Jesús Murillo Karam -titular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), del 4 de diciembre del 2012 al 27 de febrero del 2015, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto-, de 76 años de edad, quien fue detenido, el 19 de agosto del 2022, por su presunta responsabilidad en los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia, relacionados con el caso Ayotzinapa, en el cual se le señala de construir la denominada ‘verdad histórica’, salió del Reclusorio Preventivo Varonil Sur, el 12 de abril de 2024.
Según lo informó la cadena Foro TV, el político hidalguense no llevaría brazalete electrónico, debido a que Juan José Hernández Leyva, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, no lo consideró necesario. Sin embargo, tendría prohibido abandonar su domicilio particular -ubicado en Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México-, excepto en casos de atención médica urgente.
Asimismo, se establecería una vigilancia continua en el área perimetral y en los accesos a su domicilio particular, para garantizar su cumplimiento. Como parte de las medidas, Murillo Karam entregará su pasaporte y visa, además de que se le impondría una alerta migratoria, para evitar que abandone la Ciudad de México o el país.
Asimismo, el juez impuso al ex funcionario federal, la obligación de enviar periódicamente su ubicación en tiempo real a la autoridad y remitir por la aplicación móvil WhatsApp, las fotografías del lugar en donde se encuentre. También le prohibió de comunicarse con testigos por vía telefónica o electrónica. Dichas restricciones se mantendrían mientras se encuentre bajo prisión domiciliaria.
Durante la audiencia, Lidia Bustamante Vargas, fiscal de la Fiscalía General de la República (FGR), pidió al juez de control imponer a Murillo Karam un total 15 medidas de seguridad, entre ellas el uso de brazalete electrónico, la prohibición de salir de su domicilio particular, la vigilancia de las entradas y salidas de su casa durante las 24 horas.
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Así como la prohibición de salir de su domicilio particular, autorizar las salidas de su casa sólo con motivos médicos y para atender sus procesos, establecer vigilancia perimetral al inmueble y reportarse cada 15 días a la Unidad de Medidas Cautelares.
La fiscal también pidió al juzgador exigir a Murillo Karam la entrega de su pasaporte y visa, fijar un horario específico para las visitas, establecer un registro para los visitantes y prohibirles a éstos el ingreso de teléfonos y dispositivos electrónicos al domicilio particular del procesado.
Otras de las medidas solicitadas por la FGR fueron la restricción al ex gobernador hidalguense de comunicarse sólo por medios autorizados y por eso dijo que entregaría un dispositivo móvil inteligente al ex titular de la PGR.
El día 4 de abril de 2024, por mayoría de votos y en sesión pública, los integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, otorgaron al ex gobernador de Hidalgo -del 1 de abril de 1993 al 28 de octubre de 1998, el cambio medida cautelar de prisión preventiva domiciliaria.
El citado tribunal federal resolvió el recurso de revisión incidental 28/2024, interpuesto por Murillo Karam, en el proceso que se le seguía por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas, tortura y coalición de servidores públicos, en contra de Felipe Rodríguez Salgado, alias “El Cepillo”, supuesto jefe de sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos, identificado como uno de los supuestos asesinos de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
José Rivas González, juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, aplazó, el 23 de enero de 2024, hasta abril del presente año, la audiencia donde la Fiscalía General de la República (FGR) acusará formalmente al ex titular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, además de que solicitaría una condena de 82 años de cárcel, por su presunta responsabilidad en los delitos desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia, en el caso Ayotzinapa.
Alrededor de las 0:30 horas del 2 de noviembre de 2023 -tras 7 horas de audiencia-, Rivas González, juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, concedió a Murillo Karam, la prisión domiciliaria con brazalete electrónico, en el primer proceso penal que le iniciaron por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia en el caso Ayotzinapa.
En una audiencia de más de 7 horas, el juez de control concedió el cambio de la medida cautelar al ex titular de la extinta PGR, porque estimó que su avanzada edad y sus problemas de salud ya no acreditaban el riesgo de fuga.
A pesar de la oposición de la Fiscalía General de la República (FGR), Rivas González canceló la prisión preventiva justificada y concedió la prisión domiciliaria a Murillo Karam, aunque con medidas adicionales, como la colocación de un brazalete electrónico y la restricción de acercarse a aeropuertos.
Murillo Karam fue titular de la Procuraduría General de la República, del 4 de diciembre del 2012 al 27 de febrero del 2015, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, quien le ordenó investigar el caso los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero. Desde que fue detenido, el 19 de agosto del 2022, fue internado en varias ocasiones, en distintos hospitales, para recibir atención especial por sus diversos problemas de salud.
Con 76 años de edad, el ex funcionario federal fue sometido a una cirugía endarterectomía carotídea de alto riesgo y padece de enfermedad pulmonar obstructiva (EPOC), obstrucción vascular cerebral e hipertensión.
El 29 de junio de 2023, la defensa de Murillo había pedido en una audiencia el cambio de medida cautelar en el mismo proceso, pero Edmundo Manuel Perusquia Cabañas, juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, les negó el beneficio y sólo les concedió la hospitalización del acusado en la Torre Médica del Centro Femenil de Reinserción Social “Tepepan”. Ante ello, la diligencia fue turnada a Rivas González.
La Fiscalía General de la República solicitó, el 7 de junio de 2023, una pena de 82 años de prisión contra Murillo Karam, por su presunta responsabilidad en los delitos desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia, por el caso Ayotzinapa.
Por otra parte, la FGR imputó nuevos cargos contra Murillo Karam, por el probable delito de desaparición forzada de personas, tortura y coalición de servidores públicos en contra alias “El Cepillo”, supuesto jefe de sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos, identificado como uno de los supuestos asesinos de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
¿QUIÉN ES JESÚS MURILLO KARAM?
