Nueve meses han pasado desde aquel jueves 10 de agosto de 2023, cuando el entonces fiscal general de Baja California, Ricardo Iván Carpio Sánchez, no concluyó su jornada laboral y de manera abrupta enviaron un comunicado de prensa informando de su renuncia por razones personales. Aun así, no lo olvidan. Con todo y sus razones personales, Carpio abandonó la nómina y desapareció de la vida pública. Se sabe que reside en Tijuana, dedicado a la familia y asesor privado de empresas, sin embargo, la mala conducción de la Fiscalía General del Estado que ahora encabeza María Elena Andrade, parece traerlo de regreso, aunque sea como un distractor. Sucede que, a partir de febrero, comandantes, directores y jefes designados por la fiscal, fueron denunciados por hacer acuerdos y cobrar cuotas para proteger a criminales. La gobernadora Marina del Pilar Ávila obligó a Andrade a removerlos y le entregó una lista con personal para suplirlos, en su mayoría agentes del área Antisecuestro, que para los nuevos, huele a Carpio. Fastidiados los suplidos, empezaron a imaginar la posibilidad de su regreso: surgieron páginas web, blogueros y otros comunicadores, algunos relacionados con el controvertido ex mandatario Jaime Bonilla, que se dijeron elegidos por agencias de seguridad de Estados Unidos, desde donde supuestamente les proveyeron información privilegiada de que el ex fiscal se convirtió en “testigo protegido” de aquel gobierno. Curiosamente defienden a la fiscal Andrade, quien trajo consigo a los comandantes de dudosa reputación, al tiempo que aseguran que Carpio delató a sus cómplices, lo que implicaría que el ex fiscal se habría echado, de gratis, un alacrán encima, al admitir ante investigadores estadounidenses, haber cometido delitos junto con los funcionarios corruptos que persiguió y evidenció en su gestión. Parece que más de 270 días no han sido suficientes para que el equipo de Andrade olvide a su antecesor y emprenda una real limpia que dé resultados, lo que a la fecha no se ha visto.
