Tras la resolución de un día antes, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) -que declaró inconstitucional la reforma aprobada en marzo 2021, por el Congreso de la Unión, a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), impulsada por el Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sobre las compañías privadas-, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, anunció, 1 de febrero de 2024, que solicitarían un juicio político en contra del ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán, quien ante el empate en la votación, emitió un sufragio ponderado.
Durante una conferencia de prensa, el diputado federal Juan Ramiro Robledo Ruiz, también presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro, detalló que también adelantarían una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley de Amparo, para eliminar la figura del voto ponderado, ya que ningún ministro debería pesar más que otro.
Asimismo, Robledo Ruiz acusó a los ministros del máximo tribunal constitucional, de haber violado la Ley Orgánica del Poder Judicial, al haber hecho uso del voto ponderado, durante la votación de la inconstitucionalidad de la reforma a la LIE.
El diputado federal de Morena señaló que, según dicho ordenamiento, antes de recurrir a ello, debieron de llamar a otro ministro, para que intentara, con otro proyecto, conciliar los dos argumentos contradictorios y sólo si continuara el empate, el presidente de la Segunda Sala de la SCJN, podría ejercer su voto de calidad.
El presidente de la Comisión de Puntos de Constitucionales de San Lázaro indicó que para su bancada, dicha violación a la ley implicaba una responsabilidad administrativa y política, según el Artículo 110 constitucional, que establece que incurre en ellas, los ministros y otras autoridades que violen la Constitución y las leyes federales.
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El diputado federal de Morena aseguró, además, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recibió de nuevo una ley que ya había sido analizada y que no logró las dos terceras partes, para ser declarada inconstitucional.
Por su parte, Aleida Alavez Ruiz, vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, acusó a la SCJN, de defender los negocios generados a partir de la reforma impulsada por el ex presidente Enrique Peña Nieto y que privatizó la generación de electricidad en el país.
La diputada federal de Morena insistió que, ante ello, su bancada en San Lázaro solicitaría juicio político en contra de Pérez Dayán, por no haber asumido los procedimientos internos para la deliberación de la reforma eléctrica.
Alavez Ruiz agregó que también acelerarían las reformas a la Ley Orgánica y a la Ley de Amparo, para eliminar la figura del voto ponderado, que, según afirmó, “tramposamente” se había utilizado.
“Que ahora estén resolviendo así en la Corte solamente acredita dos cosas. Primero, el hacer un juicio político contra este Ministro por no haber asumido los procedimientos internos para la deliberación de un tema como este, y el que como Poder Legislativo hagamos las reformas necesarias en la Ley de Amparo para quitar en este precepto, el 56 de la Ley de Amparo, para que nunca más haya un voto de calidad con empate”, advirtió la vicecoordinadora de los legisladores de Morena en la Cámara baja del Congreso de la Unión.
Asimismo, Alavez Ruiz sostuvo que la coalición oficialista, conformada por Morena, así como los partidos del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista Mexicano (PVEM), contaba con los votos necesarios para sacar adelante la reforma, debido a que no era constitucional.
Mientras que Moisés Ignacio Mier Velazco, coordinador del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro, dijo que habían sido recurrentes las ocasiones en las que la SCJN había revocado las leyes y decretos aprobados por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante amparos, lo que violentaba la autonomía del Poder Judicial de la Federación (PJF).
“Ayer incurrió en una violación de su propia ley y eso, además de incurrir en responsabilidades, pone de manifiesto una actuación, por decir lo menos, sectaria, con premeditación en contra de una ley que fue aprobada acá, en Cámara de Diputados”, expresó el político poblano.
El proceso de responsabilidades administrativas estaría acompañado de reformas para acotar a la SCJN y los mecanismos de emisión de sentencias, debido a que “es momento de que el Poder Legislativo tome cartas“, advirtió el diputado federal Leonel Godoy Rangel.
La denuncia de juicio político contra Pérez Dayán sería interpuesta por “ataques al orden republicano y democrático”, previsto en la Ley Reglamentaria del artículo 110 de la Constitución, según destacó el legislador federal Hamlet García Almaguer.
