La XVI Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur recibió una iniciativa ciudadana que tiene como objetivo reformar el Código Penal de la entidad para que se sancione a las personas que incurran en el delito de usurpación de profesiones.
Específicamente, el proyecto pretende modificar y adicionar al artículo 340 del Código Penal de Baja California Sur, estableciendo una pena de uno a cinco años de prisión a quienes cometan este acto constitutivo de un delito.
Además de cambiar la pena que ya existe, que consta de una semi libertad de dos a cinco años, también buscan elevar la multa (que actualmente es de 300 a 500 días de salario mínimo), por lo que ahora sea de 300 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Cabe mencionar que, según lo expuesto en tribuna de la XVI Legislatura, la iniciativa fue presentada por los ciudadanos Jaime Escobar Bayles, Yessica Gisselle Ladín Cruz y Rafael Eduardo Franzoni García.
Con respecto a la exposición de motivos, se argumentó que existe un crecimiento evidente en las actividades humanas y un avance de tecnologías, por lo que deben garantizarse candados legislativos para asegurar el correcto funcionamiento de determinadas áreas.
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Estos factores, explican, incrementan la necesidad de contar con más y nuevos profesionistas con títulos acreditados y reconocidos por las autoridades educativas competentes.
A su vez, la falta de regulación puede permitir que personas sin título profesional ofrezcan o realicen actos propios de una profesión sin la autorización correspondiente para ejercer.
Hacen hincapié en ejemplos que pudieran registrarse en áreas como la salud, donde es indispensable que haya regulación en cuanto a cédulas, títulos y permisos específicos para que un profesionista pueda desarrollar cualquier actividad.
Insisten en que este escenario, en ocasiones, pone en peligro la vida, la libertad, y los intereses de las personas que solicitan servicios profesionales.
“El objetivo es no esperar a que se presente un panorama fatal para intervenir en términos legislativos ante las prácticas médicas que pudiera realizar alguien que usurpa una profesión”, se leyó en el proyecto.
