Esta semana, a propósito de la denuncia que su hermano presentó contra Carlos Loret de Mola, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al tema ya finalizada una de sus conferencias matutinas. Sin el pódium oficial, apresurado y evidentemente molesto, lo primero que dijo fue: “Si le puedo hacer alguna recomendación a mi hermano o a cualquiera, es que no sirven de nada las denuncias, porque no se puede denunciar a un mafioso que está protegido por un Poder Judicial mafioso, porque forman parte de la misma mafia, es perder el tiempo…”.
Durante muchos años, en los cuales López Obrador anduvo de campaña, los mexicanos no se atrevían a denunciar los hechos de los cuales habían sido víctimas por varias razones, entre las cuales destacaban que no se investigaría (incapacidad del Ministerio Público), que los delincuentes estaban coludidos con la autoridad (corrupción).
En cualquiera de los dos supuestos, las víctimas no verían la justicia, pero sí podrían ser objeto de un hostigamiento por resistirse al sistema corrupto.
Aunque ha habido esfuerzos, asilados principalmente, para cambiar el sistema de procuración de justicia, pocas veces se vio un abandono tal como en el actual sexenio. El Presidente oficializó la “autonomía” de la ahora llamada Fiscalía General de la República, y la acción se replicó en la mayoría de las entidades federativas; sin embargo, las corporaciones policiacas y ministeriales, no atravesaron por su propia transformación. No hubo un filtro para depurar a aquellos malos elementos, ni capacitaciones para fortalecer a quienes sí trabajan por la justicia, y mucho menos una depuración para que, así como el nuevo nombre, no significara solamente un cambio de siglas, sino el inicio de una nueva institución. Pero nada de eso sucedió.
La FGR o las FGE en los estados, laboran con los mismos elementos y los mismos vicios que había en las procuradurías de Justicia, pero con otro nombre.
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Durante las dos últimas semanas en lo particular, en ZETA hemos sido receptores de varios casos de corrupción oficial mezclada con delincuencia organizada. Las personas, como antes, ya no quieren denunciar porque ahí están los delincuentes.
En una ocasión allá por los dosmiles cuando los secuestros de empresarios estaban en impune auge, la familiar de una de las víctimas fue, en el más bajo perfil que pudo, a denunciar a las instalaciones de la entonces Procuraduría General de Justicia de Baja California, pero cuando apenas descendía de su auto recibió una llamada: eran los secuestradores, que ya la habían visto que llegaba a las oficinas, que mejor se fuera para evitar problemas.
En esta edición, se publica el testimonio de un hombre ya entrado en años que fue secuestrado no una, sino en dos ocasiones, por un grupo de criminales custodiado por policías estatales, para desposeerlo de un rancho. El hombre observó como aquellos que entre el grupo criminal destacaban por el uniforme táctico y las siglas de la FGE, no se inmutaron ante su presencia, y cumplieron con su trabajo de escoltas de la célula delincuencial que, se asume, pertenece al Cártel Arellano Félix. ¿Podrá este hombre acudir a las oficinas de la FGE a denunciar? Es probable que sí, pero el riesgo de ser ubicado y perder la vida es latente.
Cuando en 2007 el entonces Presidente Felipe Calderón envió a las Fuerzas Armadas para coordinar los esfuerzos en el combate a la inseguridad y la violencia, producto de los cárteles de la droga, su idea era que en el inter, las corporaciones civiles atravesarían por una depuración, y hasta entonces, los militares podrían regresar a los cuarteles. Eso no sucedió. Enrique Peña Nieto, quien sucedió a Calderón, no dio seguimiento al plan, instauró el propio, acción que fue emulada por su sucesor, Andrés Manuel López Obrador, con su trágica premisa de Abrazos, no balazos, que tanta sangre le ha costado al país.
Caso contrario a Calderón o Peña, AMLO le dio más poder, más facultades y mayor presencia a las Fuerzas Armadas en el combate a la inseguridad, lo que nos ha dejado con casos de militares escoltando a delincuentes, soldados robando droga a un cártel para dársela a otro, y militares asesinando personas.
Ya es muy difícil saber en quién confían los mexicanos, o si presentar una denuncia sigue siendo un reto, pero en palabras presidenciales, “no sirven de nada las denuncias, porque no se puede denunciar a un mafioso que está protegido por un poder judicial mafioso, porque forman parte de la misma mafia, es perder el tiempo…”.
Esa premisa presidencial aplica para todos. No nada más para su hermano, para todas las víctimas que no encuentran justicia, que ven a las mafias, sea de drogas, de trata, de secuestro, de extorsión, coludidas con la autoridad, protegidas con impunidad a base de corrupción.
Qué tragedia que el mandatario que prometió una transformación (que no llegó), recomiende abiertamente a su hermano y a la población, no denunciar, porque de nada sirve, la corrupción, sigue ahí…
