Dos años y un año, respectivamente, es lo que ha transcurrido desde que cinco personas perdieron la vida a causa de las negligencias en mantenimiento de pluviales y falta de revisión de permisos cometidas por la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental (SDTUA) y la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal (DOIUM) del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, pues, aunque hay denuncias por homicidio culposo, nadie ha sido señalado todavía.
Lo anterior a pesar de que en la recomendación 3/2024, emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) por “vulneración al derecho a la vida”, se determinaron las causas de los incidentes.
En el caso 204-2021-54720, donde una mujer fue arrastrada por la corriente de la lluvia hacia una boca de tormenta a la altura de la Privada Campestre en la colonia Hipódromo, lo que le provocó la muerte el pasado 14 de diciembre de 2021, la CEDH determinó que hubo negligencia en el mantenimiento a la alcantarilla por parte de la DOIUM, a cargo de Marco Antonio Campoy Arce, por no colocar las rejillas de protección.
El segundo (204-2022-50677), en el que Hugo Enrique y Rebeca Miranda Olivera perdieron la vida el 8 de noviembre de 2022, luego de ser arrastrados por la corriente del Cañón del Pato al intentar cruzarlo a bordo de un vehículo, se concluyó que hubo negligencia de la DOIUM al no darle mantenimiento al desarenador, pues le hacían falta postes de concreto que retuvieran los sólidos para impedir que subiera el nivel del agua.
El último (204-2023-2115) corresponde al caso de una familia, ambos padres y sus tres hijas de 14, 7 y 5 años, que fueron víctimas del derrumbe de un cerro, el cual los sepultó y desafortunadamente dos de las menores fallecieron, el 16 de enero de 2023. La negligencia de la SDTUA, titulada por Juan Enrique Bautista Corona, radicó en que no se estuvo al tanto de los movimientos de tierra de una construcción, mismos que fueron los detonantes del deslizamiento y no contaban con los debidos permisos.
A pesar de las observaciones de la CEDH, la Fiscalía General del Estado (FGE), sigue sin fincar responsabilidad ni al Ayuntamiento ni a los responsables de las áreas de mantenimiento y revisión de permisos; de hecho los tres casos continúan en investigación.
“Ahorita es -la denuncia- contra quien resulte responsable. Si se establece que hubo una causa de responsabilidad por parte del municipio, se estaría llamando a declarar a los responsables de cada área, y de los responsables de cada área establecer quién es responsable de esa sección y así ir deslindando o llegar hasta la última persona que fue responsable de dicho mantenimiento”, explicó el Fiscal Regional de Tijuana, Rubén Alfredo Maximiliano Ramos Jiménez, sobre el primer caso, sin embargo la misma respuesta aplica para los otros dos.
Aunque el funcionario agregó que ya se está analizando la posibilidad de llamar a declarar a los responsables de cada área de la SDTUA y DOIUM, hasta el cierre de esta edición ninguno había sido citado para ello.
