La suspensión definitiva promovida en el amparo 1598/2023, hecho por padres de alumnos con necesidades especiales de la Escuela Secundaria General Valle de Puebla II, en Mexicali, fue concedida por la Jueza de Distrito en el Estado de Baja California, Martha Alicia Alanís Sánchez, para que las autoridades educativas atiendan y subsanen las necesidades educacionales de los estudiantes.
En el documento al que ZETA tuvo acceso se detalla que la petición hecha por 42 padres y alumnos fue admitida, aunque según la propia directora del plantel, María de Jesús García Ceja, son cerca de 50 alumnos los que están en las mismas condiciones actualmente, por lo que la juez la estudiará conforme a los documentos de la Constitución Federal, Ley de Amparo y Tratados Internacionales.
En dicho plantel se atiende a una comunidad estudiantil con ansiedad, depresión, autismo, lento aprendizaje, déficit de atención, hiperactividad, asperger, visión débil y de escucha, a pesar de que no se cuenta con un programa de USAER (Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular), que consiste en brindar apoyo a las escuelas comunes para atender lo mejor posible a las niñas, niños y adolescentes que enfrentan dificultades de aprendizaje.
Según lo manifestado por los estudiantes, entre sus principales necesidades están la falta de creación, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación de infraestructura del plantel para que éste sea adecuado para su comunidad estudiantil, así como la falta de creación de lineamientos en los que se determinen los criterios orientados para la prestación de los servicios de educación especial, que cumplan con el principio de inclusión señalados en el artículo 64 de la Ley General de Educación.
También se señala la falta de supervisión para que la función docente se dé con todos los apoyos necesarios para su desempeño, esto de acuerdo a las necesidades especiales de los menores, entre las que encajan la implementación de los denominados “maestros sombra”. Además, falta contemplar dentro del presupuesto al personal especializado en educación especial y al personal de psicología suficiente.
Lo anterior se deriva de una resolución judicial federal de 2019, en la que se estableció que todos los menores con discapacidades deben ser incluidos en escuelas públicas, algo para lo que padres y alumnos señalaron las escuelas no están preparadas para atender.
Sentencia definitiva en análisis
Aunque en el oficio de resolución emitido por la juez Martha Alicia Alanís Sánchez, la propia funcionaria reconoce que acudió a visitar la secundaria y constató algunas de sus necesidades como las anteriormente mencionadas, pero también la falta de áreas verdes, mesas donde comer, bancos para sentarse, un espacio USAER, computadoras y pavimento, la funcionaria aclara que la sentencia aún se está analizando, por lo que por ahora instruyó a las autoridades educativas a mejorar las instalaciones, tener más materiales y tecnología.
