Ahora que integrantes de la Fiscalía General del Estado en Baja California se animaron a denunciar de forma anónima -de hacerlo públicamente su vida corre peligro- la corrupción en la dependencia que encabeza María Elena Andrade, donde se protege a células de los cárteles de la droga, se extorsiona a narcomenudistas, a expendios de vapeadores, se contribuye al robo de droga y cualquier chambita ilícita que les salga, varios agentes agregaron que también a las tienditas que instalaron máquinas tragamonedas se les está pidiendo una cuota para “dejarlos operar”. De hecho, es notorio que desde el final del gobierno de Jaime Bonilla Valdez y la posterior renuncia del fiscal general Guillermo Ruiz Hernández, no ha habido aseguramiento y destrucción de máquinas tragamonedas. Para el dúo Bonilla-Ruiz fue una cruzada la eliminación de las maquinitas tragamonedas por la corrupción de menores de edad en tiendas y expendios en colonias en la periferia de la ciudad, dado que son los principales usuarios de manera ilícita, pero fructífera para los cárteles que las operan y los tenderos que las instalan en detrimento de las familias. En un año y seis meses durante la primera fiscalía, se aseguraron 7 mil maquinitas y se destruyeron casi en su totalidad. Pero ahora, por 3 mil o 3 mil 500 pesos por semana, agentes de la FGE han acabado con los operativos para detectar, asegurar y destruir las tragamonedas instaladas de manera irregular. Ya no hay decomisos ni destrucción de las mismas. A ver cuándo la gobernadora, tan preocupada por la niñez, le sugiere a la autónoma fiscal María Andrade ir por las máquinas tragamonedas y se vuelva a ver en Baja California la destrucción de estas maquinitas.
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