La liberación de Xóchitl Sánchez Félix -hermana de Jesús Alexander Sánchez Félix/José Ponce Félix, alias El Ruso- y de dos de sus acompañantes el viernes 26 de enero, provocó una ebullición política dentro del Poder Ejecutivo que culminó en un ataque directo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, en contra del Poder Judicial Federal, al que acusó de permitir la liberación de criminales que son asegurados por las fuerzas de seguridad de Baja California.
El reclamo de la mandataria se dio el miércoles 31 de enero desde su escenario predilecto: la mañanera. Notoriamente enfurecida, criticó a los jueces federales y a agentes de la Policía Municipal de Mexicali que fungieron como testigos -mediante oficio emitido por un Juez Federal a la Dirección de Seguridad Pública Municipal- en el caso que concluyó con la liberación, el cual fue el último de tres episodios continuos donde elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) detienen a presuntos criminales con droga o armas, y son absueltos de toda acusación, bajo el argumento de que se dio una detención ilegal o fuera del debido proceso.
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En todos los casos hubo una intervención de la corporación estatal, se aprehendió a objetivos prioritarios o cargamentos de droga relacionados con la agrupación delictiva Los Rusos, dirigida por Jesús Alexander Sánchez Félix/José Ponce Félix (Se presume inocente en tanto no se determine su responsabilidad, según el Artículo 13 del CNPP), y del mismo modo, en todos los casos hubo absolución de los imputados.
Sin embargo, la detención de Xóchitl Harumi Sánchez Félix el viernes 19 de enero, acompañada de dos sujetos identificados como César Antonio Mojardín Pérez (pareja), de 25 años y Ramón Omar Avilez Medina, de 43, supuesto primo de Alfonso Peralta Medina el P1 y/o Ponchito de la Lima, fue la gota que derramó el vaso para la gobernadora, quien arremetió contra el Poder Judicial Federal, pero también recriminó que varios agentes participaron como testigos en beneficio de la hipótesis de los acusados.
La declaración causó revuelo dentro de la conferencia de prensa, pero también en las esferas políticas y de seguridad del Estado, al evidenciar un conflicto abierto, descoordinación y desconfianza entre corporaciones de seguridad al momento de llevar a cabo detenciones relevantes.
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Según cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE), Baja California cerró 2023 con 2 mil 116 asesinatos y 20 feminicidios, que si bien, representa una marginal reducción en comparación con el año anterior, permanece entre las entidades federativas más violentas de México.
AVIONETAS CON COCAÍNA, EL VALLARTA Y LA HERMANA DEL RUSO
Específicamente tres juicios en Mexicali encendieron las alarmas del Poder Ejecutivo, los cuales se cayeron por considerar que hubo detenciones ilegales o procedimientos irregulares por parte de la FESC, en los que se descubrieron actos ilícitos u objetivos prioritarios.
El último fue la detención y posterior liberación de la hermana del Ruso, la cual fue asegurada -oficialmente- a bordo de un vehículo Nissan donde viajaban otros dos individuos.
La información que la Secretaría de Seguridad Ciudadana hizo pública a los medios de comunicación, es que los sujetos fueron detenidos porque uno de ellos sostenía lo que parecía ser un arma de fuego. Dentro de la unidad se encontró más evidencia que fue remitida a la autoridad. Sin embargo, la versión de la defensa de los implicados es que los sujetos fueron intervenidos dentro de un domicilio ubicado en el Kilómetro 57, y no al salir del mismo a bordo del vehículo.
Tanto el General Leopoldo Tizoc Aguilar, secretario estatal de Seguridad, como el director de la Policía Municipal de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil, sostienen en declaraciones que el operativo corrió por cuenta de la FESC y que policías municipales llegaron a raíz de un reporte de emergencia por parte de vecinos que indicaron un supuesto abuso policial.
Cuando los agentes municipales llegaron, el operativo ya se ejecutaba por parte de la FESC, pero se generó un momento ríspido, debido a que los elementos aprehensores vestían ropa de civil; hubo un enfrentamiento verbal por la intervención, pero al final trasladaron a los asegurados.
Días después de la detención, los abogados de la hermana del Ruso acudieron al inmueble para tomar fotografías, pero nuevamente se dio un episodio de tensión porque los oficiales -al desconocer de quién se trataba- cuestionaron a los juristas y no les permitieron retratar la escena.
