El dirigente del Partido Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, afirmó que la designación de jueces, magistrados y ministros por el voto de la ciudadanía, tal como establece la iniciativa de reforma al Poder Judicial, podría traer como consecuencia la politización de la justicia, la actuación de juzgadores sin experiencia y un entorno de complicidad con el crimen organizado.
El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN planteó que riesgos de esa naturaleza se deben tener en consideración en el ánimo de salvaguardar la independencia, la imparcialidad y la idoneidad en la impartición de justicia.
“El gobierno deber reconsiderar una reforma que afectaría gravemente al Estado de derecho y también pondría en riesgo los acuerdos y tratados internacionales de los que México forma parte”, indicó Cortés este domingo 23 de junio.
Conforme al proyecto presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero de 2024, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados del Tribunal Electoral y los del Tribunal de Disciplina se elegirían con base en 30 candidaturas paritarias impulsadas por los tres Poderes de la Unión, diez por cada Poder; en tanto que los magistrados de circuito y los jueces de distrito, a partir de 6 candidaturas, dos por cada Poder.
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Cortés Mendoza advirtió que de prosperar la iniciativa, cuya discusión en el Congreso se contempla para celebrarse en septiembre, a los candidatos se les podría seleccionar por su afiliación política y no por capacidad o idoneidad para la impartición de justicia.
La falta de capacidad podría concurrir en que las personas designadas no ejercieran su función de forma efectiva, manifestó el dirigente panista.
También expuso que con tal de ganar, los candidatos a jueces pudieran consumar “pactos inconfesables” con grupos delincuenciales, con la implicación de que su independencia y objetividad en la toma de decisiones de carácter judicial quedaran comprometidas.
Mencionó que con la elección directa de jueces podría haber cambios frecuentes en la composición de los tribunales toda vez que los juzgadores podrían ser elegidos por períodos limitados, con lo que pudiera verse afectada la estabilidad y continuidad del sistema judicial.
“La elección directa de jueces se daría en un contexto de conocimiento limitado por parte de la ciudadanía sobre el funcionamiento y los principios del sistema judicial, lo que podría generar una total falta de confianza en la justicia y afectar la legitimidad de las decisiones judiciales”, enfatizó.
Aseguró que, tal cual está contemplada, los principales beneficiarios de la enmienda constitucional serían la delincuencia, el gobierno, lo mismo que Morena. Recalcó que los jueces y magistrados podrían estar inclinados a responder a los intereses de quienes financiaran sus campañas.
“No podemos permanecer indiferentes ante un proyecto que socava la independencia judicial y debilita las garantías constitucionales, por lo que hacemos un llamado a la sociedad civil a informarse y estar en alerta ante la eventual discusión y aprobación de una reforma dañina para el país”, planteó Cortés Mendoza.
Con el número de espacios en la Cámara de Diputados que Morena y fuerzas aliadas ganaron en las elecciones del 2 de junio, 373 según estimaciones de Integralia Consultores, el oficialismo no tendría complicación en sacar adelante la reforma, para cuya aprobación se requieren dos terceras partes de la votación en San Lázaro.
En tanto, en el Senado de la República, donde Morena, PT, PVEM podrían contar con 83 legisladores, estarían a dos escaños de aprobar la iniciativa tan sólo con los votos del oficialismo, pues de un total de 128 escaños, requerirían el voto de 85 senadores.
