Alicia Isabel Adriana Bárcena Ibarra, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), anunció, el 6 de abril de 2024, que el personal diplomático que se encontraba en la Embajada de México en Quito, regresará a territorio mexicano en vuelos comerciales, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó, una noche antes, a la canciller, suspender las relaciones diplomáticas con el Gobierno de Ecuador.
Ello después de que la Policía Nacional de Ecuador irrumpió, la noche del 5 de abril de 2024, en la sede de la Embajada de México en Quito, donde arrestó a Jorge David Glas Espinel -vicepresidente ecuatoriano, desde el 24 de mayo de 2013 hasta el 6 de enero de 2018-, a quien el Gobierno de dicho país no otorgó un salvoconducto, para que viajara a territorio mexicano, luego de que la Administración encabezada por el político tabasqueño le otorgó asilo político.
“Por instrucciones del presidente @lopezobrador_ nuestro personal diplomático vuelve a #Mexico de Quito, vía comercial, respaldada x embajadas amigas. Familiares, amigos y compatriotas: ¡México siempre velará por su seguridad y por el respeto a sus derechos! #DiplomaciaContundente”, indicó la canciller mexicana, en su cuenta de la red social X.
Por su parte, María Gabriela Sommerfeld Rosero, titular del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, justificó, el mismo día, el allanamiento de policías y militares en la Embajada de México en Quito, alegando que se llevó a cabo porque había un riesgo de fuga del ex vicepresidente Glas Espinel.
La canciller ecuatoriana detalló, durante una conferencia de prensa, que el 29 de febrero de 2024, el Gobierno de Ecuador solicitó el ingreso a la misión diplomática mexicana, para detener al acusado, pero dicha petición fue negada y añadió que se “agotó el diálogo diplomático”.
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“La decisión del presidente [Daniel Roy Gilchrist Noboa Azín] fue tomada, además, ante un riesgo real de fuga inminente del ciudadano requerido por la justicia, en ejercicio de nuestra soberanía”, aseveró la canciller ecuatoriana, negando perseguir a Glas Espinel, por motivos políticos, raciales o religiosos.
Sommerfield Rosero, quien reiteró que su país era respetuoso del derecho internacional, explicó que el ex vicepresidente tenía dos sentencias ejecutoriadas por delitos comunes y una medida cautelar que le obligaba a presentarse periódicamente ante la justicia, por lo que al recibirlo, la Embajada mexicana contribuyó a que incumpliera dicha obligación, afectando las instituciones democráticas de la nación sudamericana.
La canciller ecuatoriana dijo que Ecuador expresó reiteradamente a México, a través de comunicaciones y reuniones oficiales, que no procedía otorgar asilo diplomático a Glas Espinel, en virtud de lo dispuesto en el artículo 3 de la Convención de Caracas de 1954 y el artículo 1 de la Convención de Montevideo de 1933, las cuales establecen que no es lícito conceder asilo a personas condenadas o procesadas por delitos comunes.
“La Cancillería remitió oportunamente a la Embajada de México toda la información proporcionada por la Corte Nacional de Justicia y Fiscalía General del Estado, sobre las sentencias condenatorias dictadas por los delitos de asociación ilícita y de cohecho, así como sobre la orden de captura dispuesta en su contra por delito de peculado”, añadió Sommerfield Rosero.
Además, la canciller ecuatoriana acusó al presidente de México, de violar el principio de no intervención en asuntos internos, al cuestionar las elecciones de 2023 y “banalizar” el magnicidio de Fernando Alcibíades Villavicencio Valencia -candidato a la presidencia de Ecuador del partido Movimiento Concertación, asesinado el 9 de agosto de 2023-, por lo que declaró persona ‘non grata’ a Raquel Serur Smekela, titular de la Embajada mexicana.
Pese al asilo político otorgado por México a Glas Espineal, la titular de la Cancillería ecuatoriana consideró ilícita dicha concesión, por contravenir la Convención de Viena, ya que, según ella, las misiones diplomáticas no deberían ser utilizadas de forma incompatible con sus funciones.
Sommerfeld Rosero aseveró que “México debió cumplir con las obligaciones contenidas en la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción del 2002 y la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996. Haciendo efectivo el deber de cooperar para prevenir y combatir los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas […] Para Ecuador ningún delincuente puede ser considerado para el asilo”.
Por otra parte, el mismo día, Luisa Magdalena González Alcívar, ex candidata presidencial del Movimiento Revolución Ciudadana y cercana al ex presidente Rafael Vicente Correa Delgado (2007-2017), pidió la renuncia de su ex contrincante y actual presidente ecuatoriano, señalando que no tenía capacidad para gobernar.
Daniel Roy-Gilchrist Noboa Azin, ex candidato del Movimiento Ecuatoriano Unido, ganó, el 15 de octubre de 2023, la segunda vuelta por la Presidencia de Ecuador, según los datos oficiales dados a conocer por el Consejo Nacional Electoral (CNE), del país sudamericano.
González Alcivar afirmó que invadir una Embajada era declarar la guerra a un país y Noboa Azin lo hacía por “un capricho que no se ha visto en las peores dictaduras de América Latina”.
“Ni siquiera Pinochet lo hizo. Este hecho no se vio cuando Julian Assange estuvo en la Embajada de Ecuador en Reino Unido y era requerido por Estados Unidos y Suecia […] Ante los hechos que ha demostrado la incapacidad del presidente Daniel Noboa para gobernar el país, le exigimos que presente su renuncia al cargo”, insistió la también presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana, un partido que tiene una bancada de 51 legisladores en la Asamblea Nacional.
Según reportes de la prensa local, dicho grupo legislativo dejaría de apoyar las iniciativas de Noboa Azin en el Poder Legislativo ecuatoriano, debido a que el actual presidente estableció un acuerdo con dicho partido, para tener el control de la Asamblea Nacional.
