Antes de dejar de ser la secretaria de la Función Pública, en febrero de 2020, Eréndira Sandoval declaró a propósito de la convocatoria a la primer mega marcha del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y el paro laboral del día siguiente, 9 de marzo, que Andrés Manuel López Obrador era “el Presidente más feminista de la historia contemporánea de México”.
Y no sólo con las vallas con las que suele sitiar el Presidente de México el Palacio Nacional cada 8 de marzo desde aquel 2020, sino con distintas y reiteradas acciones, la declaración de Eréndira Sandoval se va al suelo.
La semana pasada, la primera de mayo de 2024, el Presidente contradijo a su ex colaboradora, cuando con una desbocada furia se lanzó contra dos mujeres activista del país. Primero contra la madre buscadora Ceci Flores el jueves 2 de mayo, y después, el viernes 3 de mayo, contra la presidenta de la organización civil Mexicanos contra la Corrupción, María Amparo Casar.
Ceci Flores, quien se convirtió en buscadora luego que su hijo fue desaparecido hace cinco años, reportó la ubicación y el descubrimiento de un crematorio clandestino en la Ciudad de México, donde, a su saber, había restos de humanos. El Presidente en su conferencia matutina arremetió contra ella, a quien por cierto no ha querido recibir a pesar de las peticiones que en el pasado inmediato hizo la activista para una reunión con el mandatario nacional.
López Obrador se refirió al descubrimiento del crematorio así:
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“Antier salió que habían encontrado un crematorio, pero vinieron de Sonora y de Chihuahua personas que no nos quieren, y que pertenecen al bloque conservador, y que desde luego defienden causas muy justas, desaparición de personas. ¿Quién va a estar en contra de eso? Pero a veces se trafica con el dolor. No se debe administrar la desgracia, no se debe traficar con el dolor humano”.
Ceci Flores es de Sonora, y fue ella quien alertó sobre el crematorio, el cual rápidamente las autoridades provenientes de Morena resguardaron y refirieron que se trataba efectivamente de un crematorio, pero de animales domésticos y no de humanos.
Entonces el Presidente, ya con toda su furia, acusa a una mujer con dolor por su hijo desaparecido, de traficar con el dolor; y la señala de ser parte de esa ala que tanto odia, la del conservadurismo, para justificar su actuar y sus ataques hacia una ciudadana común. Ceci no trafica con el dolor. Ceci padece el dolor de un México donde impera la impunidad, el crimen y la violencia, sobre todo en este sexenio particularmente exacerbado por la política obradorista de abrazos, no balazos, en el combate a la criminalidad organizada y los cárteles de la droga.
Ceci es una mujer que no tiene porqué “querer” al Presidente, al tiempo que realiza una labor que deberían ejercer las autoridades: buscar a los miles de desaparecidos que fiscalías y secretarias han decidido ignorar. La lucha de Ceci Flores no recae en los sentimientos hacia una persona como el Presidente, sino en la indolencia de los gobiernos como el que encabeza López Obrador.
María Amparo Casar también padeció todo el peso del Estado Mexicano que encabeza el titular del Poder Ejecutivo Nacional. Un día después de asegurar que Ceci no lo quiere y que pertenece al grupo conservador al que considera su adversario, el Presidente López Obrador llevó al director de Petróleos Mexicanos a su conferencia en Palacio Nacional, para que explicara un caso de corrupción dentro de la institución.
No se refirió, por ejemplo, a los escándalos de corrupción que en el sexenio de Enrique Peña Nieto fueron consignados públicamente y que mantuvieron en prisión y bajo proceso a quien dirigiera esa institución en aquel sexenio, Emilio Lozoya, quien hoy goza de libertad, y el ex presidente de impunidad con la venia presidencial morenista, sino al caso de un funcionario que falleció hace 20 años y a su viuda, María Amparo Casar, a quien acusó, erigido en Juez, de haber trucado información sobre la causa de muerte de su cónyuge, para cobrar el millonario seguro de vida y una pensión vitalicia que el propio gobierno de López Obrador dejó de pagar hace unos meses.
María Amparo Casar, desde Mexicanos contra la Corrupción, ha evidenciado casos -a partir de investigaciones periodísticas- de corrupción en la presente administración, tal cual lo hizo la misma organización en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Una de las investigaciones más notorias y más publicitadas de la organización civil, fue aquella de la casa gris de Houston, Texas, que fue ocupada por José Ramón López Beltrán, el hijo del Presidente, entre los años 2019 y 2020, cuando ya su padre era mandatario nacional, y que, de acuerdo a la propia indagación periodística, pertenecía a un ejecutivo petrolero cuya compañía sostenía contratos con Pemex.
Aquel fue un duro golpe para el Presidente López Obrador, que tanto ha pregonado la austeridad, sea en la vida pública como en la privada: uno de sus hijos era exhibido de vivir con lujos de los cuales él se queja. Por transmitir tal reportaje, el de la casa gris de López Beltrán, el Presidente arremetió en su momento contra dos periodistas mexicanos: Carlos Loret de Mola, de Latinus, y Carmen Aristegui, de Aristegui Noticias. Hoy, poco más de dos años después de la publicación del reportaje elaborado por Mexicanos contra la Corrupción y Latinus, el Presidente arremetió contra María Amparo Casar, a quien, a través de su director de Pemex, llama como quien encabeza la organización “Mexicanos a favor de la Corrupción”. Además, transgrediendo leyes de protección de datos personales, entre otras, desde la cuenta oficial de la Presidencia de la República en la plataforma X, liberó el expediente que Pemex ha integrado sobre la muerte del esposo de la activista anticorrupción, con fojas oficiales, análisis, investigaciones supuestas, y revelando información sensible y confidencial de ciudadanos, como lo son los hijos de Casar y ella misma.
Por tal derroche de poder, el Instituto de Transparencia ha abierto una investigación de oficio; aunque eso es lo que menos mortifica al Presidente que ocupa de su tiempo, de las instituciones bajo su cargo y el Estado completo, para atacar a mujeres activistas que demuestran, con sus investigaciones y labores ciudadanos, que este País es inseguro, violento y con corrupción, a pesar de un discurso oficial que con cada mañanera pierde credibilidad.