El político hidalguense, de 76 años de edad, nació en Mineral del Monte, Hidalgo, el 2 de marzo de 1948. Es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), misma institución en la que se desempeñó como docente y jefe del área de Historia entre 1972 y 1974.
Previamente, entre 1970 y 1971, fue titular de la Oficial Mayor del Ayuntamiento de Tulancingo y, en 1972, fungió como titular de la Secretaría General del mismo Gobierno municipal hidalguense.
Tras su paso por la UAEH, en 1975 fue presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tulancingo. Luego de 1976 a 1977 se desempeñó como titular de la Subprocuraduría General de Justicia estatal, durante la Administración del gobernador José Luis Suárez Molina.
De 1977 a 1978 fue secretario auxiliar, en la Secretaría de la Reforma Agraria, siendo titular de la misma Jorge Rojo Lugo -a la vez gobernador con licencia de Hidalgo-, y cuanto éste retorno a la gubernatura, lo nombró titular de la Secretaría General de Gobierno hidalguense, de 1978 a 1979.
Se desempeñó como diputado local en la LI Legislatura, entre 1979 y 1982. En ese mismo año 1982 fue delegado del PRI en el estado de Durango y en 1984 fungió como secretario de Organización del Comité Directivo priista en el Distrito Federal.
De 1985 a 1988 fue diputado federal, en representación del Distrito 6 de Hidalgo, ala LIII Legislatura, en la que fue presidente de la Mesa Directiva y secretario de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, de San Lázaro.
Entre 1989 y 1991 se desempeñó como oficial mayor de la Secretaría de la Reforma Agraria, siendo titular de la misma Víctor Cervera Pacheco, y renunció al cargo para ser postulado y elegido senador de la República, para las Legislaturas LV y LVI, y en donde fue presidente de la comisión dictaminadora en el Colegio Electoral, presidente de la Mesa Directiva en su segundo periodo ordinario de sesiones y presidente de la Comisión de Asuntos Legislativos, así como consejero senador ante el Instituto Federal Electoral (IFE).
Fue elegido COMO gobernador del estado de Hidalgo, ejerciendo el cargo a partir del 1 de abril de 1993, pero solicitando licencia al mismo el 28 de octubre de 1998, para asumir la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública y Readaptación Social, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), que estaba encabezada por Francisco Labastida Ochoa, durante el Gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León.
Posteriormente, fungió, entre 1999 y 2000, como titular de la Subsecretaría de Gobierno de la SEGOB, cargo al que renunció el 4 de mayo de dicho año, para asumir la Secretaría general adjunta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI e integrarse en la campaña de Labastida Ochoa a la Presidencia de México.
En 2001 fue secretario general del CEN priista, y de 2005 a 2005 delegado del partido en el Estado de México. En 2006 fue elegido senador de la República por Hidalgo, y fungió como presidente de la Comisión de Gobernación; así como secretario de la Mesa de Decanos.
En enero de 2007 se registró como candidato a secretario general del CEN del PRI, en fórmula con Beatriz Paredes Rangel. Resultaron ganadores del proceso interno y ambos asumieron sus respectivos cargos el 4 de marzo de ese año y permaneciendo en el mismo hasta el 3 de marzo de 2011. Al término, fue nombrado delegado especial priista en el Distrito Federal.
En 2012 fue elegido por tercera ocasión diputado federal, esta vez por el principio de representación proporcional, a la LXII Legislatura, cargo que ejercería de 2012 a 2015. Asumió como presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro y le correspondió tomar la correspondiente protesta de ley a Enrique Peña Nieto, al asumir como presidente de México, el 1 de diciembre de ese año.
Antes, el mismo Peña Nieto había anunciado que lo propondría al Senado para el cargo de titular de la Procuraduría General de la República (PGR), por lo que solicitó y obtuvo licencia como diputado el 4 de diciembre del 2012. Ese mismo día compareció ante la Cámara Alta, fue ratificado y rindió protesta ante el Pleno como titular de la institución de procuración de justicia.
Fue titular de la PGR, del 4 de diciembre del 2012 al 27 de febrero del 2015, durante el sexenio de Peña Nieto, quien le ordenó investigar el caso los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero.
Fue el encargado de dar a conocer la llamada “verdad histórica” el 27 de enero del 2015, cuando, durante una conferencia de prensa, concluyó que los 43 normalistas fueron ejecutados e incinerados en el basurero del municipio guerrerense Cocula por el grupo criminal de los Guerreros Unidos, porque los señalaron como supuestos miembros de su banda rival, Los Rojos.
“Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente y que ha permitido ejercitar acción penal en contra de los 99 involucrados que han sido detenidos hasta hoy”, indicó el entonces titular de la ahora extinta Procuraduría General de la República.
Murillo Karam citó como evidencia de la “verdad histórica”, el contenido de 487 peritajes, 156 inspecciones ministeriales, 386 declaraciones y 39 confesiones de los implicados directamente en el crimen masivo ocurrido el 26 de septiembre entre Iguala y Cocula. Además, la PGR exhibió las declaraciones ministeriales y confesiones videograbadas de Patricio Reyes Landa, “El Pato”, y Felipe Rodríguez Salgado, “El Terco”, dos personajes claves en la presunta ejecución e incineración de los normalistas.
Tras su renuncia a la PGR, el 27 de febrero de 2015, fue sustituido en dicho cargo por Arely Gómez González y fue nombrado por Peña Nieto como titular de la Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) del Gobierno Federal, donde permaneció hasta el 27 de agosto del mismo año.
Fue detenido, el 19 de agosto del 2022, por agentes de la Fiscalía General (FGR) y de la Secretaría de Marina (SEMAR), quienes ejecutaron una orden de aprehensión por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia.
