Raquel Ivette Duarte Cedillo, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México, con sede en Toluca, giró, el 1 de febrero de 2024, una nueva orden de aprehensión, por el delito de delincuencia organizada, contra un total de 8 militares.
Quienes también estaban bajo proceso, por el delito de desaparición forzada de personas, en el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y que salieron, alrededor de las 03:00 horas del 24 de enero de 2024, del Campo Militar 1-A, luego de que el día sábado 20 del mismo mes y año, Duarte Cedillo determinó que llevarían su proceso en libertad.
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Los militares liberados fueron Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz, integrantes de los Batallones 27 y 41 de Infantería, quienes se entregaron de manera voluntaria a las autoridades, tal como lo hicieron, cuando eran buscados por el delito de desaparición forzada de personas.
El 20 de enero de 2024, a juzgadora federal fijó a los ocho elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), el pago de una garantía de 50 mil pesos y ordenó su presentación ante la Unidad de Medidas Cautelares los días 1 y 16 de cada mes, así como la entrega del pasaporte y la prohibición de salir del país, acercarse al estado de Guerrero, además de convivir, acercarse o comunicarse con víctimas o testigos protegidos, siempre que no afecte el derecho de defensa.
El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó, el 23 de enero de 2024, la resolución del Poder Judicial de la Federación (PJF) y reveló que desde varias semanas atrás advirtió a la ministra presidenta de la SCJN, del riesgo de la absolución de los 8 militares por el delito de desaparición forzada de personas, por el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, mismos que obtuvieron su libertad condicional el día sábado 20 del mismo mes y año.
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El 22 de enero de 2024, el Gobierno Federal anunció que pediría a la Fiscalía General de la República (FGR) que, de ser posible, se solicitaran, al PJF, nuevas órdenes de aprehensión en contra contra 8 militares por el delito de desaparición forzada de personas, por el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
