Ciro Rojas camina por las calles dentro del Parque Industrial Las Californias, ubicado sobre el Corredor Palaco, en la Zona Industrial de Mexicali. Viste discreto y solicita que no se le tomen fotografías, pero acepta dar testimonio de lo que ocurrió dos décadas atrás.
Apunta hacia un gran almacén que fue ocupado por la empresa Flor de Baja, SA de CV, filial de un conglomerado de las empresas Brown International Corporation, General Citrus Inc; Citrus Equipment Corporation, General Citrus International Inc y Cal-Flor Corporation.
Publicidad
Explicó que fue su lugar de trabajo durante cuatro años, laboraba en esa empacadora de aguacate y guacamole junto a más de cien personas.
El 15 de abril se cumplirán 21 años de que Ciro y el resto de sus compañeros fueron llamados por el gerente de la empresa, Luis Alfonso Caballero Camou, para informarles que cerrarían. Pidió sus firmas en un documento para respaldar el procedimiento de la empresa y protegerlos. Nunca se imaginaron que el papel terminó siendo su carta de renuncia voluntaria.
Rojas relata que después de firmar, Caballero los encerró en unos frigoríficos -apagados- durante dos horas, cuando los dejó salir, ya no estaban los documentos signados y los despachó sin brindar mayores explicaciones.
Publicidad
Ese ha sido uno de los episodios más emblemáticos de la impunidad con la que una empresa golondrina puede operar en Baja California, instalándose con gran capital y retirándose sin indemnizar a los trabajadores. Dejaron activos y maquinaria, pero la lentitud natural o servil del sistema de justicia bajacaliforniano, impidió que los embargaran antes que se los llevaran.
Tras la impune huida de la empresa, los empleados iniciaron un extenso proceso judicial laboral que duró aproximadamente seis años. Durante ese tiempo hicieron protestas en las oficinas del Poder Ejecutivo, intentaron evitar que retiraran maquinaria, pero conforme pasaron los meses, las manifestaciones públicas se fueron apagando ante la resignación y cansancio de los afectados, obligados a buscar un nuevo trabajo para mantener a sus familias.
Ciro cuenta que luego de seis años, en 2009, la justicia laboral les dio la razón a los trabajadores, pero cuando se intentó ejecutar la sentencia, no había nadie para responder, el presidente era Scott Alexander; el vicepresidente, L. Bruce Alexander y Veryle D. Lund. No volvieron a Baja California, nadie pudo cobrar su finiquito.
En esta historia, como en otras, no hubo Ley Federal del Trabajo, Constitución ni gobierno que protegiera los derechos de cientos de víctimas.
ZETA realizó una revisión en el Registro Público de Comercio (RPC) de la Secretaría de Economía, encontrando que la empresa no hizo movimientos por 13 años, hasta que el 22 de febrero del 2016, cuando registraron una acción realizada en 2003, revocaron el nombramiento de gerente a Caballero Camou y colocaron a Everett J. Taylor como administrador temporal para todas las responsabilidades que tendrían que ejecutarse.
Para este trámite, la representante legal de la mencionada empacadora golondrina fue Mayra Julieta Acosta Chávez, la misma abogada que hace unos días participó en una mesa de trabajo en el Congreso del Estado de Baja California como defensora de los empresarios en contra del proyecto presentado por la diputada Michel Sánchez Allende para sancionar a las empresas que huyen dejando a los empleados en el desamparo.
Otro de los representantes legales de la empresa abusiva fue Carlos Vega Kuri, quien
durante la administración de José Guadalupe Osuna Millán (2007-2013) encabezó la incubadora Empreser, organismo investigado por presunto mal manejo de los recursos públicos entregados por la Secretaría de Economía, entonces dirigida por Alejandro Mungaray Lagarda.
10 EMPRESAS DETECTADAS POR AÑO
Actualmente, en poco más de dos años de gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha detectado aproximadamente 25 empresas consideradas como golondrinas en BC, de las cuales cuatro se encuentran en proceso de negociación para cubrir con sus responsabilidades.
