Las imágenes suelen ser brutales. El avance de la tecnología permite a cualquiera enviar mensajes inmediatos y compartir sucesos en tiempo real. Los linchamientos ya no son conocidos por información de boca en boca, declaraciones de testigos o reseñas de medios de comunicación después de que ocurrieron; ahora la violencia colectiva extralegal se transmite en vivo y directo, con el presunto castigo de los delitos en manos de particulares. Sin juicio previo, culpables o inocentes, los inculpados serán lacerados; muchos hasta producir su muerte.
México es uno de los tres países de América Latina que más practica la llamada “justicia por propia mano”, por cada cien mil habitantes, sólo después de Guatemala y Bolivia. Aunque en números absolutos es el primer lugar, de acuerdo con la socióloga Gema Kloppe Santamaría, quien ha estudiado por años el fenómeno. Desafortunadamente en nuestro país no se cuenta con estadísticas certeras porque el linchamiento no está tipificado como delito, sino que del mismo se encuadran los homicidios dolosos, tentativa de homicidio y lesiones.
Son los organismos de la sociedad civil, universidades y alguno que otro ente de gobierno los que se encargan de colectar indicadores sobre los eventos que públicamente se conocen y analizar alguno de sus aspectos. De esa forma, tenemos una divergencia de inventarios sobre los linchamientos consumados y los tentados, que aportan instituciones tanto nacionales como internacionales, pero que en todos los casos demuestran la gravedad de la desconfianza de los mexicanos en sus autoridades de seguridad pública, procuración y administración de justicia.
Y no es para menos la susceptibilidad de la población, en un México donde apenas se sanciona el tres por ciento de los delitos cometidos y el resto pervive en la impunidad. De acuerdo a Latinobarómetro, sólo el 33 por ciento de los mexicanos confía en sus policías. La incapacidad, ineptitud, corrupción, complicidad, el hartazgo y la falta de castigo, traducida en impunidad, son los argumentos de una sociedad que se erige en jurado popular, incita, aplaude y da órdenes a verdugos anónimos para “terminar con la lacra”. Es la justicia de la turba.
De acuerdo con Causa en Común A.C., organización integrada por investigadores, asociaciones civiles y ciudadanos para impulsar el desarrollo de políticas públicas que ayuden a mejorar las condiciones de todas las policías del país, durante los últimos cuatro años se han registrado por lo menos 921 agresiones derivadas de la conocida “justicia por fuera”. Se trata de 125 linchamientos consumados con la muerte de presuntos “criminales” y 787 intentos de linchamiento. (La información está incompleta, pues en el caso de 2022 sólo se pudo obtener la información de enero a octubre).
En 2020, Causa en Común documentó -con base en notas y registros periodísticos- 150 intentos de linchamiento por 39 consumados; en 2021, 279 intentos contra 42 linchamientos; en 2022 destaca 179 tentativas por 29 casos que acabaron en muerte; y en 2023, 179 intentonas contra 19 ajusticiados. Por su parte, el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, advierte que en el periodo de 1992 a 2018 ocurrieron 366 linchamientos consumados en el país, con un promedio de 14 por año. El Centro de Estudios de Seguridad (CSS) de ETH Zurich, Suiza, en su el reporte Lynching in Latin America (LYLA) refiere que de 2000 a 2019 se registraron mil 859 casos de linchamiento, con muertos y heridos, en México, país que ocupa el primer lugar en Latinoamérica, y que tan sólo en la administración del Presidente Andrés López Obrador reporta 550 linchamientos.
Sin embargo, un estudio de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Campus Azcapotzalco, detalla números contrastantes, ya que los investigadores Raúl Rodríguez Guillén y Norma Ilse Veloz Ávila hacen un recuento de mil 619 eventos, entre linchamientos e intentos, durante el periodo de 2016 a 2022, para promediar 22.4 casos totales mensuales en promedio. Estos académicos llevan años dedicados al estudio y tratamiento de los datos de la venganza privada en los tiempos actuales, pero -como se advierte- sus cifras no coinciden con las de otros investigadores y organizaciones que tratan con el fenómeno.
