Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ordenó, desde el 9 de abril de 2024, al órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y de la carrera judicial del Poder Judicial de la Federación (PJF), investigar a los principales colaboradores de su antecesor, Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, por una denuncia que los acusaba de conformar un “sistema corrupto” -que incluyeron extorsiones y amenazas-, para presionar e influir en las decisiones de jueces y magistrados.
Sin embargo, debido a que el Consejo de la Judicatura Federal no tiene facultades sobre la la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Piña Hernández también instruyó remitir el caso particular del ex ministro, a la SCJN, para darle trámite a la denuncia.
Zaldívar Lelo de Larrea fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -nominado por el entonces mandatario nacional, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y ratificado por el Senado, del 1 de diciembre de 2009 al 15 de noviembre de 2023, cuando renunció al cargo- y fungió como presidente de la SCJN y del CJF, del 2 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2022.
Según un oficio emitido el 9 de abril del presente año, para aperturar la investigación J/108/2024, el CJF abrió dicho expediente con base en una denuncia anónima, que acusó a Zaldívar Lelo de Larrea, como el principal responsable de presionar a impartidores de justicia y de vulnerar la independencia judicial, entre 2019 y 2022.
“Ejerció presión sobre titulares de órganos jurisdiccionales, a través de Carlos Antonio Alpízar Salazar, con el objeto de que resolvieran a favor de sus intereses, prometiendo beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo y hasta dinero, o bien a través de extorsiones y amenazas de cambios de adscripción, inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa o suspensiones”, se detalla en el documento.
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Asimismo, el texto señaló que uno de sus principales operadores para extorsionar y amenazar a los juzgadores era Carlos Antonio Alpízar Salazar, ex secretario General de la Presidencia del CJF, quien según la persona anónima, actuaba bajo las órdenes de Julio Scherer Ibarra, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), desde el 1 de diciembre de 2018 hasta su renuncia el 2 de septiembre de 2021, durante el Gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El oficio también detalló que la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, entonces a cargo de Jaime Santana Turral, y la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del CJF, cuando su titular era Arely Gómez González, eran las áreas más utilizadas para intimidar a impartidores de justicia y obligarlos a dictar sentencias a modo.
Gómez González -ex titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR), durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto-, fue nombrada, el 9 de abril de 2024, como nueva auditora especial de desempeño, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en sustitución de Agustín Caso Raphael, quien fue destituido.
Otras personas a las cuales el CJF comenzó investigar son Edgar Manuel Bonilla del Ángel, ex titular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, porque supuestamente coaccionaba y sobornaba a contratistas de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX), para declararse en quiebra.
El CJF también ordenó investigar a Netzaí Sandoval Ballesteros, ex titular del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) -ahora adscrito a la ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama-, hermano de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, ex titular de la Secretaria de la Función Pública (SFP), 1 de diciembre de 2018 al 21 de junio de 2021, durante la Administración de López Obrador, así como de Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, diputado federal, del grupo legislativo de Morena en San Lázaro.
A Sandoval Ballesteros lo denunció la persona anónima, porque presumiblemente presionaba a defensores públicos para que implementaran acciones indebidas, por ejemplo, cuando instruyó a una subordinada asignada al proceso del Caso Wallace, para alegar la tortura de los acusados y conseguir su libertad a toda costa.
La persona anónima también acusó al ex titular del IFDP, de inflar las estadísticas de amparo, de hostigamiento laboral, así como de enriquecimiento ilícito, porque presuntamente adquirió un penthouse en la zona de Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa.
La denuncia identifica con nombre y apellido a 70 jueces y magistrados, supuestamente presionados e intimidados por los operadores de Zaldívar Lelo de Larrea, así como también a los que aceptaron participar voluntariamente en las “corruptelas” y obedecieron sus instrucciones, para dictar fallos en favor de la Fiscalía General de la República (FGR) y el Gobierno Federal.
