El resultado de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023, publicada a finales de marzo de 2024 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), fue negativo para Baja California Sur en materia de víctimas de actos de corrupción.
Refiere que en el 2021 se registraron cinco mil 224 víctimas de la población que tuvo contacto con alguna persona servidora pública y experimentó al menos un acto de corrupción, mientras que para el 2023, ya en el gobierno de Víctor Castro Cosío, se tuvo una incidencia de 10 mil 522 víctimas, significando un incremento del 101.4 por ciento más víctimas de la perversión del sistema de gobierno de la Cuarta Transformación local.
“Estamos en un proceso muy delicado para la entidad, estamos en un proceso de aceptación de las corruptelas, mientras los ciudadanos se quejan del aumento de actos de corrupción en obras, trámites, procesos, etcétera. Vemos a un gobierno que está más dedicado a justificar cualquier acto que pervierte a las arcas públicas, y que incluso con total omisión, da luz verde a sus servidores públicos a violar las leyes contra el conflicto de interés por ejemplo”, reveló el representante del Consejo Ciudadano de Atención a Víctimas del Delito.
Pese al involucramiento de servidores públicos y sus empresas en obras públicas del Gobierno del Estado, el gobernador indicó que pueden participar en las licitaciones públicas sin que haya un conflicto de interés.
Sin embargo, el director de la Administración Portuaria Integral (API), Narciso Agúndez Gómez, ha participado a través de su empresa HEMASE, S.A. de C.V., en la pavimentación de varios tramos de pavimento en la Baja California Sur, con la anuencia del propio ejecutivo estatal.
“El actual director de API ya no representa su empresa, su empresa sigue, y yo les pido y les dije, concursen -que no pueden tirar la empresa-, porque tampoco les quito el derecho a nadie que concursen; y si ganan, pues qué bien, como si es la licitación pública”, dijo Castro.
Pero ZETA confirmó que la relación entre Agúndez y HEMASE sigue activa con el pago de servicios de telefonía, seguros y nómina que sigue realizando desde su cuenta personal; además, por si fuera poco, recientemente Narciso Agúndez recibió una transferencia en su cuenta personal desde la cuenta de uno de los socios de la empresa RL Infraestructura S.A. de C.V., de Hermosillo, Sonora, de los hermanos Mario y José Federico Regín López.
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Al director le transfirieron 300 mil pesos el 17 de abril del 2023, 28 días antes de que la API emitiera el fallo de la obra “reparación de barda perimetral en recinto portuario de Puerto San Carlos, municipio de Comondú”, lo que podría ser catalogado como un acto de corrupción.
Según el Artículo 3 fracción VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, define conflicto de interés a la “posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de las personas servidoras públicas en razón de intereses personales, familiares o de negocios”.
Hablando del número de delitos de corrupción registrados entre el último año de Gobierno del panista Carlos Mendoza Davis y hasta 2023 con el morenista Víctor Castro Cosío, en 2021 hubo un conteo de ocho mil 226 actos de corrupción documentados, contra un registro en el 2024 de 14 mil 820 incidentes de descomposición gubernamental, significando un 80.2 por ciento más eventos de funcionarios corruptos.
Hace seis meses, el Gobierno de Baja California Sur celebró los resultados obtenidos en el gobierno pasado, en la reducción la prevalencia de corrupción respecto a lo observado entre 2013 y 2021, sin conocer los resultados de la última encuesta del 2023, que reveló un aumento de más del 100 por ciento de víctimas y 80 por ciento más incidentes vinculados a servidores públicos deshonestos en el gobierno de la 4T en Sudcalifornia.
EL COSTO PARA EL ESTADO
A cada sudcaliforniano que fue víctima de algún acto de corrupción le costó en promedio mil 380 pesos, que es lo que estiman haber pagado para realizar algún trámite, sin embargo, los delitos cometidos por funcionarios públicos con agravios se miden en millones de pesos y las denuncias son mínimas contra estos hechos.
