Son tantos los colectivos de personas buscadoras de desaparecidos en México que hasta en los grupos más conocidos mediáticamente se ignora el número de casos y de víctimas -de entre sus propios miembros- que han sufrido agresiones como amenazas, privación ilegal de la libertad y hasta homicidio doloso relacionados o no, con su labor desarrollada en la búsqueda de sus familiares que un día salieron de casa o fueron levantados violentamente y no han dado con su paradero.
De acuerdo con un recuento de ZETA, son por lo menos diez las personas buscadoras que entre 2021 y el año en curso han sido asesinadas o fueron sustraídas violentamente por personas armadas y no han aparecido. Lamentablemente ocho están en la cuenta de los homicidios, el más reciente de ellos en Tecate, Baja California, en la persona de Angelita Almeraz León, presidenta del colectivo Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos en el fronterizo Pueblo Mágico.
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Y aunque en el caso de Angelita, ejecutada el mediodía del 8 de febrero reciente al interior de su salón de belleza, en la colonia Loma Alta del referido municipio, se aseguraba desde la Presidencia de la República que ya se tenía identificado al homicida, la realidad es que no existe una línea sólida de investigación hasta el momento y, como la mayoría de este tipo de crímenes, permanece en la más abominable impunidad. De los diez casos de extrema violencia, sólo en uno de ellos hubo una persona detenida, a pesar de los clásicos discursos de autoridades locales y federales en el sentido de que se hará justicia.
Ceci Patricia Flores Armenta, que encabeza a las Madres Buscadoras de Sonora, lamenta que no se cuente con una estadística de las agresiones a las personas que, como ella, se dedican a buscar a sus hijos, padres o hermanos desaparecidos.
“No tenemos ese dato porque no todas estas situaciones son reportadas. Seguimos viviendo la misma situación. Ya no sabemos ni en qué día, ni en qué mes, ni en qué año, nada, porque lamentablemente, conforme pasa el tiempo, nos damos cuenta de que la impunidad sigue creciendo, la impunidad con la que tratan el tema de los desaparecidos y más de las madres buscadoras, porque en el caso de nuestra compañera Lorenza Cano, ya se cerró la carpeta de investigación, ya no se escucha a los colectivos hablar del tema; y de la compañera Angelita, estamos por el mismo estilo, porque ya ni siquiera los medios de comunicación han dicho nada, tampoco los colectivos. Entonces pensamos, Dios guarde, nos ocurra algo y va a pasar lo mismo”, señaló Ceci Flores, quien advierte que las principales trabas para investigar, buscar y localizar a sus desaparecidos están en la insensibilidad, la apatía, la burocracia y finalmente la impunidad, todas por parte de las autoridades.
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Héctor Flores, del Colectivo Luz de Esperanza, tampoco conoce la cantidad de personas buscadoras que son revictimizadas a través de su muerte o de su propia desaparición:
“No tengo el recuento, pero no son contados los casos, son bastantes. Sin embargo, pareciera como si fuera el primer año que pasa esto, cuando cada año es lo mismo. El año pasado, si mal no recuerdo, fueron unas tres personas buscadoras asesinadas y/o desaparecidas de entre los grupos que nos dedicamos a buscar a nuestros hijos y familiares.
“Que eso es lo que se denuncia y se sabe, incluso, gracias a los medios de comunicación, pero quedan muchos casos impunes, porque no sólo son los homicidios, sino las agresiones que se viven día a día, que muchas no son documentadas dentro de los diversos colectivos, ya sea en búsqueda o fuera de la búsqueda. En el colectivo hemos tenido varios percances que no sólo se dan en búsquedas, sino cuando la familia o las víctimas van de su casa al trabajo y viceversa, de la búsqueda a su domicilio, de la oficina de gobierno a su casa, cuando llegan en la noche. Entonces, desgraciadamente hay muchos casos que no son documentados, que pudieran, esperemos que no, terminar en una agresión mayor”, agregó don Héctor.
2022, AÑO DE TERROR
A través de las fiscalías, la Comisión Nación de Búsqueda y las comisiones locales, las autoridades son las responsables de investigar, buscar y localizar a las personas denunciadas como desaparecidas; sin embargo, en la realidad estos colectivos integrados por familiares le hacen su labor al gobierno, con los riesgos que ello entraña. Han localizado fosas clandestinas, restos humanos y hasta crematorios clandestinos, y, sobre todo, han seguido pistas para dar con los sospechosos de la ausencia de sus seres queridos, denunciado y visibilizado la impunidad que impera en sus casos. Incluso han solicitado públicamente a los criminales les regresen a sus hijos, padres, hermanos y esposos.
Así le costó la vida a Aranza Ramos Gurrola, de 28 años, integrante del colectivo Guerreras Buscadoras de Sonora, asesinada a las 23:00 horas del jueves 15 de julio de 2021 en el Ejido de Ortiz en el Valle de Guaymas, en Sonora. En su última publicación en redes sociales, la joven pidió a la comunidad compartir la imagen de su esposo Brayan Omar Celaya Alvarado, desaparecido el 6 de diciembre de 2020, y ponerlo en sus oraciones. La súplica fue acallada horas después, cuando sujetos armados irrumpieron en su domicilio y la mataron a balazos.
