Por increíble que parezca, en el Poder Judicial de Baja California, donde tienen presupuestados egresos por mil 819 millones de pesos para el ejercicio 2024, sólo 900 mil son para el pago de cursos, capacitaciones y viáticos relacionados con el mismo fin. Contrasta el recurso destinado al desarrollo de habilidades del personal, con el millón 200 mil pesos para la adquisición de pavos navideños.
En entrevista, el magistrado presidente del Tribunal, Alejandro Isaac Fragozo López, comentó que el Instituto de la Judicatura del Estado es un ente que requiere más apoyo y que trabajan a marchas forzadas, sobre todo debido a la necesidad de capacitar al personal para enfrentar el reto que representa el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el cual entrará en vigor en 2027, aunado a que actualmente carece de infraestructura suficiente para atender tal responsabilidad.
Con cuatro investigadores, un director y cuatro trabajadores administrativos -todos en Mexicali-, el Poder Judicial pretende hacer frente a cubrir todas las necesidades de investigación y capacitación para los más de 2 mil empleados de la institución, los cuales alcanzan a cubrir -según sus propias cifras- 42 capacitaciones y cuatro investigaciones publicadas.
Sin embargo, cuando se trata de la implementación de un proyecto mucho más robusto, el Poder Judicial se ve en la necesidad de contratar servicios profesionales con costos millonarios, como los encargados en definir el proyecto específico para la operación del Código Nacional de Procedimientos Civiles.
Con estas carencias, según David de la Rosa Anaya, director del Instituto de la Judicatura, asegura que para los próximos tres años se pretende crear una escuela judicial con la cual se busca ofrecer posgrados y capacitaciones avaladas por instituciones educativas; para ello necesitarían nueve elementos más que aún no se contemplan en el presupuesto.
Mientras el abogado Emiliano Reyna refiere que se eroga gran cantidad de dinero para un Instituto de la Judicatura que no brinda resultados para la comunidad jurídica ni para los propios operadores del sistema, el diputado Juan Manuel Molina cree que magistrados y jueces que buscaron un haber de retiro, deberían ofrecer -de manera forzosa- capacitación y cursos para los nuevos elementos dentro del Poder Judicial, para así justificar el ingreso que se les otorga, pese a que no hubo aportaciones para beneficiarse en muchos de ellos.
CAPACITACIÓN VS PAVOS
En diciembre de 2023, el Poder Judicial destinó un recurso, mediante adjudicación directa, para la adquisición de más de 2 mil pavos de navidad, para la mayoría del personal de la institución, para lo cual destinó un millón 227 mil 660 pesos, según Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Extrañamente, la empresa que vendió los pavos lleva por nombre Distribuidora de Papelerías Gama, SA de CV, radicada en Tijuana desde 2015 y conformada según el Registro Público de Comercio (RPC) a distribuir material de oficina como su principal oferta, pero también instrumentos de tecnología, seguridad y cafetería. Sin embargo, en su página en internet no ofrece comidas navideñas como oferta al mayoreo.
La empresa es propiedad de Néstor Gabriel Márquez Mena, y de Aurelio y Elizabeth Montes Hernández, los cuales la manejan y sostienen diversos contratos con el Poder Judicial y otros entes públicos.
Los pavos forman parte del contrato colectivo de trabajo y son considerados un logro sindical, pero más allá de eso, el Poder Judicial destina -según David de la Rosa- 900 mil pesos para capacitación del personal, de los cuales alrededor de 400 mil son para viáticos de personal o ponentes que acuden a algún municipio a brindar cursos.
En entrevista para ZETA, tanto el secretario general del Consejo de la Judicatura, Carlos Rafael Flores, como De la Rosa Anaya, respondieron a los cuestionamientos relacionados con la erogación del Poder Judicial para capacitar al personal y definir la política o proyectos en beneficio de la institución.
La petición de Acceso a la Información 020058424000205, en poder de este Semanario, refiere que el PJ destina 7 millones 740 mil 665 pesos al Instituto, de los cuales, acorde con el secretario general, la mayoría se van al fondo auxiliar de la dirección.
A esto agregaron que también se cubren sueldos de cuatro investigadores: Mariela Cervantes Williams, quien llevó casos en 2020 en defensa del Ayuntamiento de Tijuana en procesos laborales; Jorge Antonio Monreal Meza (jefe Operativo de Simutra con Gustavo Sánchez); Alejandro Vizcarra Reynoso, ex vicerrector de Xochicalco -universidad donde actualmente se lleva un curso del Instituto de la Judicatura sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares); y Ramiro Eduardo Duarte Bernal, cuya percepción salarial alcanza los 44 mil 408.04 pesos.
En el documento se lee que el PJ destina 590 mil 850 pesos al año para el mantenimiento de la biblioteca, pero tanto el secretario como el director, refirieron que eso corresponde a las instalaciones donde solía encontrarse el Instituto de la Judicatura, y ahora alberga las salas laborales de Mexicali, por lo que se sigue pagando la renta del inmueble, pero ya no es una biblioteca para el Instituto.
La información de la PNT también refiere las publicaciones realizadas por el Instituto de 2010 a 2023, donde se observa que en los primeros dos años se entregaron cinco publicaciones por parte de los investigadores, en 2012 se alcanzó la cifra de seis y, a partir de ese momento, se han publicado entre dos y cuatro textos al año, teniendo los puntos más bajos en 2021 y 2022, con sólo dos.
