Ocho periodistas fueron asesinados durante los últimos siete años, mientras estaban inscritos en el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, adscrito a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), cifra que ponía de relieve la “urgente necesidad de fortalecer y reformar la institución”, según dijeron, el 6 de marzo de 2024, las organizaciones no gubernamentales Amnistía Internacional (AI) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
Durante la presentación del informe ‘Nadie garantiza mi seguridad’: La urgente necesidad de fortalecer las políticas federales de México para la protección de periodistas’ -elaborado por Primavera Téllez Girón, Luis Miguel Carriedo, Juan Pablo Villalobos Díaz y Cecilia Suárez-, las ONG’s alertaron que el Mecanismo creado en 2012 para proteger a defensores de DD. HH. y comunicadores, en un país “en riesgo extremo de amenazas y ataques por su trabajo”.
“El Mecanismo federal para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas sigue siendo una parte crucial de los esfuerzos del gobierno en México para hacer del país un lugar más seguro para los periodistas, pero sólo puede cumplir ese papel si aborda adecuadamente sus propias fallas”, dijo Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México.
“Después de años de incesante derramamiento de sangre e impunidad corrosiva, ha llegado el momento de que el Estado mexicano actúe y demuestre que finalmente está dispuesto a tomar en serio sus obligaciones con la libertad de prensa”, agregó Hootsen.
Durante los últimos 18 meses, ambas ONG’s examinaron el Mecanismo, revisando una amplia gama de información disponible públicamente respecto a la institución y a través de documentos adquiridos a través de solicitudes de libertad de información, ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
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Tanto Amnistía Internacional, como el CPJ, realizaron investigaciones de campo en los estados de Oaxaca, Quintana Roo y Tlaxcala, y administraron un cuestionario a 28 periodistas inscritos en el Mecanismo adscrito a la SEGOB.
“Sobre el papel, el Mecanismo evalúa los riesgos que enfrentan los periodistas, les brinda medidas de protección y coordina con agencias estatales y federales para mitigar los riesgos. En realidad, si bien el Mecanismo ha brindado la protección que tanto necesitan algunos periodistas, no protege adecuadamente a muchos otros”, indicaron las ONG’s.
“A noviembre de 2023, había 651 periodistas inscritos en el Mecanismo: 469 hombres y 182 mujeres. Pero el número de solicitudes de protección que el Mecanismo ha rechazado ha aumentado considerablemente en los últimos años, de solo una en 2020 a 14 en 2021, 49 en 2022 y otras 49 en los 11 primeros meses de 2023”, detallaron el CPJ y AI.
“Casi todos los periodistas con los que hablaron Amnistía Internacional y el CPJ dijeron que habían seguido sufriendo incidentes de seguridad después de inscribirse en el Mecanismo y muchos describieron la respuesta del Mecanismo como lenta, burocrática y carente de empatía. Muchas periodistas también sintieron que el personal del Mecanismo minimizó los riesgos que enfrentaban y no tuvo en cuenta su género”, indicaron las ONG’s.
Amnistía Internacional y el CPJ perfilaron tres casos emblemáticos de reporteros inscritos en el Mecanismo: Gustavo Sánchez Cabrera, Rubén Pat Cauich y Alberto Amaro Jordán. Los primeros fueron asesinados mientras estaban bajo la protección de la institución adscrita a la SEGOB “y sus historias sirven como dolorosos recordatorios de las consecuencias de una protección inadecuada por parte de la agencia gubernamental”.
“El caso de Amaro, que ha solicitado al Mecanismo que no retire sus medidas de protección después de considerarlas ya no necesarias, ofrece información sobre las luchas de los periodistas con la burocracia, las fallas del Mecanismo para evaluar adecuadamente los riesgos y la sorprendente falta de interés de los funcionarios públicos en tomar medidas. las amenazas contra los periodistas en serio”, enfatizaron las ONG’s.
“Nuestra investigación destaca cómo los asesinatos de periodistas como Gustavo Sánchez y Rubén Pat Cauich podrían haberse evitado si las autoridades hubieran tomado medidas más rápidas y decisivas para protegerlos. Las autoridades mexicanas deben hacer todo lo que esté a su alcance para proteger a la prensa y garantizar los derechos de los periodistas a la vida y a la libertad de expresión”, afirmó Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.
“La investigación pinta un panorama alarmante de una institución profundamente defectuosa que necesita una reforma importante para responder a las necesidades de los periodistas en uno de los países más violentos del mundo para la prensa”, agregaron el CPJ y Amnistía Internacional.
“De particular preocupación es la aparente falta de conocimientos básicos sobre cuestiones de derechos humanos entre su personal, las importantes fallas del Mecanismo para evaluar adecuadamente los riesgos que enfrentan los periodistas o tomar en cuenta consideraciones de género, y las malas prácticas de comunicación de la institución con los beneficiarios”, agregaron las ONG’s.
“La investigación también revela una tendencia creciente del Mecanismo a negar, debilitar o retirar las medidas de protección a los periodistas, a pesar de los peligros claros y presentes que los periodistas siguen enfrentando”, dijeron las organizaciones no gubernamentales internacionales.
“Entre otras recomendaciones, Amnistía Internacional y el CPJ llaman a las autoridades mexicanas a garantizar una financiación adecuada y capacitar adecuadamente al personal del Mecanismo, revisar sus procesos de evaluación de riesgos e implementar una perspectiva de género en sus protocolos para abordar mejor las necesidades específicas de las mujeres periodistas”, solicitaron las ONG’s.
“Las organizaciones también piden una colaboración mucho más estrecha entre el Mecanismo y los órganos de investigación federales y estatales de México para abordar la impunidad y las causas profundas de las amenazas y ataques contra periodistas”, abundaron el CPJ y AI.
“El gobierno mexicano debe tomar medidas inmediatas para abordar los problemas que enfrenta el Mecanismo. Esto es particularmente urgente en un momento en que México se dirige a un nuevo ciclo electoral que podría afectar la forma en que el país aborda las graves violaciones de derechos humanos y derechos fundamentales como la libertad de prensa”, finalizaron las ONG’s.
El mismo día, a través de un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -órgano adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA)-, felicitó a México por aumentar los recursos presupuestales destinados a fortalecer el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en dicho país.