En 2022 fueron victimadas cinco mujeres activistas relacionadas con las desapariciones y feminicidios. El 27 de enero, en el centro de Temixco, Morelos, cerca de la alcaldía fue privada de la vida Ana Luisa Garduño Juárez, de 51 años, quien se dedicaba a apoyar a madres de personas desaparecidas o víctimas de feminicidio desde que su hija Ana Karen fue asesinada por su novio el 12 de diciembre de 2012. Garduño se sostenía económicamente como dueña del bar Apolo XI, donde la noche del crimen fue atacada a balazos por uno de los clientes. A la fecha el caso sigue sin resolver.
La violencia se presentó nuevamente en Sonora, en el municipio de Cajeme, el 20 de julio, cuando fue encontrada sin vida Brenda Jazmín Beltrán Jaime, de 38 años, con huellas de violencia física, en una habitación del motel El Caminante. Un solitario sujeto salió del sitio con el pretexto de ir a una tienda de autoservicio a bordo de una camioneta tipo pick-up; personal de limpieza la encontró muerta sobre la cama. Brenda era integrante del colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme y buscaba a su hermano Luis Heraldo Beltrán Jaime, secuestrado en 2018.
Casi a la media noche del 30 de agosto, Rosario Lilián Rodríguez Barraza, de 44 años, fue privada de la libertad cuando arribaba a su domicilio en la colonia Palos Blancos, en el municipio de Elota, Sinaloa, después de regresar de una ceremonia por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Un grupo de sujetos armados la subió por la fuerza delante de uno de sus menores hijos. La madrugada del día 31 su cadáver fue localizado a dos kilómetros del poblado de la Cruz, a un costado de las vías del ferrocarril. Lilián pertenecía al colectivo Corazones sin Justicia y buscaba a su hijo Fernando Abixahu Ramírez Rodríguez desde 2019.
Poco más de dos meses después, la madrugada del 4 de octubre fue acribillada Blanca Esmeralda Gallardo, de 45 años. Buscaba a su hija desaparecida y estaba integrada al colectivo Voz de los Desaparecidos de Puebla. La mujer salía de casa para dirigirse a su trabajo y, cuando esperaba el autobús de personal sobre la lateral de la autopista México-Puebla, en las inmediaciones de la unidad habitacional Villa Frontera, fue atacada a tiros. Le acertaron diez balazos. Había señalado ante las autoridades a un presunto narcomenudista como el autor de la desaparición de su familiar, de 22 años, el 13 de enero de 2021.
Para cerrar ese fatídico 2022, el domingo 6 de noviembre en Abasolo, Guanajuato, fue victimada a balazos María Carmela Vázquez, de 46 años, integrante del colectivo Personas Desaparecidas en Pénjamo. Dos sujetos jóvenes con armas de fuego que viajaban en una motocicleta mataron a la activista en su domicilio de la calle Leandro Valle en la colonia Navarrete, para después escapar. Carmela era madre de Osmar Zúñiga Vázquez, de 21 años, desaparecido el 14 de junio del mismo año. El colectivo exigió a las autoridades esclarecer los hechos, brindar protección y acompañamiento a los buscadores.
2023 Y EL AÑO ACTUAL
En 2023 hubo menos muertes, pero muchos momentos de zozobra para quienes buscan a sus desaparecidos. Así se generó alarma la tarde del 16 de abril, cuando se reportó extraoficialmente la desaparición de Ceci Patricia Flores Armenta, la coordinadora de Madres Buscadoras de Sonora. Su hija Milagros dio a conocer que su mamá acudió a verificar un reporte a un lugar conocido como Aparecido en el municipio de Ahome, Sinaloa, en compañía de patrulleros de la Policía Estatal. Sin embargo, la familia de Ceci ya no tuvo noticias de su paradero y hasta el día siguiente cuando se conoció de su regreso, sin que trascendiera qué sucedió.
El 2 de mayo, hombres armados mataron a Teresa Magueyal Ramírez, de 66 años, cuando pedaleaba en su bicicleta sobre la calle Melchor Ocampo, frente a un jardín de niños en San Miguel Octopan, municipio de Celaya, Guanajuato. La mujer pertenecía al Colectivo Una Promesa por Cumplir, al cual se integró tras la desaparición de su hijo José Luis Apaseo Magueyal, de 34 años, visto por última vez el 6 de abril de 2020, en la misma comunidad. El crimen motivó que la Oficina en México del Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenara el crimen e hiciera un llamado urgente a las autoridades mexicanas para brindar medidas de atención y protección integral urgentes a la familia de Magueyal y su colectivo. Presuntamente hubo un detenido.
