Daniel Ramírez Peña, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, dictó la no vinculación a proceso a los siete imputados, entre ellos ejecutivos a OHL-Aleatica y ex funcionarios estatales mexiquenses, por usurpación de funciones, asociación delictuosa y la presunta explotación ilegal de bienes de la nación, por el caso Viaducto Bicentenario, una estructura vial que une varios municipios de la zona conurbada del Estado de México, con la Ciudad de México.
Dicha vialidad elevada cuenta con 22 kilómetros y está construida sobre la carretera federal México-Querétaro. La concesión fue entregada a la empresa española OHL, en 2008, por el Gobierno del Estado de México, entonces encabezado por Enrique Peña Nieto.
El juzgador federal ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR), cancelar en forma definitiva dicha investigación, porque, según determinó, no existían elementos constitutivos de delito. La institución de procuración de justicia afirmaba que se causó un daño al erario de 8 mil 403 millones 242 mil 312 pesos. El denunciante original fue el abogado Pablo Diez Gargari.
Además de que confirmó que no existía una concesión federal para el Viaducto Bicentenario, Ramírez Peña concluyó que la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes (SICT) reconoció en un oficio fechado el 29 de junio de 2023, que sí otorgó en 1983, al Gobierno del Estado de México, el derecho para explotar el tramo carretero, que luego concesionó a OHL-Aleatica.
El juzgador también determinó que, por el hecho de que ninguna autoridad judicial había decretado su nulidad, seguía vigente el convenio que la SICT suscribió el 1 de octubre de 2020, con el Gobierno del EDOMEX, en el que la Secretaría convalidó la legalidad de la concesión de las autoridades estatales, a la empresa que construyó la obra vial.
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“Hay un título de concesión, hay un convenio que convalida una concesión no autorizada por la autoridad federal, ¿sorprendente? ¡Claro que es sorprendente! Pero no deja de tener alcance jurídico el convenio […] Quizá fueron irregulares, quizá estuvieron confabulados, a lo mejor es cierto, pero yo no puedo decir eso porque debo respetar el principio de presunción de inocencia”, expuso Ramírez Peña.
La FGR fue la responsable de ofrecer los 107 datos de prueba en las que se basó el juez federal para determinar la no vinculación a proceso, además de que la Fiscalía agregó a la carpeta de investigación, tanto el oficio de 2023, como el convenio del año 2020.
El juzgador concluyó que no existían datos de prueba para acreditar los delitos de asociación delictuosa y explotación de un bien de la nación, en contra de Rubén Gerardo López Barrera, director general de Aleática; José Andrés de Oteyza Fernández y Sergio Hidalgo Monroy Portillo, ex presidente del Consejo de Administración y ex director General de OHL, respectivamente.
Tampoco contra Ernesto Javier Nemer Álvarez y Luis Gilberto Limón Chávez, ex titulares de las secretarías General de Gobierno y de Movilidad; así como Jorge Joaquín González Bezares, Director General de la Junta de Caminos; y, Alberto Tomás Angulo Lara, director general en Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Sistemas Conexos y Auxiliares, todos del Gobierno del Estado de México.
“La #FGR en el caso de la concesión que el Estado de México otorgó a la empresa Viaducto Bicentenario, S. A. de C. V. en el año de 2008, que es absolutamente ilegal y nula, iniciará de inmediato todos los recursos legales a que tiene derecho, frente a un nuevo atropello a la justicia y a la defensa de los bienes de la Nación”, indicó la Fiscalía, en su cuenta de la red social X, antes Twitter.
“En la audiencia reciente el grado de injusticia con el que actuó el juez Daniel Ramírez Peña llegó a un extremo verdaderamente inconcebible. Antes de conocer pruebas y argumentos de las partes, emitió públicamente una opinión y anunció su veredicto en contra del Estado Mexicano”, agregó la FGR.
“La Representación Social de la Federación ahí mismo lo recusó en audiencia, por incurrir en una causa de impedimento para seguir conociendo del asunto; y, por lo tanto, se le iniciará el juicio correspondiente, independientemente de los recursos que la ley permite”, insistió la FGR.
“Se cometió delito de Explotación de un bien de la Nación, sancionado en los artículos 149, 150 y 151 de la Ley General de Bienes Nacionales. Acto delictivo que permitió a un particular, el saqueo de más de 8 mil millones de pesos por explotación ilegal, con el Gobierno del Estado, sin que la Federación haya recibido, en estos quince años, ni un solo centavo por la explotación de un bien propiedad de la Nación”, finalizó la FGR.
