Madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos hace una década, convocaron a boicotear las campañas presidenciales de México con miras al 2 de junio.
El caso Ayotzinapa no camina por la ruta del calendario electoral, sino por la de la verdad y justicia, por lo tanto, no pueden esperar a que termine el proceso electoral; le reclaman al Presidente que cumpla con su promesa de recibirlos antes de que termine su Gobierno.
A la fecha es importante para las madres y padres que tenga lugar una reunión con el presidente para hacer un balance de las investigaciones, y que el gobierno rinda cuentas de los resultados en el caso, además de que esclarezca dónde están los jóvenes. Para las madres y padres es fundamental que el gobierno diga qué se logró esclarecer y todos los pendientes.
Este 26 de septiembre se cumplirán 10 años de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, donde las evidencias son que actuaron policías estatales, municipales, narcotraficantes, Peña Nieto, el gobernador Ángel Aguirre, el procurador Murillo Karam y militares. El caso puso en evidencia la crisis de desapariciones masivas de la guerra sucia en Latinoamérica y México, en donde hay más de 100 mil familias que buscan a sus seres queridos.
López Obrador se comprometió a aclarar el caso Ayotzinapa durante su gestión. De hecho, en los primeros años de su Gobierno hubo avances, con informes de Alejandro Encinas, pero se frenó cuando se demostró la participación de generales, oficiales y soldados, hoy presos.
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Ante esto, la respuesta del Presidente ha sido defender a los militares (lo explica, pero no justifica su poder intocable, o temiendo una revuelta o golpe de Estado, el caso Cienfuegos, y mantenerlo enfocado en obras, concesiones y confianza en su organización y “disciplina”), lo que lo alejó de los familiares que, mientras no haya diálogo con el mandatario, continuarán con su lucha.
Los padres y madres dolientes ampliarán las protestas incorporando a otros sectores, harán alianzas con maestros, campesinos e indígenas que hoy ven sus derechos conculcados y llevarán la lucha a las calles, particularmente llaman al boicot al proceso electoral. Los familiares señalan que mientras ellos siguen sufriendo por no saber en dónde están sus hijos, el sistema de partidos festeja la demagogia electoral con promesas incumplidas sin incorporar a los desaparecidos.
Ellos no militan ni obedecen a ningún partido político. Están en derecho de protestar y exigir diálogo con el Presidente y, mientras esto no ocurra, llegarán a las campañas electorales.
Consideraron que la investigación presidencial aún no da resultados prometidos, en momentos clave, “donde 99 millones de potenciales electores sustentaran al menos el 66 por ciento del Congreso en el caso de Morena, para liberar Reformas Constitucionales; impuestos progresivos, mejor salud, educación y salarios además de limpiar de gusanos a tres esferas de gobiernos y la SCJN”. Y porque hoy siguen sin saber el paradero de sus hijos, a lo que se suman graves problemas: la expansión territorial y violencia del crimen organizado, expresión paramilitar de la ultraderecha prianista, “sin analizar la maquinaria financiera internacional que lucra con miles de víctimas del tráfico de armamento de Arizona, Nuevo México, Texas, etc. Y administrado por autoridades y mafias financieras intocables de EE. UU”. (Tesis geopolítica del Dr. Alfredo Jalife-Rahme)
El movimiento social crítico, sigue disperso y 2024 marca la agenda pública. Prevalecen discursos vacíos, de candidatos demagógicos impuestos por una clase política neoliberal desconectada de la gente de abajo. ¿Ejemplos? En la oposición, el PVEM y oportunistas prianistas impresentables, delincuentes sentenciados y con órdenes de aprehensión y presos en EE.UU.
Claudia Sheinbaum, responde a megaproyectos que profundizan y enriquecerán más a élites económicas sin incrementar el injusto y famélico ingreso fiscal del Estado Mexicano (17 por ciento mexicano contra un promedio de OCDE del 35 por ciento del PIB), incapaz de impulsar un país sustentable. Es prioridad la reforma hacendaria progresiva que obligue a los mega ricos y trasnacionales, la urgente disminución de la desigualdad, donde el 80 por ciento de las utilidades quedan en manos del 20 por ciento de empresarios. Un México sin suficientes escuelas, maestros, hospitales, médicos e infraestructura productiva y empleo digno.
La justicia social es democracia económica, inclusión y humanismo, pero las propuestas se orientan al subdesarrollado capitalismo salvaje y depredador de la relocalización que son maquiladoras de exportación. En los 100 puntos de la morenista (iniciativas inimaginables en Xóchitl Gálvez) no figura el caso Ayotzinapa, cuando es de justicia el esclarecimiento del caso, así como seguir los hilos de la violencia, desaparecidos y el lavado de dinero en la banca norteamericana y mexicana.
(Fuentes: RT noticias y “Bajo la Lupa” de Alfredo Jalife-Rahme).
M.C. Héctor Ramón González Cuéllar es Académico del Instituto Tecnológico de Tijuana.
Correo electrónico: profe.hector.itt@gmail.com