Otras simplemente desaparecieron sin pagar a sus empleados, como es el caso de la maquiladora KH Yellow en Ensenada, donde el propietario Kevin Choi, de origen coreano -también dueño del restaurante 260-, cerró la fábrica de manera definitiva y rescindió a 70 trabajadores con nueve y once años de antigüedad, sin explicaciones y sin finiquito.
LA LEY ANTIGOLONDRINAS
El planteamiento presentado por el Poder Legislativo y próximo a aprobarse al concluir las mesas de trabajo con diversos sectores, pretende tipificar en el Código Penal de Baja California una serie de conceptos llamado delitos contra el trabajo y la previsión social.
Tiene como objetivo sancionar a las empresas “que llegan al Estado, se instalan, contratan personal, y de forma arbitraria y sin previo aviso o notificación, cierran sus operaciones sin terminar formalmente con las relaciones laborales, o bien, cierran operaciones sin haber cubierto la totalidad de sus créditos laborales”, refiere la exposición de motivos.
El planteamiento de Acosta Chávez, la legisladora proponente, es calificar como delito y sancionar seis conductas por considerarse abusivas:
I. Pagar a sus trabajadores salarios inferiores al mínimo vigente en la región;
II. Retrasar el pago de los salarios devengados por más de diez días;
III. Pagar los salarios de los trabajadores en -especie- mercancías, vales, fichas, tarjetas o en moneda que no sea del curso legal;
IV. Retener, en todo o en parte, los salarios de los trabajadores, en concepto de
multa, deuda, o por cualquier otro que no esté autorizado legalmente;
V. Pagar los salarios de las y los trabajadores en tabernas, cantinas, casinos,
prostíbulos o en cualquier otro lugar de vicio, salvo que se trate de su lugar de
trabajo;
VI. Obligar a las y los trabajadores a realizar jornadas sin tiempo de descanso que
excedan de once horas en las labores diurnas y de siete en las nocturnas;
VII. Imponer labores insalubres o peligrosas y trabajos nocturnos a las mujeres y a
los jóvenes menores de 18 años sin su consentimiento previo;
VIII. Violar sin causa justificada en perjuicio de los trabajadores, los convenios
formalizados ante tribunales en Materia Laboral del Estado, los Centros de
Conciliación del Estado o ante las y los funcionarios o empleados de ésta que
sean competentes para autorizar semejantes convenios;
IX. Sostener u organizar directa o indirectamente, por sí o por interpósita persona, sindicatos blancos dentro de las negociaciones, o por cualquier otro medio procurar divisiones o discordias entre las organizaciones de trabajadores legalmente reconocidas;
X. No participar de las utilidades a sus trabajadores, una vez que éstas están
legalmente comprobadas;
XI. Cerrar operaciones, cambiar de domicilio o impedir el acceso al lugar de
trabajo a las y los trabajadores, sin haberles despedido o cubierto los salarios,
primas, indemnización, aguinaldo, y demás prestaciones laborales previstas por la
Ley Federal del Trabajo o la norma aplicable a los que tengan derecho, salvo que
se haya firmado acuerdo de pago respectivo.
Para estos delitos se contemplan sanciones de seis meses hasta 6 años de prisión, además de multas para resarcir el daño.
Según la legisladora, la intención es proteger a los trabajadores que son víctimas de empresas golondrinas, que calificó como competencia desleal para los negocios formales, pero también, de patrones incumplidos que violan los derechos de los trabajadores.
“Las empresas llegan y se van, están operando seis meses o un año y no sólo es irse y no notificar, sino que en ese periodo violentan otros escenarios y pueden ayudar a identificar una empresa golondrina porque es normal que no les paguen prestaciones, como legisladora mi responsabilidad es ver todas las voces hay una ruta como encerrarlo un poco, pero la verdad es que hay empresas que no están cumpliendo y deben caer”, refirió.
De igual forma, expuso que BC carece de personal suficiente para investigar a todas las empresas -son 15 inspectores en toda la entidad-, por lo que es necesario reforzar las medidas contra directivos y empresas incumplidas. Zacatecas, Estado de México, Durango e Hidalgo cuentan con una legislación similar a la que se propone en Baja California, en tanto, otras cuatro entidades federativas incluyeron el tema en sus legislaciones locales, pero lo tipificaron como fraude, tal cual está incluido en el Código Penal federal.
