La tarde del 1 de mayo, en audiencia inicial de formulación de imputación el Ministerio Público de la Fiscalía General de Baja California presentó cargos en contra de Roberto Said y Sergio, por el homicidio calificado con premedicación alevosía y ventaja cometido en grado de coparticipación, el 13 de octubre del 2023, en Tijuana, en contra de Mario Martínez, director de la policía de San Quintín.
Se trata de padre e hijo Roberto Rivera Dozal y Said Rivera, así como Sergio Meléndrez como se informó previo a la audiencia, en el avance publicado en la página web de este semanario https://zetatijuana.com/2024/05/caen-presuntos-homicidas-del-director-mario-martinez/.
De acuerdo a lo informado por el MP, los tres sujetos fueron detenidos con órdenes de aprehensión, la noche del 30 de abril del 2024 en diferentes horarios, Sergio a las 20:00 horas, Said a las 20:57 y Roberto a las 21:20 horas.
La FGE informó que el día de los hechos un vecino, “Ángel N”, de la calle Miguel Alemán colonia Infonavit Presidentes, donde ocurrió el crimen, pudo ver a los homicidas a una distancia aproximada de tres metros y los identificó en una ronda fotográfica en la que revolvieron las imágenes de los presuntos responsables con otros cinco sujetos.
De acuerdo a esta versión, Roberto iba en el lugar del conductor del sedán blanco usado por los homicidas, todo tiempo estuvo en el auto; su hijo Said, en el lugar de copiloto, descendió, se acercó la camioneta Pathfinder gris, donde estaba el director Mario Martínez hablando por celular con su pareja, y le disparó en por lo menos 14 ocasiones; en el asiento trasero ubicó como pasajero, a Sergio, quien también bajó armado, pero se quedó a un lado del carro mirando para todos lados.
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La causa de muerte de Martínez fueron heridas perforantes en cráneo, tórax y abdomen.
Como elementos concatenados de prueba, el ministerio público refirió también:
Unos videos que mostraron dos autos en la escena del crimen, el Nissan blanco donde iban los tres detenidos, y una camioneta negra con otros dos cómplices con los que huyeron por la calle José López Portillo. Los cuales se pudieron ver en la zona por lo menos una hora antes del atentado.
Así mismo, refirió una llamada anónima recibida en 27 de octubre en la FGE en la que les informaron, que el asesinato había sido realizado por los tres detenidos y los hermanos Fernando y Uriel Pulido Ríos, e informaron de cinco domicilios en el municipio de San Quintín, dónde podrían encontrar información de los presuntos delincuentes y del homicidio.
Igualmente, detallaron que desde el inició encontraron que en el parachoques trasero de la camioneta que usaba el director encontraron un – GPS- dispositivo geo localizador. Esta información resultó importante porque con orden judicial hicieron seguimiento de la telefonía y ubicación y resultó el que número telefónico de la tarjeta del GPS tenía comunicación con los celulares de los tres detenidos, y registraba ubicación en diversos momentos, en los cinco domicilios denunciados de San Quintín.
Con esos datos obtuvieron órdenes para catear los 5 domicilios en San Quintín el 11 de abril y en dos de ellos encontraron elementos que incorporaron a la carpeta de imputación:
En el número 604 de la calle Santo Domingo de la delegación San Vicente, hallaron una libreta que hacía las veces de directorio telefónico que, además de otras personas, contenía los nombres y números telefónicos de los tres detenidos.
Y en el poblado de Chula Vista, la caja donde presuntamente se vendió el GPS encontrado en la camioneta del director con el número de serie 5539811221.
La fiscalía solicitó la prisión preventiva como medida cautelar, y la defensa aceptó en el caso de los jóvenes Said y Sergio, porque también están detenidos bajo proceso por los delitos de robo a casa habitación y robo de auto. Pero en el caso del mayor Roberto intentó que le modificaran la medida, pero en este momento procesal al juez decidió que se mantuvieran en prisión hasta la siguiente audiencia.
Los detenidos se reservaron su derecho a tomar la palabra y el abogado solicitó un plazo de 144 horas para reunir elementos y poder presentar argumentos antes de que el juez dictamine si los vincula o no a proceso. La audiencia quedó pactada para el domingo 5 de mayo a las 09:30 horas.
Los imputados tienen abogado particular se trata de Ulises Cuevas Silva, también defensor de los policías municipales, detenidos en Ensenada el 24 de abril por la desaparición forzada de Felipe Ortega, los agentes Ricardo Dávila y Brayan Isaac.
(Todos se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP)
También defendió a Salvador Villavicencio presunto integrante de la célula delictiva conocida como Los Venaditos, cuando fue acusado del homicidio de Hiram Rivera Lizárraga, Ministerio Público de Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado (FGE), asesinado a tiros el 28 de abril de 2020, quien fue liberado.