COMUNIDADES BÁRBARAS
La única coincidencia entre quienes analizan los linchamientos son las entidades federativas donde se repiten este tipo de hechos con mayor frecuencia: Puebla, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca, Tabasco y Ciudad de México. En los primeros cinco, la justicia de la turba es prácticamente costumbre. Mientras que los habitantes cuentan con mecanismos de alerta inmediata a través de mensajería instantánea para avisar cualquier actividad sospechosa en sus comunidades, las autoridades proponen protocolos de actuación para prevenir e intervenir cuando estos casos se presenten.
Puebla lidera los estados con más linchamientos. En esta entidad la autoridad sí tiene registros: la Secretaria de Gobernación de Puebla reconoce los casos, pero los “rasura” estadísticamente. De esa forma, tiene reportes de 276 eventos en 2019; 148 en 2020; 97 en 2021: 20 en 2022; y sólo 17 en 2023; es decir, asegura la dependencia que el fenómeno va en descenso. Sin embargo, los sucesos acontecen en San Miguel Canoa, Tehuacán, Amozoc, Atlixco, Chalchicomula de Sesma, Tlahuapan, Tilapa, Izúcar de Matamoros, Palmar de Bravo, Chiautla, San Salvador Huixcolotla y hasta en la capital poblana.
En el Estado de México los sitios con mayor registro de linchamientos e intentos son Ixtlahuaca, Coacalco, Los Reyes La Paz, Amecameca, Ecatepec, Zumpango, Texcoco y Toluca. En Hidalgo figuran Zimapán, Nopala de Villagrán, Tlahuelilpan y Tulancingo. En Tlaxcala se reportan hechos en Apizaco, San Pablo del Monte, Cuapiaxtla, Chiautempan y Calpulalpan. En Oaxaca están Zaachila, San Pablo Huitzo, Santa Rosa, Juchitán y Oaxaca capital. En Tabasco destaca Centla, Comacalco, Nacajuca, Huimanguillo, Cárdenas y Villa Hermosa. Mientras que en Ciudad de México, son las alcaldías de Cuajimalpa y Magdalena Contreras.
La investigadora del Colegio Libre de Estudios Universitarios (CLEU), Campus Guadalajara, Paula Carolina Estrada Aguilera, psicóloga con maestría en Criminología y doctorado en Salud Mental, atribuye que los hechos se registren en zonas geográficas determinadas donde existe falta de cultura de la legalidad e influye el grado educativo de los pobladores, su capacidad socioeconómica, su nivel cultural y la respuesta -o ausencia- de la misma por parte de las autoridades para la solución de los conflictos.
“Si nos vamos a los antecedentes, recordemos que en el Código de Hammurabi se estableció lo que conoce como ‘Ojo por ojo, diente por diente’. Si yo observo que cuando presenté una denuncia, todo el procedimiento tardó de dos a tres años, porque no tengo capacidad de esperar o de empatía sobre la circunstancia o la situación social, entonces yo establezco una cultura con la falta de legalidad. Por lo tanto, yo no creo en la cuestión legal y aprendo que es más fácil que yo me pueda defender y hacer ‘justicia’ ante ciertas circunstancias”, asegura la académica.
Las motivaciones para que un sector de una comunidad actúe violentamente se dan en razón de una percepción ciudadana de falta de seguridad y un abandono de las víctimas, lo que trae como consecuencia una insatisfacción y una intolerancia a la frustración, señala Estrada Aguilera. Por ello los linchamientos se registran en contra de presuntos violadores de niñas, niños y mujeres; robachicos; atropelladores de niños o ancianos; ladrones de casa habitación, transeúntes, vehículos, transporte público, comercios y ganado; secuestradores; extorsionadores o quienes cobran derecho de piso; y por chismes como brujería, personas que esparcen enfermedades o posibles despojos.
