El domingo 31 de marzo de 2024 el Congreso de Baja California aprobó con 22 votos a favor, cero en contra y una abstención, la Ley Sobre Desaparición y Búsqueda de Personas para el Estado, sin embargo, como muchos de los integrantes de los colectivos de familiares de desaparecidos temían, algunas de sus propuestas más importantes fueron dejadas de lado o modificadas, lo que a sus ojos la hace “incompleta”.
Entre las propuestas de los colectivos que no se incluyeron están reconocer de manera formal las células de búsqueda municipales e incrementar el presupuesto a la Comisión Local de Búsqueda año con año.
En cambio, otras propuestas fueron modificadas, como que para elegir al Comisionado de Búsqueda se asentara el “no haber sido condenado por la comisión de un delito doloso o inhabilitado como servidor público”, lo que se cambió por “no estar inhabilitado como persona servidora pública ‘al momento’ de su designación” (Capítulo Segundo de la Comisión Local de Búsqueda, Artículo 27 fracción II).
Como justificación, el Congreso Local argumentó que “La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que este tipo de impedimentos generalizados atenta contra el principio de igualdad y seguridad jurídica, pues en la forma en que se propuso no se distingue si se trata de una sentencia definitiva o no”.
Otra modificación que molestó mucho a los activistas es la de exentar del pago al exhumar cadáveres, pues en promedio pueden llegar a gastar entre 45 mil y 90 mil pesos. No obstante, la consigna fue cambiada por “Establecer ‘facilidades administrativas’ en el pago de derechos por inhumaciones y exhumaciones cuando estos tengan relación con la búsqueda y localización de una persona desaparecida” (en el Título Tercero, Capítulo Séptimo, Artículo 63 fracción VIII), lo que molestó a los activistas.
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“Es injusto que aparte de obligar a las familias a buscarlos ellos mismos, los obliguen a pagar exhumaciones de su misma fosa común, donde siempre estuvieron y no debieron estar. Si realmente hicieran su trabajo todas esas personas jamás hubieran llegado a fosa común”, criticó Paula Sandoval, vocera del Movimiento Estatal Unidos por los Desaparecidos de Baja California que aglutina a siete colectivos del estado.
ZETA entrevistó a la diputada Dunnia Montserrat Murillo López acerca de las propuestas que no se incluyeron y las que fueron modificadas en la ley, a lo que justificó que éstas se hicieron por parte de la entonces diputada Rocío Adame (quien dejó el cargo para contender por la alcaldía de Rosarito en las próximas elecciones), junto al equipo del Poder Ejecutivo: sin embargo, comentó que el objetivo principal de la creación legislativa de “garantizar la protección integral de los derechos de todas las personas desaparecidas y sobre todo familiares”, sigue siendo la misma.
