Las acciones que desarrolla el crimen organizado en Guerrero, en combinación con diversos grupos de poder político, empresarial y sindical para precarizar porciones territoriales que se encuentran abandonadas por las autoridades y feudalizadas por la delincuencia, son muestra del colapso en que se encuentra el Estado mexicano en sus tres órdenes de gobierno y que amenaza con la generación de mayor violencia e ingobernabilidad.
El asesinato de un estudiante de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, aunado al montaje oficial de la supuesta investigación y la fabricación de delitos, acrecentaron la crisis político-social que padece esa entidad desde hace varios años.
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Homicidios de aspirantes a puestos de elección popular y de funcionarios públicos, enfrentamientos entre grupos delincuenciales, cobro de piso a comerciantes, productores, choferes y ahora hasta a pobladores por vivir en sus casas, abrieron la caja de pandora en la que se observa la mano del crimen organizado en casi todas las actividades de la sociedad guerrerense.
La inacción o complicidad de algunas autoridades que se reúnen con los jefes de las mafias, la intervención de jerarcas de la Iglesia Católica para mediar entre líderes de cárteles y los estragos que dejó el paso del huracán Otis la madrugada del 25 de octubre de 2023 en Acapulco, mantienen empinado al Estado meridional.
La muerte del joven Yanqui Rothan Gómez Peralta, estudiante normalista el jueves 7 de marzo a manos de un policía estatal a las afueras de Chilpancingo y la manipulación del caso para incriminarlo junto con otra de las víctimas de la agresión, asi como la posterior fuga del asesino, derivó en la crisis que llevó a la sociedad a manifestarse, a senadores a solicitar la desaparición de poderes en esa entidad ante el desgobierno y a la mandataria Evelyn Cecia Salgado Pineda -el 14 de marzo- a cesar al secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez; al secretario de Seguridad, Rolando Solano Rivera; y a la fiscal general, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, “hubo un intento de fabricar hechos que no correspondían a la realidad”, señaló la titular del Poder Ejecutivo guerrerense.
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En el caso de la fiscal Sandra Luz, militar de carrera, hubo necesidad de llevar su caso hasta el Congreso del Estado para que fuese removida del cargo, pues la Teniente Coronel se rehusaba a dejar el cargo, lo que finalmente aconteció tras la sesión del pleno del Congreso guerrerense el 19 de marzo tras un acuerdo parlamentario.
Resulta que, además, Valdovinos Salmerón incumplió con las evaluaciones de Control y Confianza y no investigó hechos de violencia de alto impacto, expresando la gobernadora a través de un oficio que la entonces fiscal ponía “en riesgo la paz del Estado”. La última vez que la ex funcionaria cumplió con las evaluaciones de Control y Confianza fue en agosto de 2019, sin que antes se expresara algo al respecto.
Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su total respaldo a Salgado en todas las decisiones asumidas tras el crimen del joven Gómez Peralta y aseguró que ya se estaba haciendo justicia. El 15 de marzo dijo sobre la gobernadora de Guerrero: “No está sola, tomó la decisión de quitar al secretario de Seguridad y al de Gobierno. Y también están solicitando que el Congreso, de conformidad con la Constitución, lleve a cabo el cambio de la fiscal estatal, porque en este gobierno no hay relaciones de complicidad con nadie. Cero corrupción y cero impunidad”. El tabasqueño solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar una investigación a fondo del asunto para que no exista impunidad.
Entrevistado por ZETA respecto al tema, el político guerrerense, ex diputado federal y ex senador de la República, Armando Ríos Piter, expresó su pesar por lo que ocurre en su estado natal: “Desafortunadamente las noticias recientes forman parte de una secuencia progresiva que se ha mantenido desde hace ya bastantes años, donde la erosión institucional ha evidenciado que hay importantes tramos del territorio guerrerense que hoy son ocupados por la actividad criminal, donde la confrontación entre grupos por dominar el trasiego, especialmente de goma de opio prevalece, pero donde los recientes hechos ocurridos en Acapulco dieron una muestra clara de la incapacidad gubernamental, en sus tres órdenes, de hacer que impere el Estado de Derecho.
