Siete trabajadores de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) permanecen en paro hasta el cierre de esta edición. El 8 de marzo cumplieron dos meses en huelga y con las instalaciones tomadas debido a irregularidades en el interior de la institución cometidos presuntamente por la presidenta Charlene Ramos Hernández.
Además, hay denuncias por abuso y acoso laboral; pese a ello, Ramos Hernández dijo que en su gestión se incrementó el 600 por ciento el trabajo, la atención a quejas y la emisión de recomendaciones, por lo tanto, ve la queja de los trabajadores más bien con el interés de frenar las labores institucionales.
“Se sacó en diciembre históricamente tres recomendaciones en el mismo mes, nunca había pasado esa productividad en la Comisión; incluso la totalidad de esas recomendaciones que se emitieron en diciembre, han sido aceptadas por las autoridades, que fueron indicadas y ya se está trabajando en el cumplimiento de ellas, ahora en este año. El tema acá es realmente cómo el enfoque es para parar el trabajo de la Comisión: ahora vemos con estos ojos que ya son muy evidentes, que hay un enfoque diferenciado de estas personas que tienen esa consigna de detener el trabajo que la Comisión realiza para la ciudadanía”, sostuvo Charlene Ramo Hernández.
Cada vez que ha sido entrevistada por ZETA, la presidenta de la CEDH refiere que ha buscado un encuentro con los inconformes porque, dijo, son ex trabajadores, con quienes procura dirimir el conflicto para que no se siga afectando a los usuarios, pero esto ha sido en vano.
En respuesta, los trabajadores afectados de la Comisión respondieron que ellos siempre han estado en disposición; en cambio, han recibido actos de intimidación para que desistan del movimiento, pues dicen les asiste la razón.
Los trabajadores de la CEDH dijeron sentirse intimidados y lacerados por parte de quien se ostenta como titular de la Presidencia, afirmando que “son actos que ella hizo indebidos y que ahora pues nos los volteó para con nosotros”, refiriéndose a los malos manejos administrativos y que la única manera de protegerse, fue corriendo al personal que se enteró del movimiento.
Pero el personal está tranquilo y en espera de que las autoridades laborales intervengan con los recursos que interpusieron, y una vez que les asista la razón legal, solicitarán la destitución de Ramos.
“Estamos en la espera de que todo lo que hemos interpuesto, que son las denuncias ante las diferentes instancias, salir avantes, porque los hechos, las actas, nos respaldan; no es falso lo que nosotros decimos, tenemos todo soportado, tenemos los documentos que así lo acreditan. Ahora sí que todo está en manos de las autoridades. Como abogados sabemos que todo tiene un tiempo, se tiene que agotar; entonces estamos en la espera, estamos desde el 8 de enero”, expuso Alma Denis.
Lo que más les preocupa a los manifestantes, es que ya son dos meses sin recibir su quincena, su finiquito, liquidación o alguna instrucción que tenga sentido, pues asegurando que están siendo ignorados sus derechos.
Es decir, que en la Comisión Estatal de Derechos Humanos les están violentando sus derechos como personas.
CHARLENE DENUNCIADA POR DESVÍO DE RECURSOS
Desde el pasado 17 de enero fue denunciada Charlene Ramos Hernández, presidenta de la CEDH por el “uso de fondos públicos a una aplicación distinta a la que fueron destinados”, queja que quedó radicada en el expediente LPZ/392/2024/NUC ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
El monto presuntamente desviado es un acumulado de 645 mil 169.56 pesos, que corresponden corresponde originalmente al capítulo 1000 “servicios personales”, el cual se utilizó para gastos de contratación de servicios profesionales, adquisición de equipamiento y viáticos, sin contar con aprobación del consejo consultivo.
Dice la denuncia que el monto total que se observa, se ejerció de manera indebida o no autorizada, fue a partir del recurso etiquetado del mes de junio al mes de noviembre de 2023; el director de administración habría recibido la instrucción directa por la titular de la presidencia, Charlene Ramos Hernández. Según los documentos, corresponde a los siguientes servicios:
*Gastos Personales: 165 mil 536.80 pesos.
*Contratación Sahagún Abogados: 122 mil 194.40 pesos.
*Contratación de servicios profesionales de Alberto Torres Alfaro: 91 mil 800 pesos.
*Construcción de plataforma web con NEWWWEB: 265 mil 638.36 pesos.
*Logotipo publicitario: 46 mil 400 pesos.
“En el desarrollo de mis funciones, tuve la oportunidad de revisar lo que es la parte financiera, documental de la institución. Estamos hablando que en el mes de junio se revisaron por situaciones ya vistas irregularmente, los gastos propios de la Cuenta Pública en el mes de julio; se detectaron gastos irregulares sin comprobar de la señora Presidenta, en tipo viáticos a la ciudad de México, a distintas ciudades, de lo cual la normatividad nos indica que debe de haber un informe de esos viáticos y digamos la precisión a que se usó ese recurso, cosa que en nuestros libros contables no se encuentra ninguna información que soporte es ese tipo de gastos”, denunció Abraham Manríquez Ramírez, administrador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Según Abraham Manríquez, la titular de la CEDH solicitó 50 mil pesos mediante la plataforma WhatsApp como viáticos para ir al último informe del gobernador Víctor Castro Cosío en el municipio de Loreto, para ella y dos acompañantes, un servidor público y a quien identifican como su pareja sentimental.
Mediante una conversación que fue mostrada a ZETA se pudo constatar de la solicitud de Charlene a última hora, y como depósito quedó muy temprano, ella retiraría un monto del cajero, ya que no contaba con dinero en su cuenta de nómina.