En una emboscada registrada la noche del 11 de julio en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, murieron cuatro policías y dos civiles al estallar minas explosivas terrestres, suceso que fue capitalizado por las autoridades estatales para culpar de lo ocurrido a activistas de personas desaparecidas, pues un reporte anónimo recibido por una de ellas llevó a uniformados y policías de investigación al sitio. El gobernador Enrique Alfaro Ramírez advirtió que se suspenderían las búsquedas derivadas de la recepción de ese tipo de llamados sin identificación, medida que desató inconformidad entre familiares de desaparecidos.
El 17 de julio, el colectivo Unidos por los Desaparecidos de León anunció a través de sus diversas cuentas en redes sociales de la desaparición de Catalina Vargas, de 60 años, vista por última vez en esa municipalidad de Guanajuato. De acuerdo con información de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, dependiente de la Secretaría de Gobierno guanajuatense, la última vez que se conoció del paradero de Catalina fue después de las 14:00 horas de esa fecha. La mujer buscaba a su hijo Luis Antonio Rodríguez Vargas, de 30 años, desaparecido el 1 de enero de 2020 en León.
En Jalisco se registraron dos incidentes más: uno de ellos la noche del 30 de julio, cuando Nadia Araceli Castañeda Plascencia, miembro del colectivo Luz de Esperanza, fue detenida por la Policía Municipal de Tlaquepaque porque supuestamente le dio un manotazo a la directora del Centro Histórico que ordenó retirar las cédulas de búsqueda que activistas habían pegado en el mobiliario urbano. Al día siguiente, Nadia fue liberada.
El 7 de agosto, un grupo de Madres Buscadoras de Jalisco que buscaba una osamenta reportada en el Bosque La Primavera, municipio de Zapopan, se extravió y hubo necesidad de que policías les rescataran, sin que se reportaran personas lesionadas.
El mismo colectivo de Madres Buscadoras de Jalisco denunció que miembros del grupo fueron emboscados cuando realizaban labores de campo en un predio en Ocotlán, cuando apoyaban la búsqueda de los cinco hijos desaparecidos de la señora Guadalupe Camarena. Sujetos armados se plantaron frente a las activistas y mediante amenazas les dieron 30 minutos para abandonar la zona so pena de causarles algún daño. Desde luego que obedecieron y denunciaron públicamente el hecho.
Este 2024, el 15 de enero inició con una nueva tragedia para la familia de Lorenza Cano Flores, de 55 años, quien buscaba a su hermano José Francisco Cano Flores, desaparecido desde el 17 de agosto de 2018. Un comando armado arribó después de las diez de la noche al domicilio de la integrante del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos en la calle Abedul de la colonia Ampliación El Cerrito para asesinar a su esposo y a su hijo, y después privarla de la libertad para llevársela a bordo de un automotor. La mujer, de la que no se sabe nada hasta la fecha y su marido, residían en Estados Unidos y se hallaban de visita para conocer cómo iba el caso de José Francisco.
El caso más reciente, es el ya referido asesinato a mansalva de la activista Angelita Almeraz León, presidenta del colectivo Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos en Tecate, Baja California, perpetrado al mediodía del 8 de febrero en su salón de belleza Aela León en Calle Arturo Guerra, Colonia Loma Alta de Tecate. Un asesino solitario ingresó al local para matarla a balazos y huir. Angelita estaba dedicada a la búsqueda de su hermano, José Juan Vázquez León, desaparecido desde el 27 de junio de 2018.
Sobre el crimen, la fiscal general de baja California, María Elena Andrade Ramírez, descartó que la ex pareja sentimental de la víctima esté relacionada y ya se agotan otras líneas de investigación.
“La seguridad pública no está garantizada tanto por el gobierno federal, como por el estatal y los municipales para nadie. Este abandono por parte de las autoridades para acompañar a los colectivos y a las colectivas, a los defensores de derechos humanos, a los reporteros, como también hemos visto, incluso que pertenecemos al Mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación y siempre estamos en pugna de la autoridad por la falta de este acompañamiento, la falta de esta garantía de seguridad”, expuso a ZETA Héctor Flores, del colectivo Luz de Esperanza.
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“Siempre estamos buscando diversos caminos y herramientas, como es el juicio de amparo, reclamando las mismas medidas de protección, pero lamentablemente en todo el país vivimos una inseguridad terrible, un acoso no sólo del crimen organizado, sino del mismo gobierno, e incluso me atrevería a decir que las principales amenazas son por parte de las autoridades tanto federales como estatales, como en su caso, municipales, porque son a las que les causa mayor malestar que nosotros, los colectivos, los defensores de derechos humanos, etcétera, más que nada estemos exhibiendo esa falta de actuación del gobierno y eso ha causado las molestias. No es ninguna molestia: corresponde al gobierno investigar, buscar y localizar, pero muchas veces el gobierno trata de silenciarnos de una o de otra manera”, finalizó el activista que también busca a su hijo, Héctor Daniel Flores Fernández, de 19 años, levantado con violencia el 18 de mayo de 2021 en Guadalajara.
INCIDENTES DE BUSCADORES DE PERSONAS DESAPARECIDAS