El caso de la niña Camila Gómez, asesinada en Taxco, Guerrero, entre el 27 y 28 de marzo últimos, desató la furia de los habitantes del barrio de La Florida, quienes -convertidos en muchedumbre- mataron a la aparente asesina, Ana Rosa, también vecina y mamá de una amiguita de Camila, con la que acudió a jugar en una alberca inflable a su casa. Aparentemente se trató de un secuestro con fines de obtener un rescate, pero la menor fue estrangulada. Videos que se hicieron virales dieron cuenta de la furia de la turba que también atacó a Axel Alejandro, de 21 años, y Juan Alfredo, de 17, hijos de la mujer linchada. Antes y después de Ana Rosa, los linchamientos han estado presentes en la historia bronca de México
POLICÍA ESPECTADORA
La doctora Paula Carolina Estrada Aguilera pone en primer plano la falta de credibilidad de las autoridades, “Si yo no creo en el Estado, no creo en el gobierno, genero un protagonismo de manera indirecta, porque como no le pueden inculpar, esto genera que en su conducta tenga un pensamiento de ‘en este momento yo voy a hacer algo que no está permitido, pero como los demás me están apoyando y no van a conocer mi identidad -como si utilizara una máscara para llevar a cabo dichos eventos que no los haría de manera individual en la sociedad- voy a incitar a los demás a que hagamos un acto aprovechando la circunstancia del hartazgo social y entonces nos aprovechemos para llevar a cabo un linchamiento’”.
La experta en criminología y salud mental refiere que la violencia colectiva se ejecuta en tres pasos, que son: antes, durante y después del linchamiento. “Antes, cuando yo empiezo a incitar a las personas a la violencia, a proyectar esa frustración, ese coraje, hacia esa persona que presuntamente cometió el acto ilícito. Durante, cuando quienes participan en la agresión buscan mayor apoyo de los demás, con frases que causan dolor en las personas de la comunidad y las enardece. Y después, que consiste en ocultarse de lo que se hizo, justificando el acto con el pensamiento de ‘esa persona ya no le va a causar daño a la sociedad’ y piensa que no será sancionada”.
“Recordemos que a lo largo de la historia, dentro de los orígenes de la agresividad, nos lleva a representar una conducta en la que el más fuerte es el que domina; y entonces, si yo violentó a alguna persona, o yo demuestro que soy una persona violenta, podría representar la base del respeto. Eso podría traer como consecuencia que en muchas circunstancias las autoridades ya no se quieran involucrar en esas colonias o zonas geográficas, por los antecedentes generales”, apunta la entrevistada.
Efectivamente, en muchos linchamientos, como en el caso de Ana Rosa, en Taxco, la policía permanece como espectadora, sin intervenir.
Lo mismo ocurrió en el linchamiento del abogado Daniel Picazo Hernández, el 10 de junio de 2022 en Papatlazolco, en Huauchinango, Puebla, cuando la policía no evitó su muerte a golpes y por incineración.
Estrada Aguilera dice que “puede ser que teman ante las circunstancias, pues creo que todas las personas tenemos un instinto de supervivencia. Entonces, se sabe que tienen un deber, que tienen un protocolo para salvaguardar la vida y la justicia de una persona en este país, pero obviamente, si tú estás viendo ciertas circunstancias, puede ser que te detonen la parte del miedo. Existe la evaluación de riesgos para que ellos le puedan dar el seguimiento y puedan disminuir esta naturaleza violenta y aprender a controlar los linchamientos”. Hoy existen 13 órdenes de aprehensión contra esos policías por el delito de incumplimiento de un deber legal y participar en la comisión -por omisión- de homicidio.