“El 21 de noviembre la señora presidente me pidió viáticos por un monto de 50 mil pesos para tres personas que le iban a acompañar, esto derivado a ella asistir a la invitación que le hizo personalmente el señor Gobernador a su informe de gobierno; así me lo expresó la señora presidente, que tuvo una invitación personal del señor Gobernador para asistir a dicho evento. En este evento, pues me pide ella 50 mil pesos para sus viáticos, que consta para el señor Alberto Torres, que es el que preside la el órgano interno de control, para ella y para su novio o para su acompañante sentimental, que es Marcos Orozco; para esos gastos, situación que tampoco comprobó, ni tampoco informó. Toda esa suma de gastos irregulares suman más o menos como unos 170 mil pesos aproximadamente”, expresó Manríquez, en referencia a Gastos Personales.
SIMULAN LA COMPRA DE LAPTOPS
Las acusaciones en contra de Charlene Ramos de la CEDH mediante la denuncia presentada el 28 de febrero ante la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur, solicita se inicie la investigación por el desvío de recursos con base en el Artículo 54 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur; además, la acusan de simular actividades mercantiles en la compra de equipamiento para la institución.
En poder de ZETA reside la factura #152 que emitió NEWWWEB el 10 de agosto del 2023 por un monto de 174 mil pesos en la compra de tres “Apple 2021 MacBook Pro (16 pulgadas Chip M1 Pro con CPU de 10 núcleos y GPU de 16 núcleos 16 GB RAM 1 TB SSD) – Gris Espacial”.
Las computadoras modelo 2021 fueron compradas en el 2023 con un valor de 58 mil pesos cada una, en el mercado actual, y nuevas en 2024 alcanzan un valor de 40 mil, además de que eran donadas; así lo aseguró Abraham Manríquez.
“Sí, es un tema un poco delicado, pero tengo la certeza de lo que estoy diciendo, puesto que yo lo viví y escuché. Lo que ella me comentó, la situación fue esta: Abraham tengo estas tres laptops, que las conseguí a través de una asociación mía, de las que yo presido, y necesito que la Comisión me las pague. Entonces inmediatamente conociendo la dinámica de gobierno y toda la normatividad que conlleva esto, le dije: ‘¿Sabe qué?, no se pueden comprar equipos que no están en un plan de trabajo, que no están en un programa de adquisiciones, arrendamiento y servicios. No está autorizado por un comité de bienes internos, y mucho menos está etiquetado en un recurso presupuestal para este tipo de gastos emergentes’. Me dice: ‘Yo necesito que me las pagues’”.
“Bueno viendo esa postura de ella, como siempre he dicho, yo soy también subordinado, pues ella me da una factura para pagarla inmediatamente; cuando recibo esa factura de este proveedor que les comento, pues yo hice la transferencia, el asunto era de que ella recibía… bueno, este proveedor iba a recibir el recurso, el pago de esas laptops, y a su vez ese proveedor iba a regresarle a ella el dinero, ya sea efectivo o por transferencia entre ellos”, expresó Manríquez.
Pero al hacerle saber de las irregularidades en el proceso de adquisición de las computadoras que inicialmente le habían donado a una de sus instituciones, Charlene, según el administrador, tomó en represalia la destitución del puesto.
“El pago de esas laptops fue en el mes de septiembre, entonces pues yo inmediatamente traté de decirle a ella ‘Hay que empezar a hacerlo lo más normal posible, esta situación como qué, por ejemplo, los contratos, juntar un Comité de Adquisiciones para que lo autorice, informarle al consejo para normalizar la situación’. Inmediatamente yo expuse esta situación con ella y con otras personas. Cuando yo se lo informé a la presidenta de que, por favor, hay que regularizar esta situación, en ese momento ella toma la represalia; se sintió como expuesta de una actividad obviamente a que era irregular y lo tomó contra mí en lo personal para separarme del cargo”, comentó Abraham.
En entrevista para medios, la presidenta de la Comisión expresó su inconformidad por las supuestas denuncias en su contra, incluso el expediente que ya reside en la Auditoría Superior del Estado, en la Procuraduría y la queja ante el Órgano Interno de Control de Derechos Humanos mediante expediente DOCTO/INT/ADMON/055/2024.
“Son calumnias, y que se hagan las investigaciones correspondientes y que se deslinden las responsabilidades; pero por qué este otra actuar en lugar de seguir los procesos y los procedimientos como deben de ser. Entonces voy y tomo las instalaciones, afectando a la ciudadanía, en una toma completamente ilegal; no es un paro, no es una huelga, son estas personas que decidieron tomar las instalaciones sin ningún derecho”, defendió Charlene Ramos.
Ante los señalamientos de Abraham Manríquez del área de administración, Charlene Ramos sostuvo a los medios que, si había alguna afectación laboral que recurriera a las instancias laborales para darle el debido seguimiento y a que sea a los tribunales a quienes les brinde la evidencia correspondiente.
“Se le indicó que si él consideraba que tenía una afectación de índole laboral, como las que está refiriendo, pues para eso están las instancias correspondientes: que se apersonara ante las autoridades laborales, que presentara su reclamo, su demanda, sus evidencias, sus pruebas… Y evidentemente esa es una situación que para eso están los tribunales y las autoridades. El juez va a analizar la situación, va a analizar la evidencia y va a resolver conforme a derecho; para esto tenemos todas las instituciones de gobierno, para que cada quien acuda a que un tercero resuelva un conflicto”, finalizó Ramos Hernández.