El Fiscal Anticorrupción Lenin Emiliano Ortiz Amao, indicó que hace falta más participación ciudadana en la interposición de denuncias, pero para que esto ocurra, debe existir un incentivo.
“Estoy convencido que este combate la corrupción, esta Fiscalía, está dando sus primeros pasos y vamos a evolucionar, de tal manera que haya próximamente reformas que permitan incentivar al ciudadano a presentar una denuncia; por ejemplo, establecer además de la protección, un incentivo económico, como un porcentaje en una recuperación de activos en un decomiso”, indicó el Fiscal Anticorrupción.
La pregunta de qué tan costosa es la corrupción para Baja California Sur, se remonta al 18 de abril del 2011, cuando el ex gobernador Narciso Agúndez Montaño y quien fungió como Secretario de Educación Pública, Omar Castro Cota, fueron denunciados por peculado y lo que resulte mediante la carpeta de investigación LPZ /336/TUR-1/2011 por el agravio al erario público por mil 220 millones 409 mil 225.21 pesos de recursos del orden federal.
Esto llevó a Jesús Omar Castro, actual jefe de la Oficina del Ejecutivo y compadre del gobernador Víctor Castro a una sanción e inscripción en el Registro de Servidores Públicos, Particulares, Personas Físicas o Morales, Sancionados a través del Procedimiento Resarcitorio, por resolución definitiva firme de la Auditoría Superior de la Federación; siendo aparentemente el único sudcaliforniano inscrito en este libro de récords nada amables.
Omar Castro aparece en el registro con el expediente DGRRFEM/B/11/2012/08/261 del año 2008, cuando fungía como secretario de la SEP; el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias incluye el requerimiento del presunto o presuntos responsables a una audiencia, allí comparecen y se les obliga a pagar al Estado una cantidad de dinero, por daños y perjuicios causados a la Hacienda Pública.
La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación establece que la Auditoría Superior de la Federación debe llevar un registro de las personas que en alguna ocasión agredieron o “tomaron” recursos públicos; y en su Artículo 67, establece que “cuando el presunto responsable cubra, antes de que se emita la resolución, a satisfacción de la Auditoría Superior de la Federación, el importe de los daños o perjuicios, o ambos, causados a la Hacienda Pública Federal o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales, con su actualización correspondiente, la Auditoría Superior de la Federación sobreseerá el procedimiento resarcitorio”.
Esto quiere decir que seguramente Omar Castro regresó el dinero faltante para evitar una sanción de inhabilitación o incluso de cárcel, pero no se escapó de estar inscrito en el libro de récords de funcionarios sancionados, y que fueron obligados a regresar el dinero que desapareció de las arcas públicas.
En aquel entonces, el ex secretario de la SEP negó las acusaciones y señaló que no había tal desvío, del cual hoy se confirma que sí hubo un desvío y no prosperó a una inhabilitación o prisión porque lo obligaron -a Omar Castro- a devolver el dinero en cuestión. Sobre el tema, la actual secretaria de Educación, Alicia Meza Osuna dijo desconocer el tema.
“Yo no sé cómo está ese asunto, pregúnteselo a él; yo no te sabría responder”, indicó Meza.
Mientras que antes era más complicado sancionar a servidores públicos corruptos, hoy Baja California Sur ya se liberó del candado que impedía la investigación de enriquecimiento ilícito que detenía la sanción a los servidores públicos, así lo dijo el Fiscal Anticorrupción.
“Se requería una declaración de procedencia de la Contraloría General cuando había servidores públicos que no son competencia de la Contraria General; por ejemplo, un servidor público de un ayuntamiento o del Poder Legislativo del Poder Judicial no entra en la competencia de actuación de la Contraloría General, y por lo tanto, no podríamos investigar jamás a un servidor público de esas instituciones, hoy se puede. Además, que, digamos, no se podía presentar una denuncia si no existía esa declaratoria; hoy cualquier ciudadano, puede presentar una denuncia por enriquecimiento ilícito”, lanzó Lenin Emiliano.