“Estamos contentos de que la resolución del Juez haya resuelto de manera contundente el asunto. No cabe duda de que nuestro Director General en México no hizo más que dirigir nuestras acciones para continuar cumpliendo con nuestras obligaciones según lo requerido por un Título de Concesión que se otorgó de forma competitiva y que sigue vigente. La decisión del juez de control lo confirma”, celebró, por su parte, Pablo Olivera Masso, director jurídico global de Aleatica, en un comunicado.
“No cabe duda de que nuestro Director General en México no hizo más que dirigir nuestras acciones para seguir cumpliendo con nuestras obligaciones en virtud de un Título de Concesión que se otorgó de forma competitiva, válido y en pleno vigor. La resolución del juez lo reconoce”, dijo la compañía operadora de infraestructura de transporte, de origen australiano, con presencia en Europa y América Latina.
Al exponer su imputación durante la audiencia, los fiscales federales, encabezados por Manuel Granados Quiroz, afirmaron que del 2009 al 2023, OHL y su sucesora Aleatica, supuestamente ocasionaron un daño a las arcas de la Federación por 8 mil 403 millones 242 mil 312 pesos, al explotar ilegalmente el Viaducto Bicentenario.
Según la Fiscalía General de la República, de dicha suma, 42 millones 16 mil 211 pesos fueron cobrados por el Gobierno del Estado de México, es decir, un 0.5 por ciento del total, pero ningún peso fue para la Federación.
Granados Quiroz -fiscal de Asuntos Especiales de la FGR- expuso que la explotación de la autovía era ilegal, porque fue autorizada por el Gobierno del EDOMEX, con un título de concesión del 7 de mayo de 2008, sin tener las atribuciones legales para este tipo de actos.
Según acusó la FGR, al tratarse de un bien nacional, debió ser autorizada por la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) Federal, responsable de la cesión de derechos, a través de este tipo de concesiones.
La FGR insistió que las autoridades mexiquenses basaron su concesión en un acta fechada el 26 de mayo de 1983, mediante la que la SCT Federal otorgó al Gobierno del EDOMEX los derechos para explotar el tramo carretero del Viaducto Bicentenario, sin embargo, nunca se halló en ningún archivo federal o estatal, dicho documento en original. Solo existía una copia.
Según la Fiscalía General de la República, el 1 de octubre de 2020, la SCT Federal y el Gobierno del EDOMEX suscribieron un “convenio de colaboración y coordinación de acciones”, para esconder, lo que en su opinión era una ilegalidad.
El 22 de junio de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que se revisarían los contratos con los que gobiernos estatales del Estado de México entregaron millonarias concesiones a la empresa española OHL.
“En todos los casos estamos revisando contratos, pero fue una epidemia, se corrompió todo. En todos estos casos hubo influyentismo, lo de OHL pues es evidente, está en todos los escándalos mundiales, al rey emérito de España [Juan Carlos I] lo involucran con un soborno de OHL”, manifestó el político tabasqueño, al ser cuestionado por un reportero, durante su conferencia de prensa matutina.
“Todos sabemos que OHL fue una empresa favorita en México, como lo fue Repsol en otro sexenio, de esas empresas que tenía todas las facilidades […] Si vemos que hay contratos dañinos para la Hacienda Pública, buscamos corregirlos, buscamos el diálogo”, dijo el mandatario nacional.
“Hacerles ver, ya no se puede mantener este contrato, son otras circunstancias, es otro gobierno, no se puede seguir viendo a México como tierra de conquista, entonces no queremos ir a tribunales internacionales, no queremos litigios, vamos a buscar un acuerdo, eso es lo que estamos haciendo en todo, pero es una herencia que afectó mucho el desarrollo del país”, abundó el titular del Poder Ejecutivo Federal.
El presidente recordó, por ejemplo, que en el Estado de México hubo una licitación en la que participó Carlos Slim Helú, pero el Gobierno en turno argumentó que se la daba a OHL, porque la propuesta del magnate no “embellecía” el paisaje urbano.
“No estoy defendiendo a Carlos Slim, nada más porque son cosas que pasaban, una autopista también al momento de la calificación OHL estaba en segundo o tercer lugar y la de Slim estaba en primer lugar, entonces descalificaron a Slim”, recordó López Obrador.
“Lo único que no sé es si fue OHL o si fue otra vez estas empresas y descalifican a la compañía de Slim por insolvencia económica, porque no se aseguraba que tuviese la suficiente solvencia económica, pero esas cosas pasaban y sucedían”, expresó el mandatario nacional.
