Las 18 iniciativas constitucionales y dos legales enviadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión, no “atacan de raíz” los problemas estructurales de México, menos aún los resuelven y representan una regresión económica y democrática, advierte Roberto Valero, presidente del Centro de Estudios Económicos de Baja California.
En días pasados, López Obrador reconoció que la presentación de la veintena de iniciativas fue “porque vienen las elecciones y el pueblo va a decidir”. Admitió que la mayoría de sus propuestas no será aprobada por la LXV Legislatura. Escenario que evidenciaría a la oposición en la pretensión de influir en los comicios del 2 de junio.
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En opinión de Valero, la dilatación de la discusión de las iniciativas exhibirá que son una “patraña política”, ya que algunas fueron rechazadas por inconstitucionales y otras presionarán más las finanzas públicas.
Con estas iniciativas se pretende regresar al país a la “tenebrosa” década de 1970, en un contexto en que hay más incertidumbre política que económica, pues una preocupación de los empresarios es que se implementen “otro tipo de estrategias sucias, para tratar de ganar la elección a como dé lugar”. En el ámbito económico causa incertidumbre la inflación, que en enero volvió a acelerarse por tercer mes consecutivo, y el que no bajen las tasas de interés en los primeros tres meses del año.
“Los mexicanos no tienen memoria, ya se olvidó que llevó diez años salir de la crisis provocada por José López Portillo. No queda claro que el dinero del gobierno sale de los impuestos”, y que al no haber recursos suficientes para afrontar una mayor carga al erario se incurrirá en más deuda. “El país irá a otra crisis” de aprobarse algunas de las reformas planteadas por AMLO, subrayó el consultado.
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Entre las iniciativas en materia económicase encuentra la relativa a los salarios, que pretende reformar el Artículo 123 Constitucional para que los salarios mínimos generales o profesionales “nunca estén por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia”.
De igual forma, plantea que maestros del nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de las Fuerzas Armadas permanentes, así como médicos y enfermeros, percibirán un salario “que no podrá ser inferior al salario promedio” registrado en el Seguro Social (16 mil 777.68 pesos para 2024).
Para Valero, esta política enfrenta limitaciones, pues en el caso de los salarios mínimos generales, los beneficiarios directos representan apenas 1.5 de cada 10 trabajadores en el país, mientras el impacto en el resto de la población es indirecto o incluso nulo, al existir 55.1% de informalidad laboral.
Si bien, los bajos salarios son un problema toral, la política de sólo atender el aumento del salario mínimo ha ido en detrimento de aquellos de rangos salariales mayores. “En Baja California tenemos un millón 200 mil trabajadores que ganan hasta dos salarios mínimos, una cifra histórica”.
De aprobarse, se tendría que implantar balanceadamente para que los incrementos al salario mínimo tomen en cuenta -además de la inflación- factores como el crecimiento económico, la productividad, la evolución del salario medio y los costos de operación de los empleadores. De lo contrario, la reforma sería un incentivo para la informalidad o un obstáculo para el crecimiento y generación de empleos, al ejercer presión sobre los costos de los empleadores.
De igual forma, consideró que, para que las empresas paguen mejores salarios en beneficio de los trabajadores se requieren incentivos fiscales que generarán mayor recaudación de impuestos al gobierno.
Por otro lado, la iniciativa de pensiones plantea modificar el Artículo 123 Constitucional, para establecer que los trabajadores con 65 años que empezaron a cotizar el 1 de julio de 1997 en el Seguro Social y en el ISSSTE, tendrán derecho a que su pensión de retiro por vejez “sea igual a su último salario hasta por un monto equivalente al salario promedio” registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Asimismo, reduce de 68 a 65 años la edad a partir de la cual la población tiene derecho a exigir al Estado mexicano una pensión no contributiva, es decir, financiada por el erario; y propone crear un Fondo de Pensiones para el Bienestar, el cual se constituirá con recursos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, la venta de inmuebles sin construcción de Fonatur, la liquidación de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; el adeudo de los estados al ISSSTE y el SAT, así como el dinero de los trabajadores en el IMSS y en la subcuenta de Vivienda tras cumplirse 10 años de ser exigible.
Como recursos complementarios del Fondo de Pensiones, propone el dinero de los fideicomisos del Poder Judicial “una vez que se concluyan los procedimientos legales en curso” y los fondos de la eliminación de los organismos autónomos, reguladores y descentralizados como el INAI, Coneval, IFT, CRE, Cofece y CNH.
Valero observó que la iniciativa presidencial contraviene el objetivo principal del sistema de ahorro para el retiro vigente, que fue garantizar la sostenibilidad fiscal del país y va en contrasentido con lo que está ocurriendo en el mundo, buscando retrasar la edad de retiro ante el envejecimiento de la población.
De ser aprobada, la reforma responsabilizará al Estado mexicano de un pasivo que irá incrementándose a medida que aumente la población de 65 años y más en el país, la cual pasará de 11.4 millones en 2024, a 24.9 millones en 2050.
“Este compromiso financiero se adquiriría en un momento en que las pensiones ya constituyen una parte significativa y creciente del gasto público (22% del total, incluyendo las pensiones para el Bienestar de adultos mayores), por lo que un incremento adicional limitaría aún más la capacidad del Estado para proveer bienes y servicios, en detrimento de distintos sectores de la población y de la competitividad del país”, observó.
Mientras que la desaparición de los organismos autónomos (pretensión reiterada en la propia iniciativa de simplificación administrativa) busca “mayor concentración de poder y menos rendición de cuentas”. Las funciones de estos no son fácilmente transferibles a otras instituciones, al requerir especialización técnica y garantía de gestión independiente, dado el carácter regulador que varios tienen. Roberto Valero expuso que la reforma es “un atentado contra los avances democráticos que ha tenido el país en la era moderna”, la eliminación de los cargos plurinominales reafirma el poder del grupo dominante electoralmente y deja a partidos con menos representación sin voz. En su diseño, dijo, los plurinominales sirven para evitar que una mayoría pueda tomar decisiones sin considerar a una minoría.
