A la altura del municipio de Comondú, pescadores ribereños cerraron la carretera este martes 28 de mayo en protesta por la presencia de barcos extranjeros de organizaciones no gubernamentales que supuestamente están monitoreando la extracción de tortugas marinas en el Golfo de Ulloa, lo que llevó a la molestia y la solicitud de la pronta intervención del Gobierno del Estado.
Sin embargo, al contactar a pescadores, estos no sólo denunciaron a las ONGs, sino que insistieron en que persiste la presencia de criminales que controlan la captura de las especies de mayor valor como langosta, almeja generosa y chocolata, camarón, abulón, entre otras.
Además, salió a relucir la amenaza e imposición de quienes controlan las actividades de pesca, venta de alcohol, cigarros y giros negros, quienes ya solicitaron la participación por los candidatos afines a Morena en Baja California Sur; en Comondú pidieron la presencia por Roberto Pantoja y Paz Ochoa en Loreto.
En Mulegé, el municipio más apartado del estado, pescadores denunciaron la presencia de tres presuntos líderes que también están movilizando para el proceso electoral; los pescadores identificaron al “Amigo” como presunto líder de plaza, el “90” encargado del narcomenudeo y el “Profe” que controla la distribución de pescados y mariscos.
Desde el 2021, pescadores de Puerto San Carlos fueron los primeros en denunciar la presencia del crimen organizado que estaban controlando la pesca de especies de alto valor comercial: criminales les ponían precio y los trabajadores del mar sólo tenían permitido vender a una sola cooperativa pesquera a cargo del narco.
Desde aquel entonces se ha negado por parte del Gobierno del Estado la presencia de grupos delincuenciales que tienen control de las actividades pesqueras.
“Recorriendo Comondú vemos cómo la delincuencia organizada ha ganado terreno y está condicionando los precios de los productos pesqueros, y de otras actividades productivas en Comondú; y que cuando lo comento, me dicen que también pasa en La Paz, que también pasan Los Cabos definitivamente hoy. Muchos sudcalifornianos viven con miedo”, lanzó Susana Zataraian, candidata al Senado de la República por Fuerza y Corazón por México.
LORETO Y MULEGÉ EN RIESGO
De Mulegé hasta Loreto, según el representante nacional de Morena en Baja California Sur, Alberto Rentería Santana, el aparato gubernamental de los ayuntamientos será el encargado de coordinar la campaña electoral para que aquellos municipios sigan siendo gobernados por el PAN.
Durante el cierre de campaña en Loreto para las izquierdas, Rentería Santana señaló que las alcaldesas con licencia Edith Aguilar Villavicencio, de Mulegé, y Paola Cota Davis, de Loreto, son las encargadas de operar estructuras familiares y de gobierno en favor de sus candidaturas.
Específicamente para la zona norte, dijo, habrán de montar un operativo especial para cuidar el voto y que Morena pueda recuperar los municipios más apartados de la capital.
Incluso el representante nacional de Morena en el estado señaló con nombre y apellido a aquellos operadores en el municipio de Loreto que estarán activos previo y durante la jornada electoral del 2 de junio.
“Estaremos haciendo aquí en Loreto, un programa muy especial; una especie, como le decían en aquel entonces de caza-mapaches, sobre estos personajes. Nosotros sabemos que el próximo domingo estarán haciendo lo propio para tratar de robar una lección, que ya tenemos por supuesto ganada; y me estoy refiriendo con toda claridad a Víctor Delgado, Aurelio Lozano, a Jorge Avilés y Hansel Ramos, que son los que nosotros sabemos que son los que van a estar el próximo 2 de junio intentando sobornar, intentando pagar, intentando hacer cosas fuera de la Ley para efectos de intentar robarnos la elección”, puntualizó Alberto Rentería.
Mientras que en La Paz, Los Cabos y Comondú la oposición denunció a los gobiernos municipales morenistas de utilizar recursos públicos, incluyendo el poder del estado para acompañar y financiar las campañas a alcalde; en la zona norte también señalan la participación gubernamental.
Cabe resaltar que tanto la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) como el Instituto Nacional Electoral (INE) al momento no han recibido denuncia alguna por la posible coacción del voto que evidencia la presencia del narco en Baja California Sur.
La única denuncia vigente ante la Procuraduría es la radicada bajo el número LPZ/3450/2024/NUC del 20 de mayo en contra de Gabriela Montoya Terrazas, candidata a diputación local por Morena en Los Cabos, que fue captada en video comprando votos a cambio de medicamentos, despensas, techos de lámina y hasta ocho mil pesos.
“Yo te voy a ayudar a poner tu techo, y te lo voy a poner por adelantado, para que ahora sí digas. Te voy ayudar, ya saqué la cuenta y son con ocho mil pesos; yo te los voy a dar para que compres el cemento o lo dejes pagado en la tienda, lo que tú quieres. Yo te lo doy y empezamos a trabajar con eso… A la gente ahorita no le ofrezcas material, pero si podemos ayudarla con bolsitas de comida, la pipa, con medicamentos”, dice en la grabación.