Colectivos de búsqueda de Baja California mostraron inconformidad con el proyecto de la Ley Estatal en Materia de Desaparición Forzada y Cometida por Particulares, pues mencionaron que algunas de sus propuestas no se añadieron y otras no quedaron claras.
Entre las propuestas que no se añadieron está designar un espacio público para preservar la memoria de sus familiares desaparecidos, garantizar el acceso a la información contenida en las carpetas de información de Fiscalía, eximir del pago de exhumaciones, ratificar de manera formal las células de búsqueda municipales, que el Consejo Ciudadano también pueda elegir al comisionado de búsqueda e incrementar año con año el presupuesto asignado a la Comisión Local de Búsqueda.
Las propuestas que señalaron no quedaron claras son las contenidas en el Artículo 48 del Fondo Estatal de Desaparición, pues no se estableció el monto que se le deberá asignar cada año, y el Artículo 70, que habla del funcionamiento de los registros estatales: uno de Personas Desaparecidas, otro de Fosas y uno más de Personas Fallecidas y No Identificadas, contenidos en las fracciones I, II y III del Artículo 68 del Capítulo Octavo, pues no se especificó cada cuánto deberán actualizarse.
Sin embargo, la queja generalizada fue la falta de presupuesto asignado para la ejecución de la ley.
“No estamos discutiendo cuánto vale mi persona desaparecida, estamos discutiendo que no hay garantía del presupuesto; nos quieren dar una ley sin presupuesto, ¿cómo va a trabajar el mecanismo?”, señaló Angélica, coordinadora del colectivo Una Nación BuscandoT, tras la reunión sostenida por son entre grupos de búsqueda con la diputada Rocío Adame el pasado 27 de febrero.
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Buscarán que la ley se apruebe antes de las elecciones
Consultada por ZETA, la diputada Michel Sánchez Allende, quien estuvo presente en la reunión del martes, explicó que dicha junta se trató de una “mesa de devolución” para darle seguimiento al proyecto de ley, por lo que aún se le pueden realizar ajustes para incluir las peticiones de los colectivos.
Cuestionada sobre la falta de asignación de presupuesto a la ley, la funcionaria explicó que éste se asigna una vez que la ley tiene el visto bueno y pasa a comisiones en el Congreso, que es cuando al Poder Ejecutivo se le dan cinco días para presentar la viabilidad de esta, algo que -hizo hincapié- es en cualquier ley.
En cuanto a la fecha para la nueva reunión con los colectivos para observar las modificaciones antes de que se pase a comisiones y posteriormente al pleno, Michel Sánchez mencionó que no hay fecha para ella, pero compartió que la idea es que la ley quede aprobada antes de que inicien las campañas del Congreso Local, el 15 de abril, para evitar que “se politice”.
