Marco Antonio Cortés Sánchez, quien fungía como director de la preparatoria militarizada “Enrique Bordes Mangel”, en Tijuana, y quien fuera señalado por actos de hostigamientos al personal docente y administrativo, así como acoso a los alumnos y nepotismo al interior del plantel, ahora fue trasladado a Culiacán, Sinaloa, para dirigir el Centro de Cómputo, Comando y Comunicación.
ZETA documentó a inicios de 2023 las quejas por parte de alumnos y maestros en contra de Cortés Sánchez y de la gente afín a él, la colocación de una cooperativa a precios alterados, la creación de una “policía juvenil”, encargada de castigar a estudiantes y docentes que no cumplieran con lo dispuesto por el director; y el despido del 90 por ciento de los maestros capacitados y con años de experiencia, a cambio de amigos del director, que no contaban ni con los estudios básicos para la docencia.
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De acuerdo a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), Cortés Sánchez laboró del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023, con un sueldo neto inicial de 24 mil 807.22 pesos, con compensaciones mensuales desde 15 mil; sin embargo, en los últimos tres meses de su gestión, su sueldo era de 47 mil 783 pesos, y 19 mil 342 pesos de compensaciones.
Leopoldo Aguilar, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado, comentó a ZETA que, el ahora exdirector, no fue despedido, sino que él renunció al encontrar una mejor oportunidad laboral; sin embargo, personal del plantel mencionó sobre su despido.
Asimismo, en abril de 2023, Aguilar afirmó que, tras las notas publicadas por este Semanario, se habían abierto dos carpetas de investigación ante Control Interno, una por oficio y otra por parte de un docente; pero al ser cuestionado sobre ellas ahora con el nuevo nombramiento, el titular de Seguridad Pública aclaró que no había tales investigaciones.
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El nombramiento de Cortés Sánchez se dio el pasado 6 de marzo, en relevo de Víctor Cisneros, quien había estado en el cargo desde el 2017; y de acuerdo con el portal RíoDoce, llegó junto con el secretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, con quien tenía una oficina aledaña y se ostentaba como asesor financiero, sin tener nombramiento alguno, igual que sucedió cuando se autonombró director de la preparatoria militarizada.