Por ello, también un punto de análisis crucial es la comunidad que, como espectadora de estos sucesos, pareciera aprobar la justicia por propia mano. “La sociedad vive en una conectividad social, con base en la indignación de lo que va sucediendo, pero también las cuestiones de la acción en masas te lleva constantemente a tener una misma idea y un sentimiento; aunque sí es importante analizar que como sociedad ya nos estamos acostumbrando a este tipo de eventos, en los cuales pueda existir la justificación del acto porque dañaron a otra persona y la justicia no hizo nada. Sería importante preguntarles a estas personas, que se enteran del hecho y lo aplauden, si se hubieran unido a la base del linchamiento ¿no?”, concluyó Paula Carolina.
LINCHAMIENTOS SEGÚN CAUSA EN COMÚN A.C.
AGRESIONES TRAS CASO CAMILA EN 2024
27 de marzo: En el barrio La Florida, en Taxco, Guerrero, fue asesinada Ana Rosa, acusada por los vecinos de asesinar a la niña Camila, de ocho años, quien acudió un día antes a jugar con su hija en una alberca inflable. Dos hijos de la mujer fueron golpeados y detenidos.
30 de marzo: En Tijuana, cerca de la garita de San Ysidro, un grupo de taxistas tundió a golpes a dos sujetos que presuntamente asaltaban al empleado de un estacionamiento. Los conductores alertados por mensajes, siguieron a los sospechosos y los dejaron tirados en la carretera.
31 de marzo: En Tezonteopán de Bonilla, Huaquechula, Puebla, pobladores amarraron a un adolescente de 16 años, señalado de ratero. La comunidad se activó tras el reporte de presuntos ladrones en la zona. El joven fue salvado por la policía.
8 de abril: En Xitototla, municipio de Zacatelco, en Tlaxcala, dos policías murieron linchados y otro resultó herido a manos de pobladores furibundos por el asesinato de un taxista que fue victimado por robacarros. Un policía murió en el lugar; otro, 12 días después.
12 de abril: Vecinos de la colonia Alemán, en Oaxaca capital, atraparon a un hombre acusado de robo y en pleno periférico lo empezaron a golpear. Automovilistas se detuvieron para unirse al castigo. Cuando el inculpado estaba muy herido esperaron a la policía.
16 de abril: Una turba enardecida pretendió linchar a un presunto ladrón que penetró en una vivienda de la colonia San Salvador Tepexco, en San Pablo del Monte, Tlaxcala. Policías municipales y estatales intervinieron para evitar el crimen.
1 de mayo: En Tepanco de López, Puebla, unos 150 habitantes intentaron hacer justicia por propia mano en contra de un presunto ladrón, quien fue rescatado y detenido por elementos de la policía municipal.
2 de mayo: Policías de San Felipe Teotlancingo, en Puebla, impidieron que un grupo de 100 personas linchara a una pareja señalada de robar objetos en una vivienda. Además de golpearlos, los vecinos incendiaron la camioneta de los inculpados.
5 de mayo: Acusado de robar e intentar el abuso sexual de la empleada de una farmacia en el municipio de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, un hombre de 41 años fue linchado por unas 30 personas. Murió durante el traslado a recibir atención médica.
7 de mayo: Pobladores de Cuatinchán, Puebla, tundieron a golpes y pretendieron linchar a dos adolescentes señalados de amagar a una joven para robarle sus pertenencias y hacerle tocamientos lascivos. Las madres de los presuntos los salvaron.
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LINCHAMIENTO
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos define el linchamiento como el acto de agresión física que lleva a cabo un grupo de personas, incitados por la propia multitud, en contra de una o más personas, con el pretexto de ser supuestamente sancionada(s) por la colectividad por la presunta comisión de una conducta delictiva o en agravio de la comunidad, justificándose en la inoperancia de la autoridad, a la que consideran no sancionará a los responsables; por lo tanto, deciden tomar la justicia en sus manos y castigar de manera corporal, directa e inmediata a los sujetos presuntamente responsables, sin permitirles defensa alguna, lo que puede llegar a provocar su muerte.