INCONSTITUCIONAL E INÚTIL: IP
En el bando opuesto, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Ernesto García Manjarrez, argumenta que esta modificación legal generaría una sobrerregulación en el Estado.
En el mismo sentido, el ex presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (ANADE), Benjamín Almanza, dijo que el tema va mucho más allá, pues -a su juicio- el Poder Legislativo carece de facultades para sancionar este tipo de acciones.
El jurista refiere que no sólo se trata de que sea inconstitucional, sino que pretende sancionar con cárcel un problema de carácter civil, y en su opinión, es un exceso.
A raíz de esto, dijo, se generará una lluvia de amparos desde el momento de su publicación, hasta el caso específico que se intente sancionar a una empresa por algún incumplimiento establecido en la adición al Código Penal bajacaliforniano.
Almanza aseveró que la legislación en materia laboral corresponde exclusivamente al Gobierno de México, y aunque la propuesta de la diputada Acosta es incluir una sanción en el Código Penal local, está relacionada con temas laborales, en los que el Estado no está facultado para regular jurídicamente.
“Está prohibido, entonces, si no tienes los elementos procesales para sancionar al patrón, por qué aplicas una norma. Esto es populismo legislativo, crea la norma para que la sociedad quede satisfecha, aunque no sea aplicable”, destacó.
De igual forma, calificó como necesario que los diputados legislen y tipifiquen sanciones para personas jurídicas, planteamiento que permitiría sancionar a empresas, no sólo a personas. Esta reforma ya se contempla a nivel federal y debe homologarse al Estado, pero los legisladores no lo han hecho por motivos desconocidos.
“Si yo me llamo El Patito Feo, SA de CV, ¿ahora se van a ir contra quién? Es más, (en una empresa) yo tengo una acción y tengo 20 accionistas, ¿a cuál de los 20 nos vas a meter a la cárcel? ¿Al gerente, al contador general?, porque en materia penal no cabe la analogía. Es decir, este delito es, no se parece” ejemplificó.
En su opinión, este planteamiento vendría a solucionar varios problemas en la materia, pues conceptualizar a las personas jurídicas y tipificar sus delitos en el Código Penal de Baja California, daría más armas al Ministerio Público para ir por empresas que incumplen con sus responsabilidades.
También sugirió la posibilidad de crear una Ley similar a la de Estados Unidos, que permita que las empresas que huyan, sean buscadas por autoridades y embargar sus bienes fuera del país, no obstante, consideró que la mejor forma de solucionar este problema, rechazando la posibilidad de sancionar penalmente a los propietarios de los negocios, es que antes de su instalación las empresas paguen una fianza de uno o dos meses de salarios al gobierno para que este guarde el dinero y, si la empresa se retira, se pueda afrontar la responsabilidad del finiquito. O podría aplicarse un seguro de desempleo en caso de emergencias.
Los expedientes penales pueden durar muchos meses en armarse, lo que representaría una gran carga de trabajo y lentitud en el proceso para sancionar a una persona, algo que, según el entrevistado, mediante la justicia laboral podría llegar a un acuerdo más rápido.
SE PODRÍA SANCIONAR AL ESTADO: ALFONSO VARGAS
El abogado Luis Alfonso Vargas aseguró que el Congreso del Estado tiene la facultad de legislar en la materia. El Artículo 121 de la Constitución establece que las empresas corresponden al Estado y a la Federación.
Vargas calificó la propuesta de reforma como positiva, ya que viene a acompañar y reforzar otros planteamientos jurídicos con sanciones privativas de la libertad, las cuales se encuentran en la Ley Federal del Trabajo, en la parte donde refiere que el impago del salario mínimo puede tener consecuencias legales fuertes, hasta tres años de prisión.
Sin embargo, destacó la ironía porque el primer ente en violar la Ley Federal del Trabajo en Baja California es el Poder Ejecutivo, pues -asegura- los maestros interinos tienen años sin pago, y con esta nueva disposición, el gobierno podría incurrir en responsabilidad penal por el incumplimiento.
Otro de los puntos interesantes abordado en la propuesta, son los sindicatos blancos, los cuales se ponen en la mesa para intentar emitir sanciones en contra de los entes que ejerzan atribuciones con fines perjudiciales a sus trabajadores.
