Alzo la voz porque no quiero ser una más de las que encuentran muertas. Temo por mi vida y hago responsable al señor César Pérez Álvarez de cualquier daño que pueda sufrir mi familia y mi persona”, expuso Erika Adriana Monroy Vega, una madre de familia que vivió un infierno a lado de su ex pareja en el municipio de Los Cabos.
La víctima externó su sentir mediante redes sociales, explicando que las autoridades no quisieron atender su caso como intento de feminicidio, sino como una serie de amenazas que la Procuraduría General de Justicia atiende a través de la carpeta de investigación CSL/128/2024/NUC por el delito amenazas en grado consumado, daños en grado consumado.
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Pese a que la pareja se divorció, las agresiones contra esta mujer continuaron hasta el miércoles 10 de enero del 2024 a las cinco de la mañana, cuando la víctima había dejado a su hija en el trabajo y de regreso a casa tuvo un percance con un automóvil negro con placas PRO-6243.
Gracias a la grabación de una cámara de vigilancia en el lugar del accidente, se recabó evidencia para las autoridades y así se confirmó la agresión e intento de homicidio en contra de Erika Adriana Monroy Vega.
“Fui atacada en una persecución por el sujeto antes mencionado, en la cual atentó contra mi persona, chocándome el vehículo para proceder a forzar las puertas de la unidad e intentarme bajar con amenazas de muerte; reacciono y arranco el carro, optando por dirigirme al trabajo de mi hija, el sujeto continúa la persecución y me vuelve a chocar por la parte posterior del vehículo. Logro llegar al lugar de trabajo de mi hija, donde mi reacción es sonar el claxon del vehículo y me escucharan; personas se percatan que algo pasa y se acercan a auxiliarme en el cual el agresor César huye del lugar”, recordó la víctima de violencia.
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Estacionada en el sitio, recuerda ella que en algún momento su mente se rindió y pensó abrir la puerta, pero no lo hizo, mientras el agresor jalaba la manija del auto y repetía una y otra vez “abre la puerta, abre la puerta. Yo te dije, abre la puerta”.
En el sitio, vecinos alcanzan a escuchar los gritos de César y con sus teléfonos celulares documentaron el incidente, que fue interrumpido cuando dos testigos se acercaron al vehículo, por lo que el hombre huyó del lugar.
LAS SIGUEN ACOSANDO
Erika y sus hijas viven presas de su agresor, que constantemente las vigila y molesta. La mujer es propietaria de una purificadora de agua y el negocio cuenta con cámaras de vigilancia, gracias a esto tiene registro de cada una de las visitas que le ha hecho a su local a altas horas de la madrugada.
“El agresor de todo esto no se detiene ante nada. Porque nos hemos percatado mediante nuestras cámaras de seguridad que ha mandado gente cercana a él a vigilarnos y seguirnos”, denunció Erika Adriana Monroy.
El mismo 10 de enero, a las 11:37 p.m., presuntamente envió a un masculino a bordo de un automóvil color gris tipo Jetta. Una persona descendió del vehículo, caminó de lado a lado y al mismo tiempo observó a los alrededores. Luego, del auto sacó un galón con una sustancia líquida, la cual arrojó al negocio de Erika Adriana, y al cabo de unos minutos se retiró.
Horas más tarde, pasadas las dos de la madrugada del 11 de enero, regresa el mismo tipo acompañado de alguien más, tocan el timbre de la casa y se quedan observando a través de las ventanas, permaneciendo el sitio por espacio de cuatro minutos, hasta que se fueron.
También por la noche, una camioneta tipo pick-up color blanco se estacionó a las afueras de su domicilio sin razón alguna; reconociendo que se trata de un conocido de su ex, Erika le reclama sobre su presencia en su casa, y al verse descubierto, el masculino enciende la camioneta y se da a la fuga.
“Gente que él me manda vigilar”, reclamó Erika, pues “él está obsesionado en matarme; creo que ya es un psicópata y no va a descansar hasta conseguir lo que quiere que es matarme. Acudo a interponer mi denuncia a la Procuraduría y ellos me la reciben como amenaza, cuando en realidad es un intento de homicidio; me toman la denuncia y me dicen vengase en un periodo de 10 días, y cuando les digo que qué voy a hacer en tanto tiempo, ellos me dicen que es un proceso de mucho tiempo, muy largo”, se quejó la afectada ante medios de comunicación.
JUSTICIA LENTA
“Aparte de la coordinación en la Mesa de Seguridad, es el combate a la impunidad, especialmente o que espera la víctima en sí, la persona que denuncia o la que presenta la querella en su caso, espera que haya una solución a esa denuncia, que no se quede en una estadística, un número más”, apuntó Daniel de la Rosa Anaya, procurador general de Justicia del Estado, respecto a casos como el de Erika.
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 2023 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía confirmó que en los municipios de Baja California Sur como La Paz (36.7 por ciento) y Los Cabos (7.6 por ciento), durante el cuarto trimestre de 2023, pudo conocerse o haber escuchado que el gobierno de la ciudad ha implementado actividades o programas para prevenir la violencia y/o la delincuencia.
Cuando se hace la misma pregunta, pero ahora a los hombres de 18 años y más, La Paz alcanzó 34.2 por ciento; mientras que Los Cabos 10.9 por ciento. En lo que refiere a las mujeres, 38.7 por ciento de las paceñas escuchó sobre estas estrategias, mientras que en Los Cabos apenas el 4.7 por ciento se enteró de dichas estrategias.
En el caso de acoso personal y violencia sexual, la encuesta considera que durante el segundo semestre del 2023, las personas mayores de 18 años sufrieron de alguna situación de acoso y/o violencia sexual en lugares públicos.
Los Cabos figura con el 13.2 por ciento de percepción de inseguridad. La Paz aparece como el tercer lugar nacional con el mayor número de personas que han sufrido de acoso o alguna clase de violencia sexual al salir de casa en 2023, sólo por debajo de Zapopan, Jalisco con 23.8 por ciento; le sigue Tlalpan en Ciudad de México, cuya cifra es de 23.4 por ciento.
“Es importante destacar el delito de feminicidio. En este caso terminamos el año (2023) con dos casos, lamentables esos dos casos. En el caso del feminicidio, tuvimos una reducción del 60 por ciento, porque en el 2022 fueron seis casos, en el 2021 fueron siete casos, todos ellos resueltos, esclarecidos. En el ocaso del 2023 fue el lamentable hecho de la Pasión, el feminicidio de San José del Cabo de la Doctora; ambos están esclarecidos y siguiendo el proceso penal respectivo, con los presuntos responsables en prisión preventiva”, reconoció Daniel de la Rosa Anaya.
El gobierno de Baja California Sur inició en enero del 2023 la campaña “Párale a la Violencia contra las Mujeres”, sin embargo, en el 2022 la entidad alcanzó las tres 508 carpetas de investigación por incidentes relacionados a: violencia familiar, violencia de género e incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar.
Para el 2023, la cifra ascendió a cuatro mil 201 carpetas de investigación, siendo un aumento, de un año a otro, del 19.75 por ciento más delitos cometidos en el seno familiar, significando casi un 20 por ciento más de delitos contra las mujeres en la familia durante el 2023. En el caso de los delitos sexuales, la cifra aumentó 70 casos más que el año pasado, lo que sin duda será un gran reto para la administración de Baja California Sur.
“En el caso de delitos de violación y violencia familiar, sí se tuvo una pequeña disminución de la coincidencia delictiva”, reiteró, por último, Daniel de la Rosa.