David de la Rosa Anaya indicó que a su arribo al Poder Judicial como investigador, en la oficina sólo se encontraban él y el director, lo que significa que anteriormente había menos personal y se mantenía el mismo número de investigaciones.
Dentro de los proyectos implementados en 2023 por parte de los investigadores, se trabajó en el Programa Estatal Permanente de Capacitación Práctica para las Salas Especializadas de Unidad de Sala y Justicia Penal Oral, cuyo objetivo es contar con personal que pueda cubrir vacantes en los cargos.
Asimismo, se entregaron los lineamientos del Observatorio Ciudadano de Sentencias de Perspectivas de Género, publicado el 27 de septiembre de 2023; se elaboró un proyecto de Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Acoso Laboral en el PJ, el cual fue presentado el 23 de noviembre del mismo año; y un Programa de Profesionalización en Materia de Derechos Humanos y Perspectiva de Género, autorizado en enero de 2024.
También se impartieron 43 capacitaciones sobre diversos temas, atendiendo a más de 2 mil 800 personas, de las cuales casi la mitad son abogados litigantes. Sin embargo, aproximadamente la mitad de estos cursos y capacitaciones fueron impartidos por abogados particulares, a los cuales se les realizó un pago, dependiendo la cantidad de horas.
Actualmente el Instituto imparte una capacitación de 90 horas impartida por el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, para lo cual abrió una colaboración con la Universidad Xochicalco, donde se atiende a un importante número de funcionarios e interesados en sostener capacitación al respecto.
Un punto interesante es que, mientras personal es capacitado de esta manera, el Poder Judicial contrató al abogado Mauricio Agustín Ontiveros Ornelas, ex director de Gestión de los Juzgados de Oralidad en Guanajuato, quien ha impartido cursos en todo el país, primero relacionados con el tema penal, posteriormente en la justicia laboral y ahora en el mecanismo de funcionamiento del nuevo Código Civil y Familiar, y en Baja California fue firmado para definir los mecanismos para dos proyectos: el Modelo de Gestión Operativa para convertir a los Juzgados Familiares y Civiles del Poder Judicial del Estado de Baja California en Juzgados Corporativos (que tuvo un valor de 5 millones 859 mil 870.28 pesos, según el contrato CONT-SG-49-2023); y el otro relacionado con la misma implementación, pero por poco más de un millón de pesos.
ZETA cotejó dos veces la información y el martes 7 de mayo se encontraba en la plataforma, pero para el miércoles 8 fue borrada. Antes de ello se extrajeron copias.
Carlos Rafael Flores aseveró que todos los poderes judiciales del país están contratando a abogados de Ciudad de México o de otras entidades para diseñar los proyectos o mecanismos de implementación del Código, por lo que tal proyecto es aparte de los trabajos del Instituto de la Judicatura, pues se ofrece a los administradores del Sistema, no así a los jurisdiccionales.
MAGISTRADOS EN RETIRO DEBERÍAN DAR CAPACITACIÓN
En opinión del diputado Juan Manuel Molina, el Instituto de la Judicatura ha dejado a desear, debido a que es poco lo que interviene en las atenciones para los abogados litigantes, también operadores del Sistema.
Recordó que hace dos décadas, la institución era respetada y era ampliamente conocido el alcance que tenían sus ponencias y capacitaciones, por lo que era frecuente que abogados recurrieran para recibir capacitaciones. Sin embargo, se ha perdido ese acercamiento.
Para Molina, debe haber una reforma para que magistrados y jueces en retiro sean enviados a realizar trabajos de investigación o brindar capacitación a las nuevas generaciones de juristas, con la intención de no perder ese conocimiento adquirido e invertido por el propio Poder Judicial; además, que magistrados y jueces que no hicieron aportaciones económicas a su retiro, justifiquen su erogación.
El diputado evocó que algunos magistrados que se ampararon para no aportar un peso al haber de retiro, pero aquellos que se beneficiaron con este recurso podrían impartir clases, cursos o capacitación, con el objetivo de retribuir algo en beneficio del Poder Judicial, y así, ganarse los 61 mil pesos mensuales que perciben.
Respecto a David de la Rosa Anaya, el legislador dijo que su nombramiento como investigador se dio a mediados de 2019, en el último año del gobierno panista, donde -precisamente- los diputados, entre ellos Andrés de la Rosa Anaya, aprobaron el haber de retiro que fue muy benéfico para los togados. Por ello, no descartaría que forme parte de alguna negociación para colocarlo en dicho puesto.
Por su parte, De la Rosa negó tal aseveración y declaró que es la primera vez que escucha un argumento como el expresado por el legislador y que el planteamiento de los magistrados es algo que está sobre la mesa, pero no se ha ejecutado. Justificó que podría ser un planteamiento interesante, ya que el proyecto para los próximos tres años es poner en marcha la Escuela Judicial para posgrados y cursos, algunos incluso con costo, para así financiar el proyecto y, aun cuando no tienen los cimientos de la propuesta, ya forma parte del plan de desarrollo vigente.
A su vez, el secretario del Consejo de la Judicatura consideró que el proyecto es ambicioso porque contempla crear una planta de docentes y personal que tenga representación en toda la entidad, y así fortalecer la investigación en beneficio de los ciudadanos.
