Ausencia de corrupción y justicia penal, son las tendencias negativas en los factores de orden y seguridad. Peores calificaciones de BC en ausencia de homicidios, con 0.08
Mientras autoridades y la Presidenta Electa, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguran que los inversionistas pueden estar tranquilos y no deben preocuparse por las reformas del llamado Plan C “porque en México va a seguir habiendo Estado de Derecho”, los resultados del estudio anual de World Justice Project (WJP), organización civil internacional, señalan que el país entero está reprobado en prácticamente todos los indicadores de la sexta edición del Índice de Estado de Derecho en México 2023-2024 (IEDMX).
En general, todos los estados mexicanos -incluido Baja California- se encuentran reprobados, siendo Querétaro el mejor calificado, al rebasar el puntaje de 0.51 sobre 1.0, que es la calificación máxima. Baja California está rankeado en el lugar 25 con una evaluación de 0.40, en tanto, Veracruz es catalogada como la entidad federativa más ineficaz e ineficiente, con 0.35.
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Se trata de un análisis que año con año realiza WJP desde 1998, y que para el último de los estudios, requirió del apoyo de más de 12 mil 800 personas y más de 2 mil especialistas.
Al presentar el IEDMX 2024, Alejandro González Arreola, director global de Incidencia de WJP, destacó el potencial del índice, una de las mediciones más completas sobre el desempeño institucional en el país e incluida como indicador de diagnóstico, monitoreo y evaluación de políticas públicas en instrumentos de planeación como planes estatales de desarrollo y políticas estatales anticorrupción en la mayoría de las entidades federativas.
Los datos actualizados y estructurados en ocho factores enmarcan el concepto del Índice de Estado de Derecho en México: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
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De acuerdo a los recientes resultados: “La tendencia de los puntajes generales es el estancamiento, ya que solamente cinco entidades incrementaron su puntaje desde la edición anterior, mientras que 13 lo disminuyeron y 14 mantuvieron el de la edición anterior”.
González Arreola advierte: “Además, se muestran tendencias negativas en materia de justicia penal, como el respeto al debido proceso, y en ausencia de corrupción, específicamente en fuerzas de seguridad y procuración de justicia, así como caídas en la mayoría de las entidades desde la edición anterior, en la participación ciudadana, en el diseño de políticas públicas”. No obstante, existen tendencias positivas en otros aspectos, como el respeto a los derechos laborales, la efectividad de instrumentos de justicia alternativa y la percepción de la seguridad de las personas.
Los estados con los puntajes más altos en el Índice de Estado de Derecho en México 2023-2024 son Querétaro (0.49), Guanajuato (0.47) y Aguascalientes (0.47). Es la tercera ocasión que Querétaro se encuentra en el primer lugar, y la segunda en que Guanajuato y Aguascalientes ocupan las mismas posiciones.
Por su parte, las entidades con los puntajes más bajos son Estado de México (0.35), Morelos (0.35), y Quintana Roo (0.36). A pesar de sus retos persistentes y que están lejos del puntaje general idóneo, existen estados que han mostrado avances en el Índice: Querétaro, Guanajuato, Sinaloa, Baja California Sur, Tamaulipas y Guerrero.
Sin embargo, como lo señaló el director global de Incidencia, continúa el estancamiento en Estado de Derecho en la mayoría de las entidades; solamente cinco aumentaron su puntaje (Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Tabasco y Zacatecas) y13 lo disminuyeron (Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Tlaxcala y Yucatán); 14 mantuvieron el de la edición anterior (Aguascalientes, Baja California, Colima, Durango, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz).
A través de IEDMX, en la práctica, la medición del Estado de Derecho se centra en resultados e impactos de políticas públicas, por ejemplo, si las personas tienen acceso a tribunales o si la delincuencia se controla de manera efectiva. Este enfoque es diferente a otros instrumentos que miden insumos, como leyes, reglamentos o la existencia de medidas institucionales en papel. Ningún Estado se acerca a una calificación perfecta; de hecho, la puntuación más alta es de 0.49, en Querétaro, lo que pone en evidencia los retos persistentes de todas las entidades en diferentes dimensiones del Estado de Derecho.
La mayoría de los estados muestran caídas en el sub-factor que mide si la ciudadanía puede participar de forma efectiva en la formulación de políticas públicas. Este indicador tiene un puntaje menor en 22 estados, en comparación con la edición anterior.
En tanto, la seguridad sigue siendo uno de los mayores retos del país, como lo muestran las altas cifras de homicidios, de incidencia y prevalencia delictivas. Aun así, incrementaron los puntajes generales en el factor de orden y seguridad en 16 estados del país, en mayor medida por los incrementos en el sub-factor que mide la percepción de seguridad de las personas en 24 entidades desde la edición anterior.
