“La religión, la libertad, la venganza, no importa; basta una palabra para arrastrar el género humano a una carnicería; algunas frases facciosas, inventadas y propagadas por la astucia para que reine el crimen”.
–Lord Byron.
México es un país sacudido y presa por las redes del narcotráfico que campea libremente por todo el territorio nacional. Para quienes se preocupan por este tipo de tópicos, encontramos como raíz de este gravísimo problema cuyo origen y desarrollo radica en la delincuencia organizada en la total impunidad, en la falta de planeación, organización y coordinación de las fuerzas de la federación, estados y municipios para su combate, que ya no para su prevención, que ha sido desatendida por muchísimos años por las autoridades.
Para nadie es un secreto que la mayoría de las policías municipales de nuestro país están infestadas de personal vinculado con los grupos del crimen organizado; las razones van desde las más elementales: por ejemplo, reciben mayor paga con la delincuencia organizada que con los municipios a los cuales prestan sus servicios, y hasta tienen mayor protección de estos grupos que de sus superiores jerárquicos. No existe un programa eficaz de ascensos y de premios por las labores que realizan; incluso, como sucede en Tijuana, los policías fueron privados por parte de las autoridades del ayuntamiento de prestaciones como la atención médica, sólo por citar un ejemplo del abandono y la dejadez de estas “autoridades”.
Pero alguien preguntaría acerca de los elementos de la Guardia Nacional, usted sabe, cuando sucede un evento de sangre como la ejecución de varias personas o de personajes ligados -como en recientes días- a actividades electorales que no se alinean a la regla de conducta que les fija el crimen organizado; y entonces la opción fácil e irresponsable por parte de las autoridades estatales es declarar que dichos homicidios son frutos de la delincuencia organizada y que requieren del apoyo del gobierno federal para frenar la actividad ilícita de los grupos delincuenciales.
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Otra escapatoria para su irresponsabilidad de los malos servidores públicos es, como expresábamos con antelación, solicitar el envío de elementos de la Guardia Nacional. ¿Pero qué hacen cuando llegan a una ciudad como la de Tijuana, en donde escribimos estas líneas? Absolutamente nada. No conocen la ciudad, desconocen qué grupos organizados hay en la misma y a la que son enviados; carecen de personal verdaderamente capacitados para procesar una escena del delito; es nula su preparación en la investigación de hechos delictivos y sólo se les ve -y ocasionalmente- “patrullando la ciudad”, que ya fue presa de algún crimen incalificable.
Estas mismas características pueden atribuirse a los elementos del Ejército Mexicano. Y si agregamos a esta inacción por parte de la autoridad, la falta de coordinación entre la Policía Municipal, la policía de investigación, el panorama es verdaderamente deprimente.
Desde otro punto de vista, el gobierno estatal no quiere afrontar la responsabilidad que por ley le corresponde: El esclarecimiento y, consecuentemente, la investigación de hechos presumiblemente delictivos y el panorama de abandono total hacia la sociedad es tan criminal por parte de las autoridades encargadas de la persecución del delito como de los grupos del crimen organizado.
El narcotráfico es uno de los fenómenos más devastadores en nuestro país, cuyo desarrollo se inicia a partir del año 1980. Es en este período cuando evolucionaron los grupos organizados a la categoría de cárteles sofisticados y con una consolidación de los mismos y como característica los actos brutales de violencia. Sostengo que es a partir del año 1970 cuando en nuestro país la delincuencia se organizó de forma más estructurada; es probable que ello haya tenido su origen en la gran demanda de drogas hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Esto produjo dos fenómenos: La mayor producción de narcóticos y el tráfico de los mismos, que convirtió a nuestro país en un gran corredor para la distribución de marihuana y heroína.
Pero en los años de 1980, estos actos adquirieron nuevas dimensiones dentro de otros factores debido a la política más agresiva contra el narcotráfico en los Estados Unidos, y desde luego, la extrema violencia en Colombia, que desplazó una parte importante de la producción de cocaína hacia nuestro país.
Entre los factores como la corrupción y la complicidad de algunas autoridades mexicanas se propició el incremento del narcotráfico y fue en esta década cuando los grupos organizados de delincuencia penetraron las estructuras del estado, y esto permitió a los cárteles operar dentro de un marco de impunidad.
Benigno Licea González fue Presidente del Colegio de Abogados Emilio Rabasa, A.C., y es actual Presidente del Colegio de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el Estado de B.C. Correo: liceagb@yahoo.com.mx