“La verdad es que, lo que hoy vemos en distintas partes de la geografía guerrerense, suma uno de los contextos más delicados del país, donde, ya sea con el uso de drones en la Sierra Madre del Sur para dejar clara la confrontación entre cárteles de la droga, hasta el cobro de piso del que hoy son objeto no solamente los comercios y negocios, sino donde en algunos casos ya se ha llegado a que las bandas delincuenciales cobren piso a la gente por vivir en sus casas. Eso nos da un amplísimo espectro, un amplísimo universo de la problemática que ahí se presenta y que, reitero, es muestra muy puntual del colapso del Estado mexicano en sus tres elementos, y de su incapacidad para garantizar vida y libertad a quienes ahí habitan”, agregó el autor del libro “Derecho al cannabis”.
CONTUBERNIO CRIMINAL
Guerrero, entidad federativa de gran riqueza mineral, basta flora y fauna, de personas trabajadoras y gran producción agrícola, ha figurado históricamente en el mapa de los sucesos más impactantes que han sacudido al país como cuna del surgimiento de movimientos insurrectos y como escenario del embate del Estado para terminar con los líderes de cualquier expresión antigobiernista, al grado de utilizar a las Fuerzas Armadas y registrarse una primera época de desapariciones forzadas en México en la década de los setenta.
La entidad también es conocida por su prolífica producción de marihuana y amapola para su procesamiento en goma de opio y heroína, y recientemente afamada por la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 en Iguala de la Independencia, aún no esclarecido.
En los últimos años la violencia ha incrementado en esta región del país, pero sólo del año pasado a la fecha (2023-2024) han sido asesinados diez actores políticos, varios de ellos aspirantes a presidencias municipales, y otros funcionarios públicos o personas relacionadas con campañas electorales. En el mismo periodo se registraron cruentos choques armados entre las organizaciones criminales Los Ardillos, Los Tlacos, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Guerreros Unidos, Los Rojos y La Nueva Familia Michoacana, por mencionar algunas que operan en Guerrero y muertes de policías. También se cuentan manifestaciones en favor de agrupaciones delictivas apoyadas por alcaldes y diputados, secuestros, asesinatos y privación de la libertad de periodistas.
Destacan las reuniones de convivencia o negociación entre miembros de la delincuencia organizada y funcionarios, como la visibilizada en julio de 2023, cuando se observa a través de un video la relación entre la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, con el presunto narcotraficante Celso Ortega Jiménez alias El Ardillo Mayor, uno de los hermanos que lidera el grupo criminal Los Ardillos, a su vez, familiares del diputado local Bernardo Ortega Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
El Presidente López Obrador informó en la conferencia mañanera del 7 de julio de ese año que se investigaría la reunión, pero no pasó a mayores.
En febrero de 2024, jerarcas de la Iglesia Católica de Guerrero reconocieron haberse reunido con líderes criminales para pactar paz en sus comunidades, pero señalaron que no hubo acuerdos. AMLO dio su visto bueno a las reuniones de los obispos guerrerenses con los malosos en busca de pacificar al país: “Todos los que pueden ayudar, lo hace la Iglesia, me consta en Michoacán y lo hacen en otras partes. Nosotros lo vemos bien, lo vemos muy bien, más que nada de acuerdos que signifiquen conceder impunidad, privilegios, licencias para robar, pero el que quiere abandonar ese infierno, ¿cómo dice la canción? La jaula aunque sea de oro, ¿no? No deja de ser prisión. Lo puede hacer”.
Por su parte, Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado y fallido aspirante a ese cargo, aseguró que los ministros de culto no deben asumirse como negociadores con criminales: “No tiene por qué la Iglesia meterse en asuntos del Estado, que entiendan, hay una separación de Iglesia y Estado. Ustedes nada más imagínense que hubiera un gobernador o una gobernadora que dijera: Iglesia, ayúdame; Iglesia, métete, ¡bueno!, por supuesto que no. En este país puede haber obispos que representen a Dios y puede haber obispos que representen al diablo, ya no sabemos a quién representan. Cero Iglesia Católica en asuntos de gobierno, cero”.
POLÍTICA Y CRIMEN
El ex senador Armando Ríos Piter advierte que la violencia que vive su entidad natal no es exclusiva, pero es desfavorablemente ejemplar del fenómeno nacional.
