La Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) confirmó, el 19 de abril de 2024, el auto de libertad en favor de Mario Alberto González Treviño, ex comandante de la Policía Judicial Federal (PJF), acusado del asesinato de Rodolfo Álvarez Farber -ocurrido el 29 de abril de 1993-, quien fuera titular de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, durante el Gobierno de Francisco Buenaventura Labastida Ochoa.
Según lo reportó el diario Reforma, el 1 de mayo de 2024, citando documentos judiciales, la Cuarta Sala Penal del TSJCDMX concluyó que no existían elementos para llevar a juicio a González Treviño, por los delitos de homicidio y asociación delictuosa.
El rotativo basó su información en la cédula suscrita por Ana Lilia Ramírez Ramos, pasante en derecho del Juzgado 43 Penal de la capital de la República, órgano que en primera instancia también dictó la libertad en favor del ex comandante.
González Treviño -quien cotinuaba preso en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur de la Ciudad de México-, no quedó en libertad porque purgaba una condena firme de 49 años de cárcel, por el asesinato de Norma Corona Sapién, defensora de derechos humanos, ejecutada en Culiacán, el 21 de mayo de 1990, aparentemente por orden del capo sinaloense Jesús Héctor Palma Salazar, alias “El Güero Palma”, fundador del Cártel de Sinaloa.
A Corona Sapién la asesinaron cuando indagaba el homicidio de tres abogados -dos venezolanos y un mexicano-, en los que presuntamente estaba involucrado González Treviño. Su muerte dio lugar a la reforma que llevó a la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de los respectivos órganos constitucionales autónomos estatales.
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Los ciudadanos venezolanos eran José Vladimir Arzolay Mendoza, Víctor Julio Suate Peraza y Amaury José Glaciano Planchart, mientras que el mexicano era el abogado sinaloense Jesús Alfonso Güémez Castro.
Algunas publicaciones periodísticas locales señalaron, en aquel entonces, a un grupo de agentes de la PJF, bajo el mando de González Treviño, por el asesinato de siete testigos del homicidio de Corona Sapién, crimenes que ocurrieron días antes de que ratificaran sus testimonios ante un juez.
Los abogados no guardaban relación con el crimen organizado, pero aún así fueron asesinados por conocer al venezolano Clavel Moreno, con quien estudiaron en Sinaloa, personaje que sedujo a Guadalupe Leija Serrano, esposa de “El Güero Palma”, con quien huyó junto con sus dos hijos, a quienes mató en Venezuela, por órdenes Miguel Ángel Félix Gallardo alias “El Jefe de Jefes” o “El Padrino”, fundador del primer cártel que hubo en México, el de Guadalajara.
La PGR acusó al entonces comandante de la Policía Judicial Federal de coordinar el operativo para detener a los cuatro litigantes, quienes fueron encontrados muertos y con signos de tortura en febrero de 1990, así como de participar en el homicidio de la defensora de derechos humanos que investigaba el delito.
En octubre de 1990, Álvarez Farber, en calidad de titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, solicitó y consiguió que un juez ordenara la aprehensión de González Treviño, como autor intelectual de asesinato de la defensora de derechos humanos.
Con base en ese mandato judicial, el 26 de septiembre de 1991, el ahora ex comandante de la PJF, fue aprehendido y desde entonces estuvo preso en el Centro Federal de Readaptación (CEFERESO) No. 1, El Altiplano, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, así como en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, de la capital de la República.
Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) refirió -citada por Reforma- que González Treviño habría ordenado desde la cárcel la ejecución de Álvarez Farber, una acusación que no logró acreditar con indicios suficientes para abrirle un juicio.
El también ex delegado de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR), fue ejecutado cuando hacía ejercicio en el Parque Luis Gonzaga Urbina, coloquialmente llamado Parque Hundido, ubicado en Avenida Insurgentes Sur, en la alcaldía Benito Juárez, de la Ciudad de México.
Un año antes había dejado el cargo de titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, durante el sexenio del gobernador Labastida Ochoa -militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI)-, quien atribuyó el asesinato a una venganza de narcotraficantes protegidos por la PJF y la entonces PGR.
“Yo sé quién lo hizo. Fueron agentes en funciones de la Procuraduría General de la República”, declaró Labastida Ochoa, en junio de 2020, durante entrevista con un medio digital de noticias de Sinaloa.
El 30 de abril de 2023, Policías de Investigación de la FGJCDMX detuvieron al ex comandante de la Policía Judicial Federal, dentro del Reclusorio Preventivo Varonil Sur, por ser el presunto coautor intelectual del asesinato de Álvarez Farber, por lo que enfrentó los cargos de homicidio y asociación delictuosa.
