El Gobierno de Nuevo León -encabezado por Samuel Alejandro García Sepúlveda- clausuró, el 1 de marzo de 2024, la refinería ‘Héctor Lara Sosa’ de Petróleos Mexicanos (PEMEX) -ubicada en el municipio de Cadereyta, Nuevo León, a 30 kilómetros de la capital estatal Monterrey-, ante la negativa de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX), de colaborar con una inspección, ante la constante emisión de contaminantes.
“Ante la negativa de la refinería de Cadereyta de colaborar y recibir al equipo de la Secretaría de Medio Ambiente [neoleonesa], y debido a la ostensible y notoria emisión de contaminantes a la atmósfera que afecta a la población, y conforme a la suspensión, esta mañana quedó clausurada la refinería”, informó el Gobierno estatal, en un breve comunicado de prensa.
Alfonso Martínez Muñoz, titular de la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León estuvo hasta poco después de las 11:00 horas del 1 de marzo de 2024, en uno de los accesos de la refinería, esperando a ser recibido, pero no se le permitió el ingreso.
La promoción de un amparo ante un juez federal, por parte del regidor Javier González Alcántara, del municipio de San Pedro, permitió al Gobierno neoleonés realizar la inspección a las instalaciones de PEMEX, con el objetivo de reducir las emisiones de la refinería, las cuales afectan a Monterrey y a su área metropolitana.
El Gobierno estatal demandó en enero de 2023, a la refinería -con una capacidad de procesamiento de 275, mil barriles por día (bpd), que bajara sus emisiones contaminantes o pedirían que cerrara. Durante 2022 su procesamiento promedio fue de 118 mil bpd, un 43 por ciento de su capacidad.
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La de Cadereyta es la segunda refinería más grande que opera PEMEX en México, ya que produce unos 100 mil barriles de gasolinas y diesel por día -con 159 litros cada uno- y da empleo a 3 mil trabajadores de manera directa.
A inicios de febrero de 2023, la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), que supervisa las cuestiones ambientales en Estados Unidos, México y Canadá, dijo que iba a revisar una queja respecto a las emisiones de la refinería de Cadereyta.
La CCA, que supervisa las cuestiones ambientales en los tres países bajo el pacto comercial trilateral T-MEC, tenía 30 días para decidir si México debía responder a la denuncia, dijo la agencia, en un comunicado.
La denuncia fue presentada de forma anónima por un ciudadano mexicano, que acusaba al Gobierno de México, de no hacer cumplir eficazmente sus leyes ambientales, para regular las emisiones al aire de la refinería y gestionar la contaminación en Monterrey, capital de Nuevo León, estado fronterizo con Estados Unidos.
En lo que va del presente año, se habían emitido tres alertas ambientales por altas concentraciones de contaminación, las cuales fueron adjudicadas a la refinería. No obstante, el 30 de enero de 2024, la empresa paraestatal federal promovió un amparo para evitar la clausura, mismo que le fue negado.
Después, mediante un recurso de queja, un juez federal determinó que se debería conceder la suspensión, siempre y cuando comprobara que no existían emisiones contaminantes, la no afectación al medio ambiente, además de que se tomaran medidas de protección y el control de gases.
El 8 de febrero de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la operación de la refinería de Cadereyta y culpó a las empresas por generar contaminación en Monterrey y su área metropolitana.
“Últimamente he estado viendo que se culpa a la refinería de Cadereyta. Se han hecho estudios, se puede probar, un día vamos a invitar aquí al gerente de la refinería y a los responsables de PEMEX, para que expliquen cómo la refinería cuida el no afectar, el no violentar las normas, el apegarse a las normas que establecen las leyes”, indicó el mandatario nacional.
“Y muy claramente se puede constatar que la contaminación tiene que ver con muchas otras empresas, nada más que se les ha hecho fácil echarle la culpa a la refinería, por eso es mejor aclarar, informar, y vamos a hacerlo”, prometió el político tabasqueño, durante su conferencia de prensa matutina.