Entre estos últimos, se señalan a los jueces Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, Iván Aarón Zeferín Hernández, José Artemio Zúñiga Mendoza, así como de los magistrados Fernando Córdova del Valle -en la actualidad adscrito Segundo Tribunal Colegiado de Apelación, del Segundo Circuito, con sede en Toluca, Estado de México- y Jaime Santana Turral, quien estaba a cargo de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del CJF.
Según la denuncia de la persona anónima, estos jugadores resolvieron los casos de la forma en que les fue señalada y a cambio obtuvieron beneficios como la total impunidad en las quejas que les instruía el CJF, cursos internacionales, licencias, nula revisión de declaraciones patrimoniales, adscripciones a modo o asignación en juzgados estratégicos.
“Una de las formas para obtener resoluciones acordes a sus fines era el ofrecimiento o venta de favores políticos. Un ejemplo de los beneficiados es la lista de personas aspirantes para ocupar el cargo de consejero de la Judicatura Federal, propuesta por el Senado en dos mil veintiuno, encabezada por Alejandra Daniela Spitalier Peña, brazo derecho de Zaldívar, en la que se incluyó al magistrado Córdova del Valle y Netzaí Sandoval”, aseveró la denuncia.
En consecuencia, “ante la posibilidad de que los citados funcionarios públicos del Poder Judicial de la Federación, en el desempeño de las funciones propias de los cargos señalados, incurrieran en alguna causa de responsabilidad administrativa por la probable comisión de las conductas descritas con antelación; resulta necesario ordenar la práctica de una investigación a efecto de esclarecer los hechos denunciados”, refirió la denuncia.
“Se ordena el inicio de la investigación y se otorga para su trámite a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas las más amplias facultades a efecto de que se recaben los medios probatorios que resulten necesarios para el esclarecimiento de las conductas denunciadas y, con ello, estar en condiciones de establecer la existencia o no de alguna falta administrativa y, en su caso, el vínculo de atribuibilidad con alguno de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación señalados o con cualquier otro sujeto de responsabilidad que resulte implicado”, agregó la persona anónima.
El 12 de abril de 2024, Zaldívar Lelo de Larrea acusó a la actual presidenta del máximo tribunal constitucional, su predecesora, de meterse a la contienda electoral, luego de que se diera a conocer una investigación en su contra.
Durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, en la cadena Radio Fórmula, el ex ministro dijo sentirse tranquilo y rechazó que hubiera presionado a algún magistrado o juez, para influir en su toma de decisiones.
“Me parece muy grave que quien tendría que cuidar el Estado de derecho viole el principio de presunción de inocencia, la secrecía de las investigaciones, el derecho de defensa y es claramente que la intención es participar en la contienda electoral ante un escenario que están viendo problemático para ellos en el sentido que se pudieran acabar sus privilegios”, declaró Zaldívar Lelo de Larrea.
Además, el ex ministro consideró que la investigación en su contra derivó de la preocupación de sus ex homólogos, que veían cercana una reforma al Poder Judicial de la Federación. No obstante, la calificó como un “golpe bajo” para afectar a la denominada “Cuarta Transformación”.
“Esto es un hecho inédito, nunca se había abierto una investigación así, mucho menos a un expresidente de la Corte, a tantas personas que han servido al Poder Judicial y es una cacería de brujas, una especie de inquisición. Veo que hay preocupación en la oficina de la ministra Piña por el resultado de la elección, que, supongo, ya lo dan por descontado”, enfatizó Zaldívar Lelo de Larrea.
“Es un dia histórico para nuestro país. Por primera vez una mujer ocupa la presidencia de la SCJN y el CJF. Felicito a mi querida amiga la Ministra Norma Piña por haber roto uno de los más altos techos de cristal. Le deseo el mayor de los éxitos en su gestión al frente del PJF”, escribió Zaldívar Lelo de Larrea, el 2 de enero de 2023, cuando concluyó su cargo en el máximo tribunal constitucional.
