Un conflicto que data desde inicios del actual sexenio entre los poderes Ejecutivo y Judicial vino a estallar en pleno proceso electoral por señalamientos de corrupción a los más altos niveles al seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura de la Federación (CJF). El considerado estandarte de la honradez del Poder Judicial Federal, “el único que se salva”, decía el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es precisamente el señalado de las presuntas prácticas anómalas: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro en retiro y ex presidente de la Corte hasta hace poco más de un año.
En el ojo del huracán, el señalamiento en contra del ahora asesor de campaña de la candidata de Morena a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, no es menor, puesto que quien dio vista a los órganos correspondientes para que se le investigue, es la actual presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, su sucesora, quien turnó una denuncia recibida de forma anónima, en la que se plantea una presunta red de corrupción encabezada por Zaldívar para presionar e influir en resoluciones de por lo menos unos 70 jueces y magistrados entre 2019 y 2022.
La investigación solicitada por la ministra presidenta de la SCJN fue dirigida el 9 de abril último al órgano correspondiente del Consejo de la Judicatura, por lo que ve a una serie de funcionarios y ex servidores públicos que supuestamente conformaban la red; en tanto que, por lo que ve a Arturo Fernando Zaldívar, el asunto se remitió al propio máximo tribunal de justicia del país para que se dé trámite a la denuncia.
La filtración de esta información a medios de comunicación tuvo la reacción del principal implicado tres días después, al acusar a Piña de meterse a la contienda electoral con tal señalamiento y violar el principio de presunción de inocencia.
Los otros mencionados en la denuncia son Carlos Antonio Alpízar Salazar, ex secretario general de la presidencia del CJF; Jaime Santana Turral, secretario ejecutivo de Disciplina; Arely Gómez González, titular de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del CJF; Edgar Manuel Bonilla del Ángel, ex titular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles; y Netzaí Sandoval Ballesteros, ex titular del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), ahora adscrito a la ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama y hermano de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, ex titular de la Secretaria de la Función Pública (SFP).
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La denuncia anónima destaca que el principal de operador del ministro Zaldívar para presionar, extorsionar y amenazar a los impartidores de justicia era Alpízar Salazar, quien presuntamente actuaba bajo las órdenes de Julio Scherer Ibarra, ex titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República (entre diciembre de 2018 y junio de 2021). La presión era para que jueces y magistrados dictaran resoluciones a favor de sus intereses. El pago era “beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo y hasta dinero, o bien a través de extorsiones y amenazas de cambios de adscripción, inicio de procedimientos de responsabilidad administrativa o suspensiones”.
La imagen pública del ministro en retiro y ex presidente de la SCJN siempre fue la de un hombre intachable durante su ejercicio, aunque se contradijo en sus discursos y se alineó al titular del Ejecutivo. Basta recordar que después de asumir la Presidencia de la Corte el 2 de enero de 2019, seis meses después declaró a El Universal que el crimen organizado se infiltró en el Poder Judicial. El 9 de octubre siguiente, en entrevista para Canal Once, advirtió que el ex mandatario Felipe Calderón Hinojosa lo presionó para resolver ciertos casos. Dos días después dijo que en ese Poder existían focos de corrupción y nepotismo, y el 15 de diciembre de 2021, Zaldívar aseguró que se había acabado la corrupción, aunque nunca aclaró lo de la delincuencia organizada.
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LA RED DE CORRUPCIÓN
El oficio J/108/2024 por medio del que se solicita la investigación a los órganos encargado de la administración, vigilancia, disciplina y de la carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, destaca que las oficinas de Santana Turral y de la ex procuradora general de la República en tiempos de Enrique peña Nieto, Arely Gómez González, eran las áreas más utilizadas para intimidar a impartidores de justicia y obligarlos a dictar resoluciones favorables a los intereses del “sistema corrupto”. Recientemente, el 9 de abril de 2024, Gómez González fue designada auditora especial de desempeño, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en sustitución de Agustín Caso Raphael, quien fue cesado.
Presuntamente, Edgar Manuel Bonilla del Ángel coaccionaba y sobornaba a contratistas de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos para declararse en quiebra. Mientras que de Netzaí Sandoval Ballesteros, el denunciante señala que presionaba a defensores públicos para que implementaran acciones indebidas, citando como ejemplo, cuando instruyó a una subordinada asignada al proceso del Caso Wallace, para alegar la tortura de los acusados y conseguir su libertad. También se le acusa de inflar las estadísticas de amparo, de hostigamiento laboral, así como de enriquecimiento ilícito, porque presuntamente adquirió un penthouse en la zona de Santa Fe, Alcaldía Cuajimalpa, en Ciudad de México.
