El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró infundados, el 6 de febrero de 2024, los recursos de revisión con los que el Gobierno Federal pretendía no entregar información respecto a la contratación del programa informático Pegasus, desarrollado por el grupo israelí NSO.
Por nueve votos contra dos -de las ministras Loretta Ortiz Alhf y Lenia Batres Guadarrama-, el Pleno del máximo tribunal constitucional resolvió los recursos de revisión 26/2021 y 27/2021, interpuestos por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal , en noviembre de 2021, con el que la Presidencia de la República buscaba revertir las resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
El Pleno de la SCJN ratificó la resolución del órgano constitucional autónomo, en la que instruyó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregar, en versión pública, información respecto a la contratación de Pegasus.
El Pleno del máximo tribunal constitucional indicó que no se encontraba acreditada la reserva de la información por razones de seguridad nacional, porque la clasificación de la información pública dependía de su contenido y no del sujeto que la emitía o las atribuciones del mismo, aun cuando contara con facultades relacionadas, como era el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la SHCP.
El ministro ponente Alberto Gelacio Pérez Dayán planteó que del estudio integral de la resolución del INAI, se desprendía que la información que la SHCP debía entregar, era la relativa a las contrataciones de Pegasus, en los años 2014, 2015, 2016 y 2017.
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Esto ante la manifestación de la propia Unidad Inteligencia Financiera, la cual, a través de su entonces titular Santiago Nieto Castillo, reconoció que contaba con dicha información, lo que ocasionó que un ciudadano pidiera la versión pública de esas contrataciones.
Nieto Castillo informó que la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) pagó 32 millones de dólares al grupo israelí NSO Group, y que, en total, se hicieron pagos por más de 6 mil millones de pesos, que involucraron a múltiples empresas e instituciones públicas.
En esa ocasión, el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dio los nombres de todas las empresas y otros detalles, pero ante las solicitudes de información, la UIF decidió reservar los datos por cinco años, alegando que se pondrían en riesgo sus técnicas de inteligencia y la investigación de probables delitos.
La ministra Ortiz Ahlf se posicionó en contra del proyecto y citó la Ley de Seguridad Nacional, que ordena reservar por motivos de seguridad nacional la información que implique la revelación de normas, procedimientos, o equipos útiles a la generación de inteligencia.
Por su parte, la ministra Batres Guadarrama señaló que la petición “no versó sobre la contratación del programa Pegasus, sino de documentos que obran en la SHCP por conducto de la UIF, en ejercicio de sus actividades de inteligencia financiera, ya que no se advierten elementos que permitan afirmar que conocen de procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios de contrataciones respecto de este software”.
Mientras que el ministro Aguilar Morales destacó que el proyecto no analizaba el uso, finalidad o utilización de Pegasus, sino dar la información del procedimiento de contratación, que la propia UIF hizo pública en una conferencia de prensa, llevada a cabo el 21 de julio de 2021.
“Entiendo que no estamos analizando en el proyecto el uso, la finalidad, ni la utilización de la aplicación de Pegasus, estamos analizando si se debe dar la información del procedimiento de contratación, ni la forma que se haya usado, sino la cuestión de la contratación […] La propia UIF estableció que tenía esa información en la comparecencia que hizo”, enfatizó el ministro Aguilar Morales.
En tanto que el ministro Juan Luis González Alcántara destacó que Pegasus era “un caso paradigmático de enorme interés público, pues implica el uso de recursos del Estado, para vulnerar los derechos humanos de los ciudadanos”, postura que respaldó Yasmín Esquivel Mossa.