En cuanto a los retos en materia de corrupción, al igual que en años anteriores, la sexta edición del IEDMX muestra una tendencia al estancamiento en el factor: ausencia de corrupción. Se muestra un deterioro en materia de ausencia de corrupción en las fuerzas de seguridad y procuración de justicia, el cual cayó en 20 estados (incluido Baja California). En cambio, se registraron incrementos de puntaje en el sub-factor que mide la garantía de los derechos laborales, en 19 estados.
El factor de justicia penal también muestra una tendencia al estancamiento con retos persistentes en todas las ediciones del Índice. El sub-factor que mide el respeto al debido proceso de las personas acusadas de un delito, descendió en 17 estados del país. Sin embargo, los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) se reafirman como el aspecto mejor evaluado de justicia civil y registra incrementos en 17 entidades.
Con esos datos, las entidades federativas y el Gobierno Federal habrán de trabajar, aunque de antemano, WJP señala que 30 estados incluyen al Índice en sus Planes Estatales de Desarrollo.
BAJA CALIFORNIA
En el caso de BC, el puntaje general 2023-2024 del Índice de Estado de Derecho fue de 0.40 de 1.0 posible. Las más bajas calificaciones se obtuvieron de los factores de ausencia de corrupción y justicia penal, con 0.35 puntos, mientras que la más alta fue en el respeto a los derechos fundamentales, con 0.49. En los demás rubros, la entidad fronteriza obtuvo 0.36 en orden y seguridad; 0.38 en límites al poder gubernamental; 0.38 en cumplimiento regulatorio; 0.39 en justicia civil y 0.46 en gobierno abierto, variando la posición que el Estado ocupa a nivel nacional dependiendo el rubro; sin embargo, en promedio se halla en el lugar 22.
Al desglosarse cada factor, en ausencia de corrupción las calificaciones fueron ausencia de corrupción en el Poder Ejecutivo, 0.36; ausencia de corrupción en el Poder Judicial, 0.44; ausencia de corrupción en las instituciones de seguridad y procuración de justicia, 0.29; y ausencia de corrupción en el Poder Legislativo, 0.32.
Por su parte, en el factor de justicia penal, se castigó la investigación penal eficaz con 0.23; procuración e impartición de justicia eficiente y eficaz, 0.28; derechos de las víctimas, 0.45; debido proceso legal, 0.42; justicia penal imparcial, independiente y libre de corrupción, 0.34; y sistema penitenciario seguro y respetuoso de los derechos humanos, 0.40.
El factor de orden y justicia también arroja muy pobres resultados, incluso el peor calificado en el rubro de ausencia de homicidios, con puntaje de apenas 0.08; ausencia de crimen, 0.54; personas se sienten seguras, 0.44. Por lo que ve a los límites al poder gubernamental, se califica al Poder Legislativo como un contrapeso eficaz, con 0.29; el Poder Judicial es un contrapeso eficaz con 0.47; los organismos de control son un contrapeso eficaz, 0.26; hay sanciones por abuso de poder, 0.36; contrapesos no gubernamentales son eficaces, 0.44; y las elecciones se apegan a la Ley, 0.46.
Las mejores calificaciones en derechos fundamentales, según el estudio, las tiene la libertad de expresión, con 0.73; libertad de asociación, 0.56; ausencia de discriminación, 0.50; debido proceso legal, 0.44; derechos laborales, 0.43; derecho a la vida y a la seguridad, 0.42; y derecho a la privacidad, 0.38.
En otro factor, el del cumplimiento regulatorio, BC obtuvo puntaje de 0.35 en procedimientos administrativos eficientes; en cumplimiento regulatorio eficaz, 0.41; derechos de propiedad, 0.33; debido proceso en procedimientos administrativos, 0.32 y cumplimiento regulatorio libre de corrupción, 0.50.
Otro componente es el de la justicia civil. Las personas conocen sus derechos, 0.36; acceso a la información y asesoría legal asequible en casos civiles, 0.44; justicia civil asequible y sin procesos burocráticos, 0.32; justicia civil imparcial, independiente y libre de corrupción, 0.48; justicia civil de calidad, 0.42; justicia civil expedita, 0.30; ejecución efectiva de las resoluciones en materia civil, 0.33; MASC accesibles, imparciales y expeditos, 0.47. Por último, en el rubro de gobierno abierto, la entidad también reprobó en participación ciudadana, con 0.27; y pasa de panzazo en derecho a la información pública, 0.66.
¿QUÉ ES EL ESTADO DE DERECHO?
Principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades están sujetas al cumplimiento de la Ley, la cual es respetuosa de los derechos humanos y se aplica de forma equitativa, justa y eficiente. También, vincula a autoridades y ciudadanía mediante el establecimiento de derechos, obligaciones y límites para que las personas puedan vivir en armonía, acceder a mejores oportunidades, participar en las decisiones de sus comunidades y disfrutar de una vida y patrimonio seguros. Además, es uno de los pilares para vivir en sociedades con igualdad de oportunidades, desarrollo sostenible, democracia efectiva y paz.