La denuncia anónima que Norma Piña pide se investigue relata que “una de las formas para obtener resoluciones acordes a sus fines era el ofrecimiento o venta de favores políticos, un ejemplo de los beneficiados es la lista de personas aspirantes para ocupar el cargo de consejero de la Judicatura Federal, propuesta por el Senado en dos mil veintiuno, encabezada por Alejandra Daniela Spitalier Peña, brazo derecho de Zaldívar, en la que se incluyó al magistrado Córdova del Valle y Netzaí Sandoval”.
El denunciante proporciona los nombres de al menos 70 jueces y magistrados que fueron alineados por los operadores del ex presidente de la Corte para participar en los casos encomendados y cumplieron con las órdenes para resolver asuntos en favor de la Fiscalía General de la República (FGR) y el Gobierno Federal. Entre otros menciona a los jueces Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, Iván Aarón Zeferín Hernández y José Artemio Zúñiga Mendoza, quienes habrían obtenido beneficios por su obediencia. Por cierto, algunos de ellos intervinieron en los procesos instruidos a Rosario Robles berlanga y Emilio Ricardo Lozoya.
La denuncia reformulada por la ministra presidenta de la SCJN asevera que “ante la posibilidad de que los citados funcionarios públicos del Poder Judicial de la Federación, en el desempeño de las funciones propias de los cargos señalados, incurrieran en alguna causa de responsabilidad administrativa por la probable comisión de las conductas descritas con antelación; resulta necesario ordenar la práctica de una investigación a efecto de esclarecer los hechos denunciados”. Así se dio trámite a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas para que se recaben los medios de prueba necesarios y se aclare sobre la veracidad y existencia de conductas anómalas o ilícitas.
El caso ventilado públicamente indignó al directamente señalado Arturo Zaldívar, quien rechazó las imputaciones y negó haber presionado a algún magistrado o juez para influir en sus sentencias. Criticó a la ministra presidenta de la SCJN por violar la secrecía de las investigaciones, el principio de presunción de inocencia y el derecho a la defensa, calificándolo como un “golpe bajo” para afectar a la Cuarta Transformación” Por ello, el 16 de abril anunció que solicitará juicio político en contra Norma Lucía Piña por su presunta “intervención indebida en el proceso electoral, el uso faccioso de la Corte y del Poder Judicial de la Federación”.
Por su parte, AMLO salió en defensa del ministro en retiro y acusó linchamiento político: “Ahora hay un debate en contra del ex ministro Zaldívar y dejaron, a diferencia de otros casos, entrar una denuncia anónima y le dieron celeridad, justicia pronta y expedita. Ahora ya se sabe que fue una especie de venganza en contra del ministro Zaldívar”.
El ex mandatario admitió haberse reunido muchas veces con el fiscal general de la República y con Zaldívar para coordinarse en casos de interés para la Presidencia.
Por su parte, en campaña en Guadalajara, la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, negó estar coludida con Norma Piña, y estima que el ministro en retiro Arturo Zaldívar debe rendir cuentas sobre los presuntos actos de corrupción de los que se le acusa.
Desde Lagos de Moreno, donde realizaba labor de proselitismo, el también candidato a la Presidencia por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, hizo un llamado al ex titular del Poder Judicial Federal a dejar que la investigación que existe en su contra siga su cauce, porque a final de cuentas “el que nada debe, nada teme”.
La tarde-noche del miércoles 17 de abril, en un comunicado conjunto, la SCJN y el CJF confirmaron que “el 9 de abril de 2024 la Presidenta de la SCJN y del CJF dio trámite a un escrito anónimo mediante el cual se denunció a diversos funcionarios, entre ellos, un ex Ministro, por la supuesta comisión de conductas que pudieran constituir faltas administrativas. En dicho acuerdo, se consideró que el CJF no tiene competencia para investigar y, en su caso, sancionar los hechos imputados a un ex Ministro”
“En consecuencia, la Unidad de Responsabilidades Administrativas del CJF notificó por oficio al Máximo Tribunal. Por razón secretarial, el 10 de abril, la Secretaría General de Acuerdos de la SCJN incorporó la denuncia en cuestión a otras que se han presentado en casos distintos. El Pleno del Máximo Tribunal resolverá lo conducente”.
También informa que, por acuerdo de la Presidenta del CJF, se inició una investigación de oficio ante la filtración de un archivo que contenía la propuesta de acuerdo firmado de manera electrónica por el titular de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Consejo de la Judicatura de la Federación.