El secretario dice que los abogados llegaron acompañados de los policías, pero la corporación local lo desmiente y asegura que a través de un llamado de emergencia se refería que no les permitían tomar imágenes para una diligencia con la que se busca armar la defensa del caso.
Aguilar Durán comentó que sus agentes preguntaron al Poder Judicial Federal si era permitida la diligencia para recabar información gráfica del lugar, pero -aseguró- les fue negada; los abogados habían utilizado un dron para obtener imágenes del predio, lo cual derivó en otro reporte que culminó con un nuevo enfrentamiento verbal entre policías de ambas corporaciones.
El viernes 26 de enero se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso de los tres implicados y, tras una extensa audiencia, se decretó su liberación bajo el argumento de que se incumplió con el debido proceso al momento de detenerlos.
Uno de los puntos relevantes, es que seis agentes de la Policía Municipal fueron citados a declarar en el caso debido a una orden judicial, pero sólo tres se apersonaron.
ZETA tuvo acceso al documento enviado por Freddy Soto González, administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California con residencia en Mexicali, de la causa penal 18/2024, donde se le solicitó la presencia de los agentes Christian Martínez Salazar, José Raúl Sánchez Hernández, Carlos Francisco Rodríguez Canobilo, Fernando Romero Patiño, Gustavo Quintana Crespo y Juan Francisco Pérez Uruela, de los cuales sólo acudió la mitad.
El apercibimiento refiere que, de no presentarse, los agentes se harán acreedores a una multa de 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Si bien, los testimonios de la Policía Municipal fueron determinantes para tumbar la versión del caso, la defensa presentó otras pruebas, al grado que el juez decretó que, además de liberarlos, se hiciera una investigación en contra de los agentes que participaron en la detención, ante el posible abuso de poder que -aparentemente- cometieron.
El lunes 8 de enero se llevó a cabo otra detención que se cayó en los mismos términos, al ser aprehendido un sujeto de nombre José Manuel Cortez Isas, de 42 años de edad, originario de Las Palmas, Jalisco y conocido como El Vallarta, ligado a la agrupación delictiva Los Rusos, pero que se le relaciona con el tráfico de personas en la zona desértica y serrana entre Mexicali y Tecate.
El comunicado de prensa refiere que El Vallarta fue capturado con una mujer de nombre Esmeralda Guadalupe y Manuel Aarón, de 42 y 18 años de edad, a raíz de un llamado anónimo que indicó la presencia de personas armadas en un domicilio ubicado sobre Calle Gerania, Colonia Cucapah Progreso en Mexicali.
De acuerdo al documento, los uniformados acudieron al lugar y observaron desde el exterior a unas personas armadas que, al verse descubiertas por la autoridad, intentaron escapar de infantería, pero lograron aprehenderlos.
Tras presentarlos ante el juez federal, el caso nuevamente se cayó, debido a que no se acreditó legal la detención y, a criterio del juzgador, las cosas no ocurrieron como se narraba el hecho.
Un episodio más ocurrió el 14 de noviembre de 2023 en Mexicali, cuando elementos de la FESC decomisaron armas y un cargamento de 280 paquetes de cocaína, metanfetamina y fentanilo, lo que representaba casi 800 kilos en total. Los detenidos fueron identificados como Misael López Tamayo, Rubén Francisco Peña Valenzuela, Jesús García Peña, Narciso López y José Luis Inzunza Félix, los cuales fueron procesados porque se encontraban dentro del inmueble donde se resguardaban las avionetas y la droga.
Luego de una semana, el juez Rafael Saldaña Montiel decretó su libertad, ya que a su criterio, no se acreditó que la detención se llevó a cabo de manera legal y respetando el debido proceso.
ARREMETE GOBERNADORA CONTRA PJF Y CUESTIONA A POLICÍAS MUNICIPALES
“El colmo es que hubo policías municipales declarando a favor de los delincuentes; yo quiero agradecerles a los elementos de la Fuerza Estatal, a los de la Sedena, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, a los policías municipales que se enfrentan contra el crimen, y luego qué pasa: los sacan. Había un objetivo en Tijuana que ha sido detenido tres veces con armas, y ahí a la semana”. Fue una de las primeras declaraciones de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda que dirigen un canto de batalla contra el Poder Judicial Federal.
La mandataria expuso que en estas detenciones se han inconformado contra el Poder Judicial Federal, ya que -aseguró- no analiza los casos conforme a la realidad de violencia que se vive en BC.