“Me parece que lo preocupante del caso de Guerrero, es una manifestación muy contundente del tipo de cáncer que hoy corroe amplias partes del territorio nacional, pero que al estar concentradas de manera muy puntual en esa geografía de la parte del Sur del país, pues nos da muestra de distintos procesos preocupantes que evidencian el colapso del Estado mexicano en sus tres órdenes de gobierno”.
Por primera vez en el sexenio, Guerrero se coló en los indicadores criminales en los primeros seis estados, donde se concentra el 47.6% de los homicidios en México, sólo por debajo de Guanajuato, Estado de México, Baja California y Chihuahua, y apenas por encima de Jalisco y Michoacán.
En 2024 destacan los asesinatos de Marcelino Ruiz Esteban, precandidato a la alcaldía de Atlixtac por el PRD, el 24 de enero. El 3 de marzo fue victimado Alfredo González Díaz, precandidato a la alcaldía de Atoyac de Álvarez por el Partido del Trabajo (PT); seis días más tarde, Tomás Morales Patrón, candidato a la alcaldía de Chilapa por Morena; y apenas el 19 de marzo mataron a Antonio Crespo Bolaños, regidor del mismo municipio, también por Morena.
“Los asesinatos de candidatos o integrantes de Cabildo, como recientemente ocurrió en el caso de Chilapa, pero también el asesinato de un candidato en Atoyac, son muestras de algo que está pasando en México. Al 13 de marzo, si no mal recuerdo, iban, en 13 días, 26 personas asesinadas, ya fueran candidatos, candidatas o personas relacionadas con campañas políticas. El problema de la violencia política y de los actores criminales irrumpiendo en los procesos locales para sacar de la contienda a quienes sean como un estorbo porque están apoyando a otros candidatos, es un ejemplo claro, desde Guerrero, de lo que está pasando en el país. No nos vayamos más lejos: en Maravatío ocurrió recientemente y en muchos otros lugares del territorio mexicano está pasando”, señaló el ex legislador.
“El tema de que los políticos, los funcionarios, en su carácter de candidatos, como fue evidenciado por parte de la hoy presidenta municipal de Chilpancingo, ya como presidenta en funciones o candidatos previamente, repito, interactúen con esos grupos criminales, pues tiene que ver desde cómo llegan al poder y cómo administran el poder, ya no como autoridades, sino muchas veces como sujetos de subordinación de estos grupos que, al tener más capacidad de fuego, al tener más penetración, sojuzgan a la autoridad legítimamente electa”, agregó.
En su opinión, el problema no es distintivo único de Guerrero, “pero que está ahí presente, y hoy, desafortunadamente existe en muchas partes del país, donde la convivencia entre las autoridades y los criminales se configura en el proceso electoral y se mantiene en el momento de gobernar; ejemplo de eso, esa reunión que se hizo pública de la hoy presidenta municipal de Chilpancingo y el tipo de competencia por dominar las actividades licitas que hoy tienen los grupos criminales”.
En cuanto a la intervención de los obispos de la Iglesia Católica para mediar, “en el caso de Chilpancingo y de todo Guerrero, para poner de acuerdo a los criminales y que dejaran de confrontarse, con un acuerdo implícito de quién es el dueño de cobrar piso de tal o cuál ruta de transporte, deja muy claro que la autoridad está rebasada. Y lo peor del caso, es que deja la impresión, un mal sabor de boca, de que está coludida en los tres órdenes de gobierno”.
Armando Ríos reconoce que la violencia actual es más grave que la de la época de la Guerra Sucia de los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez: “Sin duda alguna, porque en aquel momento era muy evidente quién provocaba las violaciones en los derechos humanos. Se tenía muy claro que era el Estado, y que era contra grupos en particular que tenían una forma diferente de pensar y de actuar; el problema es que ahora todo está revuelto.
“Ahora la actividad criminal convive con la autoridad. Las violaciones de los derechos humanos, como quedó evidenciado en el caso terrible de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, dio muestra de la colusión entre autoridades, el entendimiento y el reconocimiento de cómo funciona la actividad criminal relacionada con el tráfico de drogas desde Iguala hacia Estados Unidos, donde esa colusión, que es evidente, en ese caso ‘didáctico’, por usarlo como un caso didáctico, de que todos los órdenes de gobierno participan de una u otra forma, en la violación de los derechos humanos de los habitantes, de las comunidades”, finalizó el hombre identificado socialmente con el sobrenombre El Jaguar.
