Son 134 los maestros en Baja California los que están sujetos a investigación por presuntamente haber cometido actos de abuso, hostigamiento y acoso, tanto laboral como sexual, tan sólo en el periodo de 2022 a la fecha, esto de acuerdo a datos de la misma Secretaría de Educación del Estado. Mexicali y Tijuana concentran la mayor cantidad de casos con el 51 y 30 por ciento, respectivamente.
Al menos 69 casos son de Mexicali, 37 documentados en 2022: 15 por abuso, 10 por hostigamiento y 12 por acoso laboral o sexual; en 2023 fueron 24: 12 de abuso, ocho de hostigamiento y cuatro de acoso; en lo que va de 2024 han sido ocho: tres por abuso y cinco por acoso.
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Tijuana registró 41. En 2022 fueron 22: cinco por abuso y 17 por acoso laboral o sexual; en 2023 fueron 18: seis por abuso, ocho por hostigamiento y cuatro por abuso; mientras en 2024 va un caso por abuso. Tecate tiene 10: dos de 2022 por hostigamiento; seis de 2023: cuatro por hostigamiento y dos por acoso; y en 2024 lleva dos, ambos por hostigamiento.
Ensenada también registró 10 casos; de ellos, la mitad se documentó en 2022 por acoso laboral o sexual y en 2023 se denunciaron otros cinco, cuatro por acoso y uno por hostigamiento. Por su parte, San Quintín tiene cuatro asuntos: uno de 2022, del cual no se indicó el presunto delito y tres de 2023: dos de abuso y uno de hostigamiento.
Cuestionado por ZETA sobre el tema, el secretario de Educación del Estado, Gerardo Arturo Solís Benavides, reconoció: “No estamos exentos de que un funcionario en una escuela cometa un acto reprobable y por eso hay protocolos. Han sucedido casos con directivos y maestros, no necesariamente de acoso o abuso sexual; caen en otro tipo de incidencias, en situaciones de acoso laboral. El directivo y maestro está expuesto a muchas quejas por, a lo mejor, excesos emocionales, una situación de abuso o acoso o de violencia porque le pegó al niño. Son diversas cosas que suceden en un ambiente escolar; no estamos exentos”, mencionó.
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Sobre las investigaciones, el funcionario explicó que los casos atendidos se inician a raíz de la presentación de la denuncia de la parte afectada ante la Fiscalía y una vez que se les hace del conocimiento, es el Órgano Interno de Control de la misma Secretaría de Educación el que está facultado para también investigar y sancionar, pero de manera administrativa: primero suspendiendo al docente o directivo provisionalmente y, en caso de comprobarse por la autoridad competente su responsabilidad, se le separa del cargo definitivamente.
Sin embargo, de acuerdo a información de la dependencia en ninguno de los casos se ha suspendido de manera definitiva a un maestro o directivo, pues “hasta no tener una sentencia definitiva por parte de la autoridad competente, a los trabajadores involucrados se les suspende de su relación laboral y su salario de manera temporal”.
