Como sucede periódicamente, y sin mayores consecuencias, el pasado jueves 4 de julio el Pleno de la XXIV Legislatura del Congreso de Baja California negó la aprobación de algunas cuentas públicas del año 2022, que nueve días antes, habían sido analizadas y discutidas en sesión de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público.
En las cuentas rechazadas, la Auditoría Superior del Estado (ASEBC) y los diputados admiten ignorar qué sucedió con varios millones de pesos del erario, pero se limitan a recomendarles que no lo vuelvan hacer y que establezcan mecanismos de control o atiendan los criterios ya legislados en la materia.
Por ejemplo, esta semana que concluye, no aprobaron las cuentas del DIF Tijuana, porque detectaron la contratación de 66 plazas sin autorización del Cabildo; la ausencia de documentos de propiedad en dos inmuebles; la falta de expedientes en “otorgamiento de apoyos en especie y/o económicos a la población en condiciones de vulnerabilidad”; y tras una consulta telefónica y aleatoria del padrón de supuestos beneficiados, el 10 por ciento aseguró no haber recibido apoyos. Reportaron una posible afectación del erario por varias decenas de millones de pesos.
También rechazaron las cuentas de la Universidad Politécnica de Baja California y Consejo de Urbanización del Municipio de Ensenada porque presentaron errores y omisiones significativos y generalizados en los estados de información financiera y la falta de controles en el uso y aplicación de los recursos públicos.
Hicieron cobros que no depositaron en cajas, no expidieron comprobantes fiscales, pagaron sueldos en efectivo y sin reportar impuestos, contrataron obras y servicios sin cotizar y sin fianza, pagaron y la entidad efectuó pagos improcedentes. Observaciones similares provocaron también el rechazo de la cuenta de Universidad Politécnica de Baja California.
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A pesar de que los análisis financieros mencionan que los presupuestos afectados van de los 300 mil pesos a los 30 millones de pesos, y una de las facultades de la ASEBC es promover “acciones o denuncias correspondientes para la imposición de las sanciones administrativas y penales que procedan, conforme a las disposiciones legales y normativas aplicables”, sólo hubo recomendaciones. Y lo mismo ha ocurrido a través de los años con afectaciones económicas mayores, ni el congreso, ni los diputados ni la auditoria local denuncian.
Entonces, la facultad de los diputados para “revisar, analizar, auditar, dictaminar y discutir anualmente para su aprobación o desaprobación las cuentas públicas”, que se enteren de los malos manejos, sirve de poco y nada.
Consultada la novel, y aún sin resultados, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, respecto a las denuncias presentadas desde el Poder Legislativo, resultó que hay dos carpetas, una por un pago de sobre liquidación a un exempleado, y otra por el cobro indebido de cheque(s) de parte de una secretaria. Nada más.
Juan Manuel Molina, diputado que ha estado en varias legislaturas y partidos en el Congreso bajacaliforniano, reiteró que la facultad de denunciar es de la Auditoria, pero no lo ha hecho en fechas recientes y recordó sólo un caso, en la XIX Legislatura, cuando en febrero del 2009, el diputado Antonio Cano, presidente de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, instruyó la presentación de una denuncia por enriquecimiento ilícito y peculado en contra del exdirector del CECYTE en Baja California, José Carlos Jiménez Payán, por el uso de facturas falsas y un daño al erario por 55 millones de pesos en cinco años.
En 2019, todos sus coacusados fueron exonerados, y él decidió vivir en el exilio, en Estados Unidos, para evitar ser juzgado.
En el caso de FISAMEX, empresa que cobró más de 354 millones de pesos por realizar auditoria irregulares con las comisiones de agua del estado, en febrero del 2023 la Auditoría Superior de Baja California confirmó que la contratación de ROMAFAM fue “ilegal” y “no se justificaba”. Pero sólo integró los Procedimientos de Responsabilidad Sancionatoria (PRAS) contra las comisiones y los turnó a la Secretaría de Honestidad y Función Pública.
Total, que la costumbre del Pleno del Poder Legislativo y sus órganos es no complicarse, y el desinterés es histórico, lo que incluye a la Auditoria Federal.
Misma impunidad disfrutaron los regidores de Tijuana, quienes en el XVII Ayuntamiento usaron facturas falsas para justificar el gasto de cinco millones de pesos del Ramo 33 en la alcaldía de Jesús González Reyes, que fue denunciado públicamente por un líder panista en noviembre de 2004; la Auditoría Superior de la Federación (ASF) lo expuso en su informe en abril de 2006. Para entonces, la FGE tenía un expediente de decenas de tomos, pero tampoco procedió.
Destino inútil que compartió la infructuosa denuncia del PES interpuesta en la Fiscalía con base en el informe de la ASF de junio del 2018, que informó del “uso indebido de recursos y/o desvío de mil 400 millones de pesos de aportaciones federales” en la administración del exgobernador de Baja California, Francisco Vega; ni obliga a los responsables de las auditorías a denunciar, ni castiga a los funcionarios deshonestos, pero también es claro que el partido en el poder no está interesado en darle forma al maltrecho sistema anticorrupción. Así que de nuevo tocará a la sociedad organizada recomenzar, presionar y denunciar.