“Hemos visto todos aquí, se han dado cuenta que la Fuerza Estatal, la Guardia Nacional, las corporaciones están haciendo su trabajo, somos uno de los estados con más decomisos y detenciones, pero pues el Poder Judicial no está haciendo el trabajo en favor de los ciudadanos, encuentra figuras jurídicas y legaloides”, reclamó notoriamente molesta al ser cuestionada sobre las tres liberaciones dictadas por jueces federales.
Tanto Marina del Pilar como el consejero jurídico Juan José Pon, aseveraron estar analizando interponer recursos legales contra los jueces que decretan libertad contra los implicados.
Por su parte, el secretario Leopoldo Tizoc Aguilar indicó que la propia dependencia presentó una denuncia ante Sindicatura Municipal y la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los agentes que acudieron a la escena donde se capturó a la hermana del Ruso, ya que pudo tratarse de una intervención -posiblemente-fuera del marco legal.
“En los tres casos tenemos expedientes armados para elevarlos a la Federación, justamente hablaremos con autoridades donde observamos posible comisiones y anomalías que jurídicamente no compartimos para hacerlo de constar de la FGR y ver cosas muy evidentes: las avionetas, más de 800 kilos de cocaína y los libera; El Vallarta, tres detenidos, tiene hegemonía en el tráfico de personas, nos lo sueltan y ahora este último caso, la hermana de un delincuente del Valle de Mexicali. Obviamente un nuevo patrón, empiezan a cambiar las circunstancias legales; estoy en comunicación con el delegado de FGR sobre el tema”, expresó el funcionario.
Pedro Ariel Mendívil, director de la Policía Municipal de Mexicali, comentó que, de no existir irregularidad alguna, se debe castigar con todo el rigor de la Ley a los uniformados, pero aclaró, todas las intervenciones de la corporación quedaron asentadas dentro de informes internos y llamadas a C4 -estas últimas bajo control de la Secretaría de Seguridad Ciudadana-.
“El llamamiento, porque se pueden generar especulaciones, atiende un llamado al 911, son varias llamadas donde hablan de personas armadas en un lugar específico, y es la canalización a través del operador de esa llamad; en ese caso, a través de la radiofrecuencia del valle”, refirió el funcionario municipal.
“Los agentes tienen la obligación legal de comparecer, va con apercibimiento de multa, de arresto e incluso a mí me notifican que en caso que no facilite la presencia de los agentes, podría incurrir en desacato. La responsabilidad legal es cumplir con el mandato judicial y deben comparecer ante el juez de Control, no tengo los pormenores de la audiencia, obviamente no participé yo en la detención”, sentenció Mendívil.
“HAY QUE PONERLE UN HASTA AQUÍ (A LOS RUSOS)”: FLORES GALLEGOS
Elías Flores Gallegos, presidente del Consejo Estatal de Asociaciones de Abogados de Baja California, AC, arremetió contra el Poder Judicial de la Federación y la agrupación delictiva Los Rusos, a quienes “hay que ponerle un alto”.
En entrevista luego de las declaraciones de la gobernadora, el jurista consideró que los comentarios son una declaración de hartazgo que arrastran los ciudadanos, pues se está abusando del sistema de justicia en perjuicio de la autoridad en general.
“La FGR ha hecho libertades de manera sumaria, se está abusando del sistema en perjuicio de la autoridad en general, rayan en lo burlesco, cómo es posible que unos individuos tengan avioneta, droga y arma; nomás falta que les devuelvan la droga, el delincuente anda muy tranquilo por la calle, debemos poner orden”, urgió.
Para el abogado hay buenos y malos elementos dentro de las corporaciones, sin embargo, quiere pensar que el director no está enterado de la situación, aunque considera que la violencia en el Vale es un foco atribuible a Los Rusos.
“Estamos al tanto que se han decretado algunas detenciones ilegales por parte de jueces federales, pero también esas detenciones vienen acompañadas de ciertas estrategias legales poco convencionales o sucias, mediante las cuales delincuentes salen. La verdad, tienen la fuerza económica para sobornar, como para amedrentar a la FGR como el sistema judicial penal. Tienen que sentirse perseguidos a partir de esta declaratoria de la gobernadora”, declaró el letrado, para puntualizar que es bien sabido que policías del Valle de Mexicali cuidan y escoltan al Ruso.
