón, como describe en su página oficial.
Para el proceso de compraventa de terrenos, el acercamiento ha sido con representantes de la constructora ICA, SAB de CV, quienes contactan a pobladores para ofrecer una cantidad de dinero a cambio de los terrenos colindantes al plan de desarrollo.
EJIDATARIOS EXCLUIDOS DEL PROYECTO PIDEN CLARIDAD
Debido a los problemas de inseguridad que enfrentan quienes viven en Punta Colonet, sobre todo los involucrados en las negociaciones, los denunciantes pidieron anonimato para la realización de este reportaje.
Informaron que quienes han firmado contrato de compraventa con ICA lo hacen bajo un esquema de pagos con 40 por ciento de anticipo y el 60% restante cuando el Estado o la empresa coloquen la primera piedra, explicó uno de los vendedores de terreno.
Los predios se cierran desde 2 hasta 6.5 dólares el metro cuadrado, dependiendo la ubicación de la propiedad, condiciones del predio y si cuenta con ciertos servicios.
“Ya conocemos el trazo del gasoducto, de Mexicali está dejando cruzar porque tiene las áreas de riego, al zanjar les va a traer problemas considerables en la siembra, en Santa Catarina Reserva tuvieron que mover los límites”, indicaron.
Las dudas que han surgido entre los ejidatarios colindantes al sitio donde pretenden construir el proyecto están relacionadas con la manera de operar del Gobierno del Estado, al haber conformado una Administración Portuaria Integral de Baja California tras ingresar una solicitud de permiso ante la Secretaría de la Defensa Nacional sin un recurso económico asignado.
“Sin hablar con la comunidad, nunca han venido a preguntar cómo pretende, mandan a hacer el manifiesto lo tienen en revisión sin consulta”, refieren.
La inconformidad se debe a que las reuniones informativas tendrían que ser previo a la conformación del MIA, y, por el contrario, se llevan a cabo después.
Asimismo, lamentan que la situación de inseguridad dentro del perímetro en Punta Colonet no es actualmente la mejor, por lo que las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) y Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) conocen los detalles de las actividades ilícitas que se están cometiendo.
Otro síntoma de desconfianza es el poco interés mostrado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador al no hacer público el plan de desarrollo económico proyectado para Colonet, por lo cual piden una explicación respecto a cómo coexistirían los proyectos que tienen en papel, como el movimiento de carga y de hidrógeno, ya que para ello se requiere de una importante zona de amortiguamiento, le van a pagar la propiedad o las van a querer hacer de utilidad pública para una empresa.
MIA CONTEMPLA UNA DÉCADA
Punta Colonet es de vocación agrícola y pesquera, con una población de 19 mil 396 personas -de acuerdo con el Instituto Nacional de Información Estadística y Geografía (INEGI) en 2020-. Se localiza a 120 kilómetros de la cabecera municipal de Ensenada.
En el MIA que consta de más de mil documentos y fotografías, investigadores del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) estima una década para terminar con el megaproyecto, que contempla calles internas, carreteras, sistemas de vigilancia, un centro de emergencias portuarias que incluya estación de bomberos, paramédicos y un centro médico. De entrada será un proceso de tres años de construcción que terminará en 2027.
Asimismo, habrá instalaciones de la Secretaría de Marina, torre de control con helipuerto, aduanas, centro de negocios, sistema de seguridad del más alto nivel, subestación eléctrica y desalinizadora en una superficie de 83 hectáreas de tierra con 2 mil 686 de aguas territoriales, diez de éstas destinadas al almacenamiento de fluidos, con un transporte a través de ductos que conectarán el muelle de 4.8 kilómetros con la zona de almacenamiento en la terminal de hidrógeno.
No obstante, investigadores alertan de las obras y actividades que operan en ciertas áreas porque hay vestigios arqueológicos, conformado por concheros, por lo que se dará aviso al Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Baja California para coordinar acciones para el rescate del material arqueológico junto a un Programa de Salvamento Arqueológico, de Rescate y Reubicación de Flora y Fauna, a fin de mitigar el impacto sobre las poblaciones silvestres.
En cuanto a la fauna, se han documentado diversas especies, desde pequeños roedores hasta mamíferos medianos y grandes, como la rata canguro de San Quintín, que se consideraba extinta, pero fue redescubierta en la zona, lo que resalta la importancia de conservar estos hábitats. Hay más de 330 especies marinas, y en 2022, las capturas de erizos, pepinos de mar y otras variedades que son cotizadas en el mercado asiático alcanzaron los 85.7 millones de pesos, según datos de Comisión Nacional de Pesca.
Por diversos impactos relacionados con el cambio climático, numerosas especies de aves se encuentran bajo alguna categoría de protección, como once de éstas enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010.
REVIVEN ORGANISMO PRO COLONET
El sábado 22 de junio se llevó a cabo una reunión informativa con un grupo de ejidatarios involucrados en el proyecto desde 2006, cuando se hizo el primer anuncio por parte del ex mandatario Felipe Calderón Hinojosa.
Cuestionado sobre la situación que viven los propietarios de la tierra en este proceso, Jesús Lara respondió que el grupo que representa no está en contra del proyecto, “pero si dices que vas a hacer un puerto, se tiene que avalar”, asegura.
“Sólo que hicieron MIA sin considerarnos, si no es por el trabajo de investigación -que hicieron los ejidatarios-, no sabemos nada. Tampoco sabemos con qué dinero pretenden construir”.
La mesa directiva del Comité Pro Puerto de Punta Colonet la conforman el propio Lara, ejidatario en la 27 de Enero y Díaz Ordaz, como presidente; Gilberto Gutiérrez Huerta, presidente del Consejo de Vigilancia del Ejido Colonet, secretario; Reyes Martínez González, del Comisariado Ejidal Ejido Villamorelos, tesorero; además de suplentes de cada uno de ellos y vocales.
Una de las acciones más recientes fue la reunión informativa convocada por el Gobierno del Estado, en la que hubo cinco expositores que hablaron sobre las bondades del proyecto. Sólo acudieron representantes y ningún titular de las secretarías, como la de Economía y la de Gobierno. Arnulfo Silva, regidor del Concejo Fundacional de San Quintín, tuvo una intervención durante el encuentro.
