Jesús Murillo Karam -titular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), del 4 de diciembre del 2012 al 27 de febrero del 2015, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto-, sería custodiado por 10 elementos de la Guardia Nacional, durante la prisión domiciliaria que llevará desde su casa, ubicada en Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México.
El ex gobernador de Hidalgo, de 76 años de edad, fue detenido, el 19 de agosto del 2022, por su presunta responsabilidad en los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia, relacionados con el caso Ayotzinapa, en el cual se le señala de construir la denominada ‘verdad histórica’, salió del Reclusorio Preventivo Varonil Sur, el 13 de abril de 2024.
Luis Rodríguez Bucio -ex comandante general de la Guardia Nacional-, y actual titular de la Subsecretaría de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detalló que el juez de control le concedió a Murillo Karam la prisión domiciliaria, al considerar que no existía riesgo de fuga del procesado.
“Sin embargo, instruyó que la Guardia Nacional proporcione seguridad periférica al domicilio, la Guardia le ha proporcionado actualmente 10 elementos”, detalló el funcionario federal, durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.
El subsecretario también comentó que, durante la audiencia llevada a cabo el 12 de abril de 2024, el juez federal fijó las medidas de control que asegurarían el cumplimiento de la prisión domiciliaria de Murillo Karam.
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El ex titular de la extinta Procuraduría General de la República fue trasladado, un día después, desde la Torre Médica del Centro Femenil de Reinserción Social “Tepepan”, rumbo a su domicilio particular, ubicado en Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México.
Según lo informó la cadena Foro TV, el político hidalguense no llevaría brazalete electrónico, debido a que Juan José Hernández Leyva, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, no lo consideró necesario. Sin embargo, tendría prohibido abandonar su domicilio particular, excepto en casos de atención médica urgente.
Asimismo, se establecería una vigilancia continua en el área perimetral y en los accesos a su domicilio particular, para garantizar su cumplimiento. Como parte de las medidas, Murillo Karam entregará su pasaporte y visa, además de que se le impondría una alerta migratoria, para evitar que abandone la Ciudad de México o el país.
Además, el juez impuso al ex funcionario federal, la obligación de enviar periódicamente su ubicación en tiempo real a la autoridad y remitir por la aplicación móvil WhatsApp, las fotografías del lugar en donde se encuentre. También le prohibió comunicarse con testigos por vía telefónica o electrónica. Dichas restricciones se mantendrían mientras se encuentre bajo prisión domiciliaria.
Durante la audiencia, Lidia Bustamante Vargas, fiscal de la Fiscalía General de la República (FGR), pidió al juez de control imponer a Murillo Karam un total 15 medidas de seguridad, entre ellas el uso de brazalete electrónico, la prohibición de salir de su domicilio particular, la vigilancia de las entradas y salidas de su casa durante las 24 horas.
Así como la prohibición de salir de su domicilio particular, autorizar las salidas de su casa sólo con motivos médicos y para atender sus procesos, establecer vigilancia perimetral al inmueble y reportarse cada 15 días a la Unidad de Medidas Cautelares.
La fiscal también pidió al juzgador exigir a Murillo Karam la entrega de su pasaporte y visa, fijar un horario específico para las visitas, establecer un registro para los visitantes y prohibirles a éstos el ingreso de teléfonos y dispositivos electrónicos al domicilio particular del procesado.
Otras de las medidas solicitadas por la FGR fueron la restricción al ex gobernador hidalguense de comunicarse sólo por medios autorizados y por eso dijo que entregaría un dispositivo móvil inteligente al ex titular de la PGR.
El 15 de abril de 2024, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Sur, amplió cuatro meses el plazo de la investigación complementaria en dicha causa penal, mismo que vencerá el 10 de agosto del presente año.
El ex funcionario federal solicitó dicha prórroga, porque aún no había recabado en su proceso algunas pruebas, como las entrevistas a mandos de la Fiscalía General de la República y del Centro Nacional de Inteligencia, así como documentales de otras carpetas de investigación.
El día 4 de abril de 2024, por mayoría de votos y en sesión pública, los integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, otorgaron al ex gobernador de Hidalgo -del 1 de abril de 1993 al 28 de octubre de 1998, el cambio medida cautelar de prisión preventiva domiciliaria.
El citado tribunal federal resolvió el recurso de revisión incidental 28/2024, interpuesto por Murillo Karam, en el proceso que se le seguía por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas, tortura y coalición de servidores públicos, en contra de Felipe Rodríguez Salgado, alias “El Cepillo”, supuesto jefe de sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos, identificado como uno de los supuestos asesinos de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
José Rivas González, juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, aplazó, el 23 de enero de 2024, hasta abril del presente año, la audiencia donde la Fiscalía General de la República (FGR) acusará formalmente al ex titular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, además de que solicitaría una condena de 82 años de cárcel, por su presunta responsabilidad en los delitos desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia, en el caso Ayotzinapa.
Alrededor de las 0:30 horas del 2 de noviembre de 2023 -tras 7 horas de audiencia-, Rivas González, juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, concedió a Murillo Karam, la prisión domiciliaria con brazalete electrónico, en el primer proceso penal que le iniciaron por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia en el caso Ayotzinapa.
En una audiencia de más de 7 horas, el juez de control concedió el cambio de la medida cautelar al ex titular de la extinta PGR, porque estimó que su avanzada edad y sus problemas de salud ya no acreditaban el riesgo de fuga.
A pesar de la oposición de la Fiscalía General de la República (FGR), Rivas González canceló la prisión preventiva justificada y concedió la prisión domiciliaria a Murillo Karam, aunque con medidas adicionales, como la colocación de un brazalete electrónico y la restricción de acercarse a aeropuertos.
Murillo Karam fue titular de la Procuraduría General de la República, del 4 de diciembre del 2012 al 27 de febrero del 2015, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, quien le ordenó investigar el caso los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero. Desde que fue detenido, el 19 de agosto del 2022, fue internado en varias ocasiones, en distintos hospitales, para recibir atención especial por sus diversos problemas de salud.
Con 76 años de edad, el ex funcionario federal fue sometido a una cirugía endarterectomía carotídea de alto riesgo y padece de enfermedad pulmonar obstructiva (EPOC), obstrucción vascular cerebral e hipertensión.
El 29 de junio de 2023, la defensa de Murillo había pedido en una audiencia el cambio de medida cautelar en el mismo proceso, pero Edmundo Manuel Perusquia Cabañas, juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, les negó el beneficio y sólo les concedió la hospitalización del acusado en la Torre Médica del Centro Femenil de Reinserción Social “Tepepan”. Ante ello, la diligencia fue turnada a Rivas González.
La Fiscalía General de la República solicitó, el 7 de junio de 2023, una pena de 82 años de prisión contra Murillo Karam, por su presunta responsabilidad en los delitos desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia, por el caso Ayotzinapa.
Por otra parte, la FGR imputó nuevos cargos contra Murillo Karam, por el probable delito de desaparición forzada de personas, tortura y coalición de servidores públicos en contra alias “El Cepillo”, supuesto jefe de sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos, identificado como uno de los supuestos asesinos de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