MIL 500 MILLONES SIN SOLVENTAR
En el último informe presentado por la Auditoría Superior del Estado (ASE) informaron de más problemas financieros en el Gobierno de Víctor Castro, según el reporte oficial, fue auditada la Entidad Fiscalizada del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, es decir la Cuenta Pública del 2022 en la administración estatal, resultando 76 resultados finales y observaciones preliminares con observación.
Dice la Auditoría que fueron solventados 29 “por presentar documentación comprobatoria y justificativa antes de la integración del informe”. Considerados como “atendidos y solventados”.
El resto, que son 47 solicitudes de aclaración, representan el 62 por ciento de las observaciones, siendo un importe total “no solventado” por la cantidad de mil 497 millones 186 mil 842.35 pesos, recursos que no han sido comprobados del primer año de gobierno de Castro.
Dentro de las observaciones destaca en obra pública, señalando incumplimiento en una gran variedad de procedimientos y documentación como: no presentaron escrituras o título de propiedad donde se ejecutaron obras; sin licencias de construcción de las obras; no hubo autorización y aprobación de los proyectos ejecutivos con las dependencias y áreas gubernamentales correspondientes; no se sabe del pago de los anticipos y estimaciones de obra, mucho menos evidencia de pagos a contratistas y finiquitos de obras.
De las más importantes, se destaca que no hay evidencia de la integración de las propuestas técnicas y económicas de los concursos por licitación pública o invitación a cuando menos tres participantes de algunas de las obras de la muestra auditada. Es por ello que hay la presunción de entrega indiscriminada y complacencia en la adjudicación directa de obras, violando la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos, lo cual es una falta grave.
En el caso de la SEP, se tuvieron 19 observaciones y ya se solventaron 17, pero dentro de lo señalado destaca el pago a dos profesores que ya habían fallecido y que en los libros contables les seguían pagando.
“Tuvimos 19 observaciones, fueron solventadas 17 y tenemos solamente el caso de unos maestros que no entregaron en forma oportuna el documento de compatibilidad en el trabajo; y hay otra observación que tenemos por allí, pero que monetariamente no es más de 400 mil pesos; y hay un pago que se hizo cuando ya habían fallecido dos personas de la Secretaría de Educación Pública. En estos casos, por ejemplo, si fallece el día 10 del mes determinado para esa época para esa fecha, la nómina ya está elaborada para el día 15. Entonces se pagó aun cuando ya se había fallecido”, finalizó Meza Osuna.
Precisamente en la Secretaría de Administración y Finanzas, la Auditoría Superior detectó que la base de datos de nóminas presenta diferencias con registros contables.
También se realizaron adquisiciones de bienes y servicios sin comprobar y justificar los procedimientos de contratación por Licitación Pública, Invitación a cuando menos tres personas y/o Adjudicación directa de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur.
Y a esto se le suma, que no hay un informe final de los trabajos contratados con su respectiva evidencia donde se aprecie que los trabajos se ejecutaron, se llevaron a cabo y fueron concluidos en los tiempos y con las especificaciones acordadas.
Según la Contralora General del Estado, Rosa Cristina Buendía Soto, se libra un combate frontal contra la corrupción, donde no habrá más impunidad y se buscará sancionar a los servidores públicos que abusen de los recursos públicos.
“Se sumaron tres más, el dato que ustedes ya les había dado anteriormente, se sumaron tres más, pues un poco más de 30 en la vista al fiscal; las demás a veces no ameritan, no son hechos constitutivos de delito, no ameritan, pero eso no quiere decir que pueda haber alguna sanción administrativa, que es lo que le corresponde a la Contraloría, sancionar la conducta, de acuerdo a la Ley de Responsabilidades Administrativas. En base a eso es lo que nos corresponde a nosotros. No en todos hay hechos constitutivos de delitos, no en todos vamos a dar vista al fiscal Anticorrupción, pero eso no quiere decir que amerite alguna sanción, alguna responsabilidad administrativa; y lo grave, pues lo turnamos el Tribunal de Justicia Administrativa, lo no grave, pues lo resolvemos nosotros en Contraloría”, indicó en entrevista reciente Buendía Soto.