El 28 de enero de 2024, el gobernador de Nuevo León pidió al Gobierno Federal, que la refinería en Cadereyta fuera reubicada fuera de dicha entidad, por los altos índices de contaminación.
A través de una publicación en su cuenta de la red social X, el mandatario estatal señaló que a primera hora del 29 de enero de 2024, presentaría ante el Congreso local. una iniciativa “para que el Estado pueda actuar de verdad y con contundencia en defensa del derecho humano al aire”.
“La reubicación de la refinería de Cadereyta es la única solución efectiva y de largo plazo para enfrentar la contaminación en el área metropolitana”, se leía en la publicación que compartió el gobernador y que se titulaba “Una carta para Nuevo León”.
García Sepúlveda indicó que su llamado era al Gobierno Federal y a Petróleos Mexicanos, para reubicar la refinería e hizo referencia a las protestas que se registraron ese mismo día, en la entidad, por la supuesta contaminación.
El mandatario estatal también citó los ejemplos de Singapur y Japón, países que habían logrado reducir la contaminación, al alejar las zonas industriales de las residenciales. “No nos vengan a decir que no se puede”, apuntó. “No puede ser que, en Nuevo León, la tierra de Tesla, de la electromovilidad, del futuro, de los sueños, tengamos una refinería dentro de la ciudad”, insistió.
Asimismo, el gobernador calificó como “absurdo” el comprometer la salud de los neoleoneses, para conservar una fuente de energía del pasado. “Es momento de dejar las refinerías en el pasado y ver por el futuro. Si lo más importante son nuestras niñas y niños, la refinería debe irse de Nuevo León”, exigió.
En su carta, García Sepúlveda subrayó los avances que su Administración supuestamente había logrado en materia del agua, obra y tecnología. “Le estamos dejando a las próximas generaciones mejores condiciones que las que nos ha tocado vivir”, dijo.
El mandatario estatal añadió que para hacer frente a la contaminación, también era necesario mejorar el sistema de transporte público, así como recurrir a la industria verde. “Y eso es lo que hemos estado haciendo en este Gobierno”, explicó.
El 30 de enero de 2024, al señalar que el contenido de la iniciativa de reforma enviada por el Gobierno estatal se basó en la pasada Constitución local, por lo cual le realizarían correcciones, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Nuevo León, Mauro Guerra Villarreal, adelantó que pediría a la Comisión de Medio Ambiente, que le diera trámite con carácter de urgente.
El 1 de febrero de 2024, por unanimidad de votos, la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de Nuevo León aprobó ‘de manera urgente’, la iniciativa de reforma a la Ley Ambiental del Estado, para que que el gobernador tuviera las facultades de vigilar y sancionar aquellas fuentes de contaminación del aire, agua y suelo, que eran exclusivas de la Federación, como la refinería de Cadereyta.
Tras la aprobación de la reforma, la misma debería ser avalada en el Pleno del Poder Legislativo local y remitida al Gobierno estatal, para que la publicara en el Periódico Oficial del Estado (POE), dentro del plazo constitucional.
El 6 de febrero de 2024, el entonces precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, informó que presentó ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, una solicitud para someter a consulta popular la clausura definitiva de la refinería de Cadereyta.
“¿Qué necesitamos para reaccionar y defender a nuestros hijos? ¿Qué les vamos a decir para justificar que respiren veneno?”, escribió Álvarez Máynez, en su cuenta de la red social X, en la cual también adjuntó la primera página de la solicitud, en la que se leía que citó el ejemplo del cierre de la refinería 18 de Marzo, que se ubicaba en la zona norte de la Ciudad de México, tras determinar que la refinación de hidrocarburos generaba efectos negativos en el medio ambiente.
Tras el cierre de operaciones de esta refinería se presentó una “reducción de la contaminación del aire del área metropolitana del Valle de México […] La refinería de Cadereyta, aquí en Nuevo León, hace que millones de niños respiren veneno, así como se los digo, no es exageración, es como si le inyectáramos veneno todos los días a nuestros niños, eso es terrible y no tiene ninguna justificación”, detalló el también diputado federal.